Víctor Tricot Salomón / Latinoamérica21
La Convención Constitucional solicitó formalmente una prórroga para poder trabajar durante tres meses más en el borrador del texto constitucional. Esto no sorprendió a nadie; ya desde los planes iniciales de trabajo dicha petición entraba en cualquier cálculo. Lo que sí fue más sorprendente fue que el pleno de la Convención aprobó por 115 votos a favor, es decir, el 75%, y 34 en contra, es decir, el 25%, que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado” (extracto del artículo 4 sobre el sistema político, Gobierno, Poder Legislativo y sistema electoral).
Además, en la misma sesión se aprobó que “los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales” (extracto del artículo 5 sobre el sistema político, gobierno, Poder Legislativo y sistema electoral).
Dicho reconocimiento no es baladí. Viene a dar cuenta de décadas de lucha de parte de organizaciones indígenas que desde distintos ámbitos han bregado por visibilizar la situación de desprotección y subordinación en la que se encuentran. Este reconocimiento formal de la plurinacionalidad del Estado vendría a ser un golpe directo a aquel colonialismo interno que tan claramente graficó Pablo González Casanova hace unas décadas para describir la situación de los pueblos indígenas del continente.
Ya desde su conformación, la Convención Constitucional representó un cambio cualitativo en cuanto a la forma de representación política del país, instituyendo que debía ser paritaria, es decir, que debía tener la misma cantidad de hombres y mujeres, y que debían existir escaños reservados para pueblos indígenas.
Independientemente de lo tardía de la ratificación de los curules reservados o que estos no representan necesariamente el porcentaje de la población indígena censada en el país, lo cierto es que 17 representantes indígenas de todos los pueblos fueron electos para representar de forma directa a su población, siendo incluso una de ellas la representante mapuche Elisa Loncon, electa presidenta de la Convención Constitucional.
Dicha situación es diametralmente opuesta a toda la historia republicana de Chile, donde, solo en contadas ocasiones, representantes de los pueblos indígenas pudieron llegar a puestos tanto designados como electos de relevancia, pues siempre fueron relegados a un papel secundario, por lo que ello fue una clara muestra de una relación asimétrica en la que la inclusión de sus demandas, necesidades o cosmovisiones no forman parte del Estado-nación chileno.
Aún queda camino por recorrer y el proceso constitucional no ha finalizado. La plurinacionalidad, luego de ser aprobada en comisión, pasó al pleno y se aprobó. Ello le permite a este articulado pasar a ser parte integral del borrador que será presentado ante el país para su aprobación en lo que se conoce como el plebiscito de salida, que debe hacerse aproximadamente 60 días después de haberse acabado el texto final.
El consenso en la Constituyente con respecto a este nuevo paradigma fue bastante amplio y logró superar con claridad los dos tercios exigidos como mínimo para que el pleno apruebe cualquier artículo. Sin embargo, las críticas desde las fuerzas conservadoras ―tanto dentro como fuera de la Convención― no han disminuido. Con argumentaciones muchas veces plagadas de falsedades, pretenden influir, ya no para eliminar este tipo de artículos del borrador, sino para que se rechace el texto en el plebiscito de salida.
De forma sencilla, el derrotero de las estrategias de la derecha conservadora se ha caracterizado por, entre otras cosas, negarse a la conformación de la Convención (votar en contra en el plebiscito que dio pie al proceso); defender a rajatabla el quórum de 2/3 porque había sido aprobado en la elección; llevar a cabo un trabajo disruptivo de sus convencionales electos; usar la falacia como táctica política; plantear mediáticamente que la Convención está hegemonizada por la izquierda, pero sin dejar lugar al disentimiento; asegurar que el quórum de 2/3 es demasiado bajo; plantear la posibilidad de agregar una nueva alternativa en el plebiscito de salida, alterando, con ello, lo acordado y aprobado electoralmente.
Cuando se busca criticar la plurinacionalidad se suele hacer con argumentos que se basan en falacias, ignorancia o en ambas. La participación de representantes indígenas y la aprobación de distintos articulados que consagran sus derechos colectivos como pueblo han llevado a plantear que se estaría escribiendo un texto constitucional para parte de una minoría o que esta nueva carta magna será una de tipo indigenista, más allá de la ignorancia supina que implica utilizar como argumento un concepto que remite a aquella corriente presente en la América Latina del siglo XX, en la que los Estados se hacían cargo de los indígenas pero sin ellos.
Lo cierto es que el reconocimiento de plurinacionalidad del Estado de Chile va precisamente en la dirección contraria. Este deja de lado los paternalismos y la relación colonial que ha establecido el Estado de Chile con los pueblos indígenas, y elabora, en conjunto, una nueva Constitución que se haga cargo de lo anterior. Se trata de una Constitución en la que el Estado no hace un favor al reconocer a las instituciones o pueblos indígenas, sino que estas hacen parte integral de él, por lo que las diferentes instituciones del país se deben adaptar a este nuevo paradigma.
Otra de las recurrentes acusaciones que se han hecho como parte del debate convencional con respecto a la plurinacionalidad y la autonomía de los pueblos indígenas es que lo que se pretende es dividir al país, crear un Estado paralelo o directamente la secesión. Sin embargo, este nuevo Estado pretende ser una contrapartida al Estado-nación decimonónico chileno, construcción teórica y empírica en la que únicamente se imagina la posibilidad de un Estado y una nación, siendo, en este caso, los pueblos indígenas una serie de naciones cuyas culturas, idiomas, cosmovisiones, historias y subjetividades están dominadas e invisibilizadas o, en el mejor de los casos, folklorizadas.
En otras palabras, lo que se pretende es una comunidad imaginada, donde todos estén presentes con sus diferencias y autonomía, pero tal como señaló la convencional Rosa Catrileo durante el debate en la Convención: “Dentro de los márgenes del Estado”.
Por otro lado, a estas alturas resulta innegable que la revuelta social de 2019 remeció los cimientos de la anquilosada política chilena. Pese a errores propios y estertores conservadores, el trabajo de la Convención Constitucional sigue en un sentido similar, agenciando en el borrador del texto constitucional ciertos cambios sustantivos como la paridad y perspectiva de género, la protección del medio ambiente y, por cierto, la plurinacionalidad.
Esto último, probablemente no sea una solución mágica a todos los problemas o conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas. Empero, puede representar un inicio para solventar la endémica prosopagnosia del país, donde solíamos mirarnos al espejo y reconocer ascendencia europea, mientras, consciente o inconscientemente, olvidábamos nuestra raíz indígena.
Queda por verse cómo se materializará la plurinacionalidad, toda vez que la libre determinación y lo que señalan ambos artículos debe concretarse, y ello encontrará resistencia dentro del mismo Estado uninacional y unicultural que ha dominado por dos siglos.
Víctor Tricot Salomón es politólogo y profesor externo en la Universidad de Girona (España). Director académico del SIT Study Abroad. Doctor en procesos políticos contemporáneos, por la Universidad de Salamanca. Especialista en movimientos sociales, pueblos y movimientos indígenas en América Latina.
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