A pesar de la profunda crisis económica y las sanciones impuestas a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir. Una pieza clave de esta resistencia se encuentra en la relación financiera entre Chevron y Pdvsa. A través de una serie de acuerdos que permiten que los recursos petroleros continúen fluyendo, esta relación pone de relieve un dilema ético sobre el papel de las corporaciones multinacionales en contextos autoritarios.
En 2013, Chevron otorgó un préstamo de 2.000 millones de dólares a Petroboscán, una filial de Pdvsa, estructurado mediante un fideicomiso que garantizaba el pago de la deuda con ingresos derivados de las exportaciones de petróleo tipo Boscán. Estos ingresos fueron canalizados hacia una cuenta fiduciaria en un banco en un paraíso fiscal y luego de cancelar el capital e intereses del préstamo, el monto resultante fue transferido a la cuenta en dólares de la empresa mixta en el banco comercial venezolano que posteriormente cancelaba impuestos, regalías al Estado y dividendos a los socios. Lo que ha permitido que el régimen de Maduro mantenga el ingreso de dólares, y en consecuencia un cierto nivel de estabilidad financiera.
A pesar de las sanciones internacionales, las licencias del Tesoro de Estados Unidos con esta estructura financiera proporcionan a Maduro acceso a fondos que han contribuido a su permanencia en el poder.
Un aspecto fundamental de este acuerdo es que Chevron estructuró el préstamo a través de los Países Bajos, lo que le permitió obtener ventajas fiscales y operar dentro de los límites legales. Sin embargo, la ética de estas decisiones es cuestionable, pues las multinacionales no solo persiguen sus intereses financieros, sino que, en este caso, contribuyen a sostener un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad y de prácticas de terrorismo de Estado según la CIDH.
La crisis humanitaria en Venezuela es innegable, y este acuerdo pone en tela de juicio la efectividad de las sanciones internacionales. ¿Es Chevron cómplice indirecto de la crisis?
El impacto de este tipo de acuerdos también se refleja en las sanciones impuestas por Estados Unidos y su aparente ineficacia. La emisión de la General License 41 (GL41) por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2022 autorizó a Chevron a reanudar operaciones limitadas en Venezuela. El objetivo declarado de esta licencia era promover la restauración de la democracia y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, pero los resultados han sido escasos. En lugar de facilitar la transición democrática, el régimen ha intensificado su control y represión, lo que subraya la pregunta central: ¿están las sanciones verdaderamente minando el poder de Maduro?
La falta de transparencia en las actividades de Chevron en Venezuela, exacerbada por la Ley Antibloqueo de 2021, agrava la situación. Esta ley permite que las empresas firmen contratos confidenciales, lo que dificulta el escrutinio público y reduce la rendición de cuentas. En un país donde la corrupción es endémica, este nivel de secretismo plantea preocupaciones sobre la legalidad y la moralidad de los acuerdos firmados.
La Misión Internacional Independiente de la ONU ha señalado cómo la corrupción está intrínsecamente vinculada a las violaciones de derechos humanos en el país, lo que refuerza la crítica hacia Chevron.
A medida que el régimen de Maduro busca consolidarse después del golpe de Estado a la soberanía popular del 28 de julio, crecen los llamados a revocar la GL41. Sus objetivos originales, la democratización y la mejora de los derechos humanos, no se han cumplido.
Reflexionamos entonces sobre el papel de las corporaciones multinacionales que operan en regímenes autoritarios. Chevron, al igual que otras empresas, enfrenta un dilema moral: ¿es ético seguir operando en un país donde su participación puede estar indirectamente sosteniendo un régimen represivo?
Más allá de los beneficios fiscales y legales, la responsabilidad de las multinacionales debe ser también ética y moral, cumpliendo con los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
La solución viable parece ser que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revoque la GL41. El régimen de Maduro ha demostrado que no está dispuesto a avanzar hacia la democratización ni a mejorar las condiciones humanitarias. El futuro de Venezuela no puede estar atado a los intereses financieros de corporaciones que, al perseguir sus objetivos económicos, contribuyen a la prolongación del sufrimiento de millones de venezolanos.
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