A propósito del respetuoso debate tuitero, con altibajos, que hace poco sostuvieran mis estimados Mario Villegas y Andrés Caleca, me he propuesto pergeñar algunas ideas y emitir algunos conceptos, recurrentes los más de ellos, sobre algunos procesos electorales, en este caso con relación directa a las pretendidas “elecciones parlamentarias” del próximo 6 de diciembre, que para mí, lo reitero sin reserva alguna, constituyen otro fraude electoral, similar o peor a la farsa o simulacro del pasado 20 de mayo de 2018.
Con ese ánimo escribo, y no el del réferi de discusiones entre quienes tienen sus propias opiniones, coincidentes unas, divergentes otras. Y al propio tiempo sus individuales formas de defenderse, si fuere necesario.
Conviene describir todos los actos contra Carlos Andrés Pérez, desde el llamado Caracazo, su condena y el ascenso del golpista como conspiración. CAP había ganado en 1988 y asumido en 1989. En este año ocurrió el nada espontáneo y aludido Caracazo.
CAP descabezó las dos intentonas militares de 1992, se impuso como el presidente demócrata que fue, recibiendo el respaldo de muchos países y líderes mundiales, aun, hasta Fidel Castro lo llamó para expresarle su apoyo. ¡Curioso!
El 8 de noviembre de 1992, el malo José Vicente Rangel denunció la malversación de 250 MM de bolívares de la Partida Secreta del Ministerio del Interior. El fiscal general, entonces Ramón Escovar Salom, inició el antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1993, la sumisa corte suprema de justicia (minúsculas motu proprio) lo declaró con lugar.
Para sacar a CAP del poder, la conjura contó con la extinta csj, cómplice hasta las vísceras. Aunque algunos filibusteros le soplaban al presidente desconocer las instituciones, este aceptó ser enjuiciado y sometido a la patraña. El líder demócrata acató el fallo de aquella despreciable corte, en su mayoría comprometida hasta los tuétanos en la conspiración.
Caldera II sobreseyó al golpista y su combo, quien nunca fue a juicio, dizque “por no confiar en la justicia”. De allí que no fuera sentenciado. Contra el mediocre milico golpista no hubo indulto, no hubo juicio, no hubo condena. Todos hasta los tuétanos en la conspiración contra CAP.
El difunto golpista nunca fue indultado, pues nunca fue a juicio, ergo, nunca fue sentenciado. Caldera II lo sobreseyó. Caldera no podía inhabilitar al golpista Hugo Chávez y su combo, porque la Constitución de 1961 no lo permitía.
El sistema judicial de entonces ha debido juzgar a los golpistas e imponer la sanciones o penas correspondientes. No dejar que un criminal y su hatajo de conmilitones accedieran al poder, como si no hubieran roto un plato, matado a tanta gente y haber hecho tanto daño a la República y sus instituciones.
Al no estar sentenciado el golpista Chávez, haber sido sobreseído, y salir en libertad plena, adquiere sus derechos políticos y ciudadanos. De allí su candidatura y elección en 1998. Por eso resulta detestable la frase «por eso estamos como estamos». ¡NO!
Estamos así porque en 1998 la mayoría eligió al desquiciado milico golpista, ruin, mediocre y resentido y delirante, que en mala hora sembró esta pesadilla coloreada de un rojo siniestro y alarmante.
Por fallas graves de un poder judicial que no lo juzgó conforme a derecho, no lo procesó ni lo condenó.
Si bien el golpista tuvo su legitimidad de origen en 1998, no pasó mucho tiempo en caer en la ilegitimidad de ejercicio. Son muchos los ejemplos de abusos y delitos del delirante de Barinas, pero ese es otro tema.
El 19 de enero de 1999 la extinta y cómplice csj, resolvió un recurso afirmando que sí era posible consultarle al pueblo, vía referendo, sobre convocar una asamblea constituyente, en franca violación de la Constitución Nacional de 1961. Y digo esto porque la Carta Magna de entonces estaba blindada en cuanto a sus enmiendas (ya había experimentado dos) y también en cuantos a sus posibles reformas.
Tanto así, que existía entonces (en receso) una Comisión de Reforma Constitucional que presidía el propio Rafael Caldera.
Dijo aquella sumisa csj: “Una asamblea nacional constituyente que elabore una nueva carta magna acorde con los nuevos tiempos que le toca vivir a la República”. Evidentemente, un grupete metido hasta las vísceras, de patas y hombros en la conspiración.
Insisto, CAP, que era un demócrata a carta cabal -a las pruebas me remito- aceptó el bodrio que dictó aquella csj, regalándole al muerto Chávez la constituyente para que se cogiera el poder. ¿O no?
Imposible olvidar a aquella inefable exmagistrada y su peregrina tesis de la “supraconstitucionalidad”. Allí tienen, pues, cojan su “supraconstitucionalidad”.
De allí el origen de estos lodos, esta vergüenza y este dolor que nos arropa en mala hora.
El próximo 30 de noviembre hogaño se cumplirán 68 años de otra chapuza electoral, del fraude perpetrado por el dictador militar, general Marcos Pérez Jiménez, apodado el Cochinito de Michelena, sátrapa por quien aún lloran algunas desvergonzadas viudas que no ocultan su devoción por un uniforme. Son los mismos que anhelan las charreteras de aquel sátrapa que tanto daño causó a Venezuela.
Entonces, en 1952, Venezuela enarboló la bandera de la dignidad, y en las urnas electorales derrotó el régimen oprobioso de la Junta Militar que jefaturaba el sátrapa de Táchira. Conviene recordarlo e informarlo a quienes ignoran el episodio y también para que el pueblo tenga en cuenta la conveniencia de la memoria.
La memoria es de los demócratas, del autócrata el olvido. La memoria es esa casa amoblada con todas sus cosas, donde al llegar el recuerdo nos da la bienvenida. Y no olvide que si usted no cultiva su memoria, vendrá otro a sembrar cuentos de rutas y caminos, de empanadas y conucos.
Ante el triunfo de la oposición, el general Pérez Jiménez, cuando supo de los votos amarillos que echaban por la borda su afán continuista, el FEI ordenó al Consejo Supremo Electoral alterar los votos.
Pero su presidente, el Dr. Vicente Grisanti, en una actitud digna y valiente, se negó rotundamente a aceptarla y otros miembros lo apoyaron y tuvieron que salir del país. ¡Cuánta dignidad y decoro!
Los errores no son convalidables, ni las fallas cometidas en el pasado (gravísimas muchas de ellas), pueden servir de argumentos para violar el ordenamiento jurídico, particularmente ahora cuando a troche y moche el régimen pretende imponer la realización de un proceso electoral plagado de vicios e irregularidades.
He sido recurrente en mi posición de apoyo y respaldo a la acción de amparo conjunto con recurso de nulidad, del acto que convoca a elecciones el próximo 6 de diciembre. Abundan las razones de hecho y de derecho, y para más INRI, razones de pandemia por el llamado covid-19.
Acción judicial a través de la cual, se pretende suspender el proceso para restablecer la Constitución, garantizar transparencia en condiciones técnicas mejores, libre ejercicio de los derechos políticos y observación internacional. No es capricho.
Se trata, incluso, quizá lo más importante, de recuperar la confianza en la institución del voto como mecanismo fundamental de la democracia.
Mis letras no persiguen erigirse en infalible análisis crítico-político; se refieren a la hora aciaga del país, a la acuciante situación que padecemos. Y si alguna intención han tenido estos trazos, no es otra que reconocer en el espíritu de los nombrados ab initio, el mérito de quien usa la palabra para levantar sus ideales, sin codos ni violencia, sin sembrar odio ni venganza; pero sí como bandera limpia y en alto.