¿Cesación de pagos en Colombia?

“El fantasma del default toca la puerta de Colombia, mientras el Congreso se prepara para debatir sobre el aumento del techo de la deuda”. Así titula un periódico francés el reciente episodio financiero colombiano a raíz del anuncio del presidente Gustavo Petro, a través de un trino de X, sobre una posible cesación de pagos de su deuda externa. Gustavo Petro no entiende aún la sabia conseja que reza que “los trapos sucios es mejor lavarlos en casa”. La reacción ante la expresión en las redes de la presidencia fue instantánea: el miércoles 29 los bonos y la moneda del país se desplomaron con la noticia.

La situación es esta: cuando finalizó el año 2023 la deuda externa de los colombianos representaba más de la mitad de su PIB o 51,5%. El saldo del endeudamiento era de 196.360 millones de dólares, 7% adicional a la deuda de inicio de 2023. De este porcentaje, 31,1% corresponde a la deuda pública y el restante, 24%, le pertenece al sector privado.

Y como en cualquier otro país, el devenir futuro de las finanzas y de la economía, el desarrollo del país y la estabilidad económica dependen de su capacidad para manejar el repago de sus compromisos financieros. Una quinta parte de ese monto corresponde a pasivos que deben ser asumidos en menos de un año, de donde la caja del gobierno se ve seriamente impactada.

Y es así como la actualidad en el Congreso cursa una solicitud del Ejecutivo para aumentar el cupo de endeudamiento habiendo ello ha destapado una gran diatriba nacional sobre la capacidad del país de manejarse con un techo más alto de nuevos endeudamientos. Desde la casa de Nariño se ha argumentado que el dinero adicional  se utilizaría “pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata de manera de no dejar caer la inversión pública”.

Son variadas las causas de esta carrera de endeudamiento que país debe enfrentar. Sin duda que ello tiene que ver con las elevadas tasas de interés de los últimos tiempos y una parte sustancial es atribuible a los nuevos compromisos que fue necesario enfrentar para paliar a los efectos de la pandemia.

Resulta simplista en extremo responsabilizar al gobierno de Iván Duque, como está queriendo hacer ver Gustavo Petro, de esta debilidad de las cuentas nacionales aunque sea cierto que durante el anterior gobierno se incrementó la deuda de corto plazo con el FMI, creció la deuda con Ecopetrol para subsidiar la gasolina así como con las electrificadoras y se asumieron nuevos compromisos con las concesionarias de carreteras.

Lo que no tiene sentido es culpabilizar a terceros de la situación deficitaria actual en lugar de asumir la disciplina fiscal que se requiere para ordenar las cuentas nacionales, cualquiera que sea el origen del descalabro. Y lo que es menos aconsejable es que la furia presidencial ante la posibilidad de que el Congreso no apruebe su solicitud antes del 20 de junio se exprese a través de la amenaza pública de un decreto de “emergencia económica”, si los legisladores no aprueban una ampliación del cupo de endeudamiento hasta el monto que su gobierno considera imprescindible- 17.600 millones de dólares- para continuar con su plan de Gobierno y los proyectos de inversión pública.

Las intemperancias presidenciales le cuestan caro a un país que está lejos de encontrarse ante una situación extrema. Colombia no ha conocido una situación de cesación de pagos en los últimos 90 años.