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En tres meses de gestión el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha dejado muy clara su pertenencia y dependencia al socialismo del siglo XXI o castrochavismo y la decisión de repetir el plan -ya aplicado en Bolivia- para destruir la “Nación Peruana” y suplantarla por un “Estado plurinacional”, realizar expropiaciones comenzando con la “nacionalización de Camisea” e institucionalizar un “narcoestado” a partir de la producción de cocaína.
Inestabilidad, incertidumbre, inseguridad y confusión parecen insuficientes para describir los tres primeros meses de Pedro Castillo como presidente de Perú, pero sirven para demostrar con absoluta claridad que el país está en manos del mismo grupo trasnacional que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. La intervención pública del castrochavismo es abierta con Evo Morales y los operadores del Foro de Sao Paolo desde antes del proceso electoral y es discreta pero no secreta desde las embajadas de Cuba y Venezuela.
La prueba plena de que el Perú está en manos del castrochavismo la da la más sólida de las políticas ejecutadas por Castillo, la política exterior, con la que ha pasado al respaldo pleno a las dictaduras del socialismo del siglo XXI y ha integrado al Perú al grupo de países que junto con México de López Obrador y Argentina de Fernández-Kirchner respaldan los regímenes violadores de derechos humanos, encubren la existencia de presos, torturados y exiliados políticos y apoyan que detenten el poder con terrorismo de Estado.
La técnica castrochavistra en la primera etapa de sus gobiernos es dividir la oposición y la opinión pública nacional e internacional entre los que confían en el gobierno y los que no. Hacer creer que el gobierno no es una amenaza, que será “controlable” hasta que venza su mandato y que se lo puede educar e incluso ayudar.
La formación del gobierno de Castillo con su gabinete cuestionado, las crisis y renuncias e inestabilidad que esto ha producido, deben ser vistos como mecanismos que están midiendo la consistencia de la opinión pública y de un parlamento en manos de una oposición fraccionada. Se trata de provocar para paralizar al Poder Legislativo o hasta que Castillo como presidente pueda usar la facultad constitucional de disolver el parlamento, evitando hasta tanto una mayoría que pueda declarar la vacancia presidencial.
El plan del castrochavismo para el Perú está confesado y es clarísimo, se trata de instalar el modelo impuesto en Bolivia. Castillo lo ha expresado sin lugar a dudas al plantear la “constituyente para establecer un Estado plurinacional”, anunciar confiscaciones y expropiaciones de industrias como el gas con el aviso de la “nacionalización de Camisea” y empezar la apertura a los cultivos ilegales de coca que son la base para el incremento de la producción de cocaína.
La instalación de un Estado plurinacional busca la “destrucción de la nación peruana” para reemplazarla por numerosas nacionalidades que permiten la división, la confrontación y la manipulación. Este modelo ha sido exitosamente ejecutado en Cuba. Bolivia y Venezuela, en el marco de la estrategia de multiplicación de los ejes de confrontación. En el caso peruano como en el boliviano se incentiva el indigenismo para fraccionar la base social.
Lo que denominan nacionalizaciones son confiscaciones o expropiaciones para pasar a control del gobierno industrias rentables que en el caso del Perú son el gas, eventualmente la pesquería y la minería. El resultado siempre ha sido la liquidación de la industria y más dependencia y pobreza para los pueblos. La dictadura de Cuba acabó la industria azucarera; la dictadura de Venezuela ha destruido la industria petrolera; la dictadura de Bolivia ha deshecho la explotación de gas.
Los regímenes del socialismo del siglo XXI son constructores de narcoestados porque usan el poder político y el gobierno para hacer, favorecer, proteger y de cualquier forma participar en el narcotráfico. Fidel Castro lo hizo teniendo como socios al colombiano Pablo Escobar y al boliviano Roberto Suarez y para tapar sus crímenes llegó al fusilamiento del general Ochoa. Hoy Venezuela es el eje del narcotráfico que articula la producción de cocaína de Bolivia, las FARC y ELN de Colombia. Bolivia con el cocalero Evo Morales ha legalizado cultivos de coca destinados a la cocaína, ha expulsado a la DEA y aumentado la producción de droga.
Perú es el segundo productor de coca en el mundo. El primero es Colombia y el tercero Bolivia. Con la “legalización de los cultivos en las cuencas cocaleras” ya propuesta, Perú podría ser el primero y con la repetición de los sistemas de “lucha soberana contra el narcotráfico” impuestos en Bolivia, será en breve otro narcoestado.
Artículo publicado en Infobae.com