Esta carta pública, señor Felipe, es producto de la enorme preocupación que siento por el rumbo que llevan, ahora mismo, los asuntos públicos en España. Están ocurriendo hechos, muy evidentes o de menor visibilidad, cuyo propósito no es otro que la destrucción de un modelo de vida basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades individuales, la separación de los poderes, el trabajo y la economía del mercado. Mi experiencia de lo ocurrido en Venezuela, cuyo resultado es la devastación de la sociedad venezolana, me estimula a decir: aunque las realidades históricas, culturales y materiales de los dos países son muy distintas, los procedimientos con los que se está destruyendo la estructuración y la convivencia en España son los mismos.
Una de las lecciones fundamentales y dolorosas del caso venezolano es que, durante muchos años, predominó una tendencia, la de evaluar aisladamente los contenidos y consecuencias de cada ataque. Aquel método tenía consecuencia: se minimizaba el impacto y la irradiación de lo que estaba ocurriendo. Se ponía foco en el árbol y no en el bosque. Se evitaba aceptar que las cosas iban por un camino de verdadero riesgo y deterioro.
Así, el proceso por el cual las fuerzas democráticas alcanzaron plena conciencia de lo que estaba ocurriendo fue lento e irregular. Aunque la destrucción comenzó en 1999, todavía en 2014 se discutía cuál era la naturaleza del régimen, cuando decenas de personas indefensas morían en las calles asesinadas por las balas del régimen.
Las fuerzas antidemocráticas gozan de una indiscutible ventaja, que es la de sumar al propósito de la destrucción, no solo a los portadores de algún malestar -legítimo o no-; no solo a separatistas y seguidores de corrientes neocomunistas; no solo a quienes han sido víctimas de algún abuso; también a resentidos de toda índole, a violentos, aprovechados y vinculados a prácticas ilícitas, y a todo un conjunto de personas interesadas en el socavamiento de los valores y el ejercicio de la responsabilidad que exige el disfrute de la libertad individual.
Contra el espíritu, que ha predominado por siglos, de tolerancia y aceptación de la diversidad lingüística y cultural, se están promoviendo a diario leyes, prácticas y acciones -algunas provenientes de instituciones o financiadas por ellas- de negación y exclusión del único vehículo universal de comunicación e intercambio con que cuenta España, la lengua española. Por cierto, lengua mayoritaria que comparten decenas de países en América Latina, al otro lado del Atlántico.
Contra las evidencias históricas y tras la incalculable sucesión de horrores que se registraron durante el siglo XX, el siglo de las guerras devastadoras, los genocidios, la persecución política, el arrasamiento de la población civil y los campos de concentración, hoy se promueve la polarización, el odio al que piensa distinto, la negación de la realidad y la proliferación de noticias falsas. No es una campaña, sino miles y miles que actúan desde innumerables flancos, de forma casi incontrolable, a menudo de forma anónima, que tienen como finalidad provocar el descrédito de las leyes y de las propias instituciones. Se ataca al conocimiento. Se distorsiona la realidad. Se exalta a terroristas y violentos. Se pone en cuestionamiento a los organismos responsables por la seguridad de los ciudadanos -FCSE-.
El intento de lograr el control político y militante del Poder Judicial, el intento de hacer de los jueces una estructura que responda exclusivamente a los intereses de la coalición que controla el gobierno, y que ha sido derrotado en lo inmediato, es quizás el más revelador de los movimientos hechos para debilitar el principio clave del sistema democrático, el de separación de los poderes. Con el control del Poder Judicial, Chávez y Maduro destruyeron a Venezuela. Con el control del Poder Judicial, Rosario Murillo y Daniel Ortega han consolidado su dictadura en Nicaragua. Con el control total y descarado del Poder Judicial, Cuba se encamina a 62 años de dominio totalitario de la sociedad.
España, por fortuna, cuenta todavía con dos fuerzas sustantivas para defender la democracia y la vida en libertad. Una, el deseo de una parte considerable de la sociedad española de mantener el estatuto de sociedad plural que se conquistó con la Constitución de 1978. La otra, el carácter vertebrador que tiene la Monarquía, que es valorada por historiadores y expertos, y reconocida por numerosos estudios de opinión, como la entidad con la mayor solvencia para garantizar en lo institucional, lo simbólico y lo político, la irrenunciable unidad de la nación española.
Frente a todo aquello que la asedia y la amenaza, la Monarquía tiene la tarea de persistir y continuar propagando los mensajes de unidad, consenso y esperanza que han sido sus causas en los últimos tiempos.
Me despido, deseando que los peligros que hoy acechan a España puedan ser superados en beneficio de todos los ciudadanos y que las experiencias de nuestros países latinoamericanos sirvan de aprendizaje en estos momentos tan difíciles.