La salida del poder de Carlos Andrés Pérez, después de su primer gobierno, fue traumática: la derrota electoral de Acción Democrática, el inmediato ataque en su contra del nuevo presidente Luis Herrera Campíns al afirmar que recibía una Venezuela hipotecada, la acusación ante el Congreso Nacional por supuestos hechos de corrupción en la compra del barco refrigerado “Sierra Nevada” y la pérdida total del control de su partido comprometieron seriamente su liderazgo. Herrera Campíns, candidato por el partido socialcristiano Copei, triunfó con 46,64% de la votación y su más cercano contendor, Luis Piñerúa Ordaz, candidato de Acción Democrática, obtuvo 43,31%, confirmando la vigencia del bipartidismo imperante durante esos años. La derrota de Acción Democrática se debió, en parte, al poco carisma de su candidato, quien no logró impactar suficientemente a la opinión pública, además de haber sido sometido a inclementes e injustificados ataques. Carlos Andrés Pérez hizo consistentes esfuerzos, desde el gobierno, para fortalecer su candidatura, pero no lo logró. Para colmo, a raíz de la derrota electoral, se creó en Acción Democrática una matriz de opinión que señalaba al propio Pérez como responsable de la pérdida del poder.
A pesar de todas las adversidades, Carlos Andrés Pérez mantuvo elevados índices de popularidad al salir de la presidencia de la República. Esta realidad condujo a distintos factores políticos a iniciar, en su contra, una fuerte campaña destinada a debilitar su ascendiente popular. La impactante frase de Luis Herrera, “recibo una Venezuela hipotecada”, sostenida durante el acto de juramentación como presidente de la República, fue, sin lugar a dudas, una exageración. El ministro de Hacienda saliente, Luis José Silva Luongo, señaló: “El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 1978 ascendió a 49.009 millones de bolívares…Para poder determinar el monto total de la deuda contraída durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez hay que reducir 8.434 millones de bolívares del monto de la deuda anterior a ese gobierno y 7.977 millones de bolívares ahorrados en el Fondo de Inversiones. Es decir la deuda era de 31.118 millones de bolívares (7.236.744 millones de dólares a 4,30 por dólar). Pero, si ninguna de estas consideraciones es suficiente, bien podría pensarse que el patrimonio neto del Fondo de Inversiones y de las industrias nacionalizadas del petróleo y del hierro excede con largueza la deuda pública existente”.
Leopoldo Díaz Bruzual, presidente del Fondo de Inversiones, denunció, en 1979, la existencia de irregularidades administrativas en la adquisición del buque Sierra Nevada. El escándalo condujo al inicio de dos investigaciones: la realizada por la Comisión de Ética de Acción Democrática, presidida por Marcos Falcón Briceño, quien mantuvo que la negociación “había sido apresurada y negligente”, señalando que “hubo personas que actuaron deshonestamente”, sin aportar nombres; y una Comisión de Investigación designada por la cámara de diputados, presidida por Ramón Tenorio Sifontes, la cual solicitó al Congreso Nacional el establecimiento de responsabilidad política, administrativa, moral y penal en contra del expresidente Carlos Andrés Pérez, del ex ministro de Fomento, Luis Álvarez Domínguez, del expresidente de la Corporación Venezolana de Fomento, Jhon Raphael y del excontralor José Andrés Octavio. Un intenso debate en el Congreso Nacional estableció la existencia de responsabilidad política en la actuación del presidente Pérez, eximiéndolo de toda responsabilidad administrativa y moral. Poco después, el fiscal general de la República, Víctor Ortega Mendoza, abogado de gran prestigio y honestidad, dictaminó que no había mérito para su enjuiciamiento.
Carlos Andrés Pérez sostiene en Memorias proscritas que: “La conspiración del Sierra Nevada fue articulada para destruirme, algo que estaba en el proyecto político de Copei y de otra gente, que me veían con mucha fuerza, mucha vitalidad y mucha proyección… Es falso que Rómulo Betancourt haya tenido alguna participación en la intriga del Sierra Nevada, pero sí la toleró…”. Tan delicado enfrentamiento se trasladó a Acción Democrática, en cuyo seno empezó a discutirse la posible candidatura presidencial para las elecciones de 1983. Jaime Lusinchi aspiraba a esa candidatura, pero el sector betancurista no la apoyaba. Rómulo Betancourt construyó un acuerdo en el cual se aceptaba apoyar la candidatura de Lusinchi con la condición de que se respaldara la designación de Manuel Peñalver, secretario sindical, como secretario general de Acción Democrática. La respuesta de Carlos Andrés Pérez fue estrictamente doctrinaria: “Le haría un gran daño a Acción Democrática, un partido de estructura policlasista con una importante influencia en la creciente clase media venezolana, la designación de un obrero como secretario general de Acción Democrática,”. Esta posición debilitó la influencia del expresidente Pérez en tan importante sector de Acción Democrática.
La conspiración del Sierra Nevada y la derrota electoral sufrida parecían comprometer su futuro político. Ante tan difícil circunstancia, Carlos Andrés Pérez miró hacia el exterior. Su primer gobierno lo había transformado en un importante líder del Tercer Mundo y de la socialdemocracia mundial. Su vinculación con los partidos afines a esa tendencia ideológica se fortaleció con la celebración, en Venezuela, en 1976, de una reunión impulsada por su gobierno de los partidos socialdemócratas de Europa y América Latina. En esa reunión profundizó su amistad con Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, y con Mario Soares, exprimer ministro de Portugal. Ante la difícil situación política que ahora enfrentaba, sus amigos, entre los cuales habría que agregar a José Francisco Peña Gómez, vicepresidente de la Internacional Socialista y exalcalde de Santo Domingo y a Felipe González, exjefe del gobierno español, decidieron designarlo vicepresidente de la Internacional Socialista. La situación interna de Acción Democrática se presentaba difícil. Luis Alfaro Ucero, secretario de Organización, se dedicó a afianzar su liderazgo interno. La decisión de Jaime Lusinchi de designar a los secretarios generales de Acción Democrática como gobernadores de Estado le permitió controlar el partido. Ante tan complejas circunstancias, Carlos Andrés Pérez se propuso imponer su candidatura presidencial desde la calle al presentarse ante la militancia como la única alternativa para no perder el poder.
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