La sobreaplicación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados en las empresas privadas. Estos daños no suelen ser reconocidos públicamente por los líderes y voceros del sector privado. No quieren ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa de la crisis, ni que los utilicen como pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional.
Salvo contadas y valientes excepciones, la mayoría de los empresarios prefieren mantener un bajo perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la extralimitación de las sanciones económicas. En muchos líderes empresariales y dirigentes gremiales hay temor a pagar los costos reputacionales y ser linchados en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de twitterlandia por atreverse a cuestionar y proponer correctivos a los daños colaterales que causa la sobreaplicación de las sanciones en la empresa privada venezolana. Y este silencio de los gremios empresariales termina afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que representan.
Si la administración Biden insiste en endurecer las sanciones económicas con la expectativa de forzar la caída del régimen, lo único que logrará será impedir que la economía se recupere y esto empobrecerá aún más a la población. Esa estrategia no ha funcionado. Por el contrario, le ha permitido a Maduro desarrollar una narrativa de resistencia épica antiimperialista que lo mantiene aferrado al poder. En vez de prolongar las sanciones contra el régimen, Estados Unidos y la Unión Europea están llamados a ofrecer un canje de levantamiento de sanciones a cambio de compromisos para mejorarlas condiciones sociales, económicas y electorales. Esta es la ruta más corta y menos onerosa para facilitar una solución política, constitucional, democrática, electoral y pacífica al conflicto venezolano.
La administración Biden se plantea “recalibrar las sanciones para limitar su impacto en el flujo de ayuda humanitaria legítima a quienes la necesitan (…) buscando formas de adaptar las sanciones para mitigar los impactos económicos, humanitarios y políticos no deseados en los trabajadores y empresas estadounidenses, aliados y poblaciones no objetivo en el extranjero».[1]
Esta revisión abre un espacio a las organizaciones humanitarias y gremios empresariales para explicar los efectos colaterales no deseados de las sanciones y plantear ajustes que eviten agravar la situación de los sectores económicos y sociales castigados por la larga crisis que azota a Venezuela.
Para analizar el tema, en este nuevo episodio de la serie Conversaciones Estelares con Líderes Empresariales hemos invitado a Freddy Lujano (FreddyELujano), presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA). Vea la conversación completa en el canal YouTube de #PedagogíaEconómica
[1]https://zignox.com/2021/10/18/u-s-reviews-sanctions-policy-vowing-to-mitigate-unintended-economic-political-impact/
@victoralvarezr
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