Si bien el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la obligación de los medios de comunicación audiovisual de transmitir mensajes oficiales, léase bien, oficiales; desde hace ya bastante tiempo el gobierno que encabezó el golpista y hoy la usurpación ha incurrido en el manejo indiscriminado, excesivo y hasta abusivo de esta potestad legal, pues a cada rato emite mensajes que por su contenido y duración constituyen indubitables mecanismos de censura. A esto último los especialistas han denominado “censura indirecta”.
Establece el referido artículo 192: “El presidente de la República podrá…. (omissis) ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta, la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los ministros”.
Pero resulta que en esas cadenas que censuran indirectamente (lo hacía el milico golpista y hoy el usurpador) no se ven realmente mensajes ni alocuciones oficiales en estricto sentido, sino, por el contrario, propaganda pura del gobierno o del partido o grupos rojos rojitos, lo que evidentemente se contrapone a la ratio juris de la norma legal que impone la obligatoriedad de darle cabida en los medios de comunicaciones a los mensajes oficiales para su difusión.
En esta materia, distintas instituciones especializadas como Ciudadanía Activa, por ejemplo, y además profesionales comunicólogos, entre otros especialistas del área, han coincidido en revisión, informes y resultados, que la duración y frecuencia de las cadenas presidenciales dejan en claro la arbitraria y abusiva utilización de ese mecanismo, lo que implica una forma de limitación a la libertad de expresión, toda vez que se impide a los medios de comunicación transmitir otros contenidos que integran su parrilla de programación regular.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referirse al caso venezolano, ha constatado en varias ocasiones la gran cantidad de cadenas nacionales oficiales en los medios de comunicación. Las cadenas nacionales obligan a los medios de comunicación a cancelar su programación habitual para transmitir información impuesta por el gobierno. Muchas de ellas tuvieron una duración y frecuencia que podrían considerarse abusivas a la luz de la información allí vertida que no siempre podría estar sirviendo al interés público.
La CIDH ha emitido sendos informes y comunicados de prensa, en innúmeras ocasiones, llamando la atención sobre el uso abusivo e innecesario de este mecanismo, que utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir –de facto lo son- una forma de censura.
El encadenamiento data desde el mismo momento en que el golpista hugo chávez (minúsculas ex profeso) tomó posesión del cargo, el 2 de febrero de 1999. Ese día se transmitieron 4 cadenas presidenciales que totalizaron 8 horas y 14 minutos de duración en el horario matutino, vespertino y prime time, estableciendo el récord de ocupación de la pantalla de televisión en una transmisión gratuita de ese tipo.
Nos obligan a ver a diario, encadenados, lo que a diario vivimos en nuestra terrible cotidianidad: el ch… abismo en su esplendor, en su empeño por comprar y vender sueños y conciencias, la manipulación con las necesidades de los desasistidos, esa otra metáfora de la pobreza, la igualación hacia abajo. Cadenas y más cadenas que no podemos bajar porque son enormes los embustes.
De lo dicho hay que soltarse. Son odiosas amarras que revelan el culto a la personalidad, la manipulación de las necesidades del pueblo, la propaganda oficial sobre promesas incumplidas y el eterno rosario de sueños inalcanzables.
Para mí, las únicas cadenas tolerables son las del poeta Rafael, nuestro poeta mayor.
¡País, democracia y libertad, nos soltaremos!