Cerrando esta semana de fin del mes de octubre, leímos unas declaraciones atribuidas al exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro, en las cuales asegura: “Puedo garantizar, si se trata de un gobierno de Trump o de Joe Biden, no vamos a usar la fuerza militar para invadir Venezuela, a menos que haya violaciones de derechos humanos enormes, imprevistas y horribles. Más allá de las terribles violaciones de los derechos humanos que se están produciendo ahora en Venezuela”. Es de suponer que el señor Shapiro debe estar al tanto del último informe de la ONU elaborado por los especialistas en estudiar e investigar casos relacionados con los derechos humanos, en el cual se determina, sin lugar a dudas, que Nicolás Maduro y buena parte de su tren de funcionarios usurpadores de los poderes públicos son responsables de perpetrar crímenes de lesa humanidad.
La catástrofe de Venezuela presenta a los ojos del mundo los hechos más horrorosos e imprevisibles que alguien pueda suponer. Así tenemos la información que reveló la periodista Lysaura Fuentes el pasado jueves 28 de octubre, dando cuenta que “dos septuagenarios fueron encontrados sin signos vitales dentro de su casa en Puente Hierro, Caracas, y la causa de muerte fue por desnutrición proteico calórica. Fueron hallados en estado de descomposición dentro de su apartamento en el piso 9 de las residencias Villa II, en Puente Hierro, Caracas. Los fallecidos: Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años y Rafael David Sandoval Armas, de 73 años, ambos hermanos”.
Casos como los arriba citados se producen a diario en un país donde más de 90% de la ciudadanía acusa problemas de pobreza. Gente que muere de hambre, personas que fallecen en las vías públicas por carecer de medicinas, sin siquiera haber recibido la asistencia médica indispensable y elemental. Esa es una realidad que da pie para que se activen las respuestas que los venezolanos esperan con desesperación de la comunidad internacional.
Ante un pueblo que es víctima de crímenes de lesa humanidad y de una cada día más aterradora catástrofe humanitaria; una nación que está siendo rematada porque sus bienes están colocados en una mesa de ventas al mejor postor entre los testaferros que resguardan los capitales robados a Venezuela, en donde además es pública y notoria la relación entre los jerarcas del régimen opresor con las transnacionales del terrorismo y del narcotráfico internacional, ¿cómo se puede seguir titubeando respecto a si procede o no la activación de recursos legales vigentes para evitar más tragedias?
La verdad no se puede seguir esquivando con esas vacilaciones propias de la diplomacia contemplativa que termina siendo igualmente responsable de esas masacres que pudieran detenerse a tiempo, por lo menos, para ahorrarle más víctimas a un país que se va quedando sin población, porque ya son más de 6 millones de seres humanos incorporados a la diáspora.
Mientras tanto, el dictador Maduro prosigue con sus farsas, como eso de acusar al presidente de Colombia, Iván Duque, y al exjefe de Estado Álvaro Uribe de dirigir atentados contra instalaciones en Amuay, tratando de justificar el colapso de las refinerías que ellos destruyeron con sus malas políticas petroleras.
Cada día la situación de los venezolanos pinta para peor: sin luz, sin agua potable, sin gas doméstico, con salarios insólitos, con una hiperinflación que sigue avanzando, con «la puerta giratoria» en movimiento porque todos los días se suman más presos políticos, sin seguridad de ninguna índole y con un pueblo en resistencia que no deja de luchar, esperando, inquietante, la solidaridad de la comunidad internacional.
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