En el mes de mayo, en una reunión con alcaldes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que Soyapango era el municipio más seguro del país, incluso más que Costa Rica, el país de la región con menores índices de criminalidad. Sin embargo, pocos meses después, el pasado sábado 3 de diciembre, el primer mandatario salvadoreño salió a anunciar, sin medias tintas, que Soyapango estaba totalmente cercado por efectivos militares y de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a la gran presencia de pandilleros y al auge de la criminalidad.
¿Militarización o cerco?
Bukele anunció en declaraciones que “8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el Ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”. Según aseguraron voceros oficiales, no se trataba de una militarización del municipio, sino de un cerco para evitar la huida de criminales todavía presentes. A partir del inicio de la operación, se ha visto a grupos de entre 10 y 20 soldados y policías recorriendo las calles del municipio para pedir documentación a los transeúntes, arrestando, además, a quienes consideran sospechosos, principalmente jóvenes.
Soyapango, con una población de 258.000 personas, es uno de los municipios más poblados del país, de acuerdo con cifras oficiales de hace un par de años, y un centro de intensa actividad económica e industrial. Por lo tanto, las operaciones también están afectando el normal flujo del comercio y la economía.
De acuerdo con Bukele, se trata de la quinta fase del gubernamental Plan de Control Territorial, anunciado en noviembre pasado. Esta fase consistiría en capturar a los mareros y demás criminales escondidos en sitios que, hasta ahora, eran considerados seguros para los pandilleros. Un vocero del gabinete de Defensa indicó que las fuerzas de intervención tienen listas con los nombres de los delincuentes que se refugian en Soyapango, por lo cual la búsqueda se está haciendo de manera personalizada.
Puesta en escena
Para los numerosos opositores al gobierno, este aparatoso despliegue es una nueva puesta en escena del presidente, muy adepto a los golpes de efecto que, si bien atraen las miradas, no garantizan una mejora en la situación de inseguridad en la que vive una gran parte de la población salvadoreña.
Según la oposición, estos golpes tendrían como objetivo encubierto la recuperación de la popularidad del presidente, que está debilitada entre la ciudadanía. Aunque para la —muy poco creíble— encuestadora CID-Gallup, Bukele es el político con mayor nivel de aceptación de América Latina, lo cierto es que, de los altísimos índices que tuvo al comienzo de su gestión, ahora alcanza un 58%, de acuerdo con las cifras recabadas por otras empresas encuestadoras. Si bien se trata de un alto grado de aprobación, el apoyo se reduce de forma persistente, según esas mismas fuentes.
Pero a pesar de lo contradictorio de las medidas, teniendo en cuenta las declaraciones oficiales de hace apenas unos meses del presidente, algunos de sus ministros y la misma alcaldesa de ese municipio, Nercy Montano, quien aseguró que su municipio era el más seguro de toda Centroamérica, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró el lunes 5 de diciembre que esta estrategia de cercos militares se empleará en otros municipios del país.
Ante estos nuevos anuncios y como suele suceder con respecto a cada decisión controvertida de Bukele, las críticas surgieron de inmediato desde diferentes sectores de la oposición que consideran que esta no solo es una medida con pocas probabilidades de éxito, sino que también viola los derechos humanos del grueso de la ciudadanía.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha criticado la medida por violar las regulaciones sobre seguridad ciudadana establecidas en los Acuerdos de Paz. Lo mismo han expresado dirigentes de otros espacios opositores como el Partido Vamos, que ha señalado a Bukele como un líder autoritario y lo ha comparado con Daniel Ortega, de Nicaragua.
Ante las críticas, el ministro de Defensa aseguró que “no hay complicaciones para la población honrada”, y que el grado de error es cero. Sin embargo, los vecinos de Soyapango no han sido consultados sobre las medidas aplicadas.
Pero no solo desde la oposición política han surgido reproches, sino también desde las mismas fuerzas policiales. El Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) —una especie de sindicato— ha hecho llegar sus quejas al gobierno y a los medios de comunicación, y ha indicado que no se está teniendo en cuenta el bienestar de los funcionarios policiales que participan en el cerco. Según han expresado, los policías, tras los intensos patrullajes nocturnos, deben dormir en el suelo y carecen de alimentación apropiada y condiciones básicas de aseo personal.
A pesar de las numerosas críticas a la política de seguridad del gobierno, no es probable que Bukele dé marcha atrás en esta fase del Plan de Control Territorial. El presidente jamás vuelve sobre sus pasos y siempre encuentra una forma de salir de apuros. Cuando las cosas no van bien, apela a mentiras que, sin embargo, cada vez creen menos ciudadanos.
Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
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