Es una situación inhumana la que actualmente están viviendo los usuarios de Corpoelec, que deben madrugar para tomar un número a las 5:00 am con la finalidad de ser atendidos a partir de las 9:30 am, pues han sido amenazados con un plazo hasta el 30 de noviembre para actualizar sus datos en la página del plan Borrón y cuenta nueva. Es obligatorio, porque el que no lo haga será multado con 1.000 bolívares, lo que equivale actualmente a unos 30 dólares. Una cantidad que puede resultar pequeña en cualquier lugar del mundo, pero no en Venezuela para un trabajador promedio. Recordemos que los sueldos y las pensiones que recibe la mayoría hacen impagable esa multa y las autoridades lo saben, así que se aprovechan de eso para que se cumpla con el trámite.
Corpoelec pareciera olvidar el mal servicio de energía eléctrica que ofrece y que ha causado el deterioro de aparatos electrodomésticos, desde una licuadora hasta la nevera; también ascensores y todo sin indemnización alguna. Ni hablar de la cantidad de alimentos que se dañan, lo que hoy en día es inaguantable. En muchas oportunidades incluso han colocado en riesgo la vida de los pacientes en hospitales y clínicas por bajones y apagones sistemáticos que se siguen produciendo en todo el territorio nacional sin que el Estado responda por el daño causado.
Estamos entonces en presencia nuevamente de una violación de los derechos humanos por parte de Corpoelec al someter a millones de usuarios a la presión de hacer una cola desde la madrugada o tratar de ingresar a una página que siempre está colapsada, y eso si se cuenta con Internet, porque las fallas de luz son más las horas que nos dejan incomunicados.
Tienen que hacer borrón y cuenta nueva, pero para comenzar a ofrecer el servicio esperado. Y solo después exijan algo a cambio.