Casa de Nariño
Todo proceso de extradición de un país hacia otro que reclama a un delincuente se tiene que enmarcar dentro de los Tratados que en la materia hayan suscritos los dos países. Es lo que explica que Gustavo Petro haya comenzado, no bien instalado en su cargo, por declarar que sería necesario renegociar el convenio que obliga a Colombia frente a Estados Unidos. Ni el presidente Petro ni ningún otro puede saltarse a la torera este tipo de obligaciones internacionales. Así que el nuevo mandatario de los colombianos está haciendo lo correcto… o no le queda más que hacerlo de este modo, por ahora.
Al nuevo inquilino del Palacio de Nariño le tocó igualmente firmar, hace apenas horas, la extradición a Estados Unidos, España y Brasil de ocho compatriotas suyos requeridos por estar vinculados con hechos de narcotráfico. Lo primero que ello nos dice es que sea cual fuere la intención de Petro sobre este espinoso tema de la extradición dentro de su recién estrenada política de “Paz Total”, no le resulta fácil, aunque así lo desee, fabricarse un esquema hecho a su medida. Le toca hacer encajar sus propuestas dentro de cánones de legalidad interior y de respeto a los acuerdos.
Esta “Paz Total” prevé, entre muchas otras cosas, un trato diferencial a aquellos extraditables que se acojan a sus preceptos y negocien la alternativa de su permanencia en cárceles colombianas a cambio de su compromiso de no reincidencia y colaboración con la erradicación del crimen del que se les acusa.
Resulta difícil saber hacia dónde se encamina este asunto. A pocas horas de investido del cargo, en el Palacio Presidencial se recibieron dos cruciales misivas firmadas por 279 extraditables que ofertaban su colaboración con la justicia de su país, desde las cárceles de La Picota y el Buen Pastor, a cambio de no tener que trasladarse, por la fuerza, a enfrentar acusaciones en la jurisdicción de otro territorio.
Se sabe que desde la campaña electoral los allegados al presidente ya se paseaban por las cárceles con una propuesta en mano para acusados de crímenes y de narcotráfico, de cuyo contenido no se sabe mucho pero que al final ha redundado en el petitorio que no solo se ha materializado en la carta citada, sino que está recibiendo buena acogida de parte de Nariño. Lo que aun no está claro son los términos de la negociación que haría posible hacer borrón y cuenta nueva con estos criminales, los que a todas luces se inclinarán a permanecer en Colombia que ir a vestir la braga naranja en las celdas estadounidenses.
Solo que los americanos no son lerdos, particularmente los que tienen a su cargo la administración de Justicia. Hablamos de la Fiscalía, la DEA y el FBI. La Casa Blanca ha hecho lo correcto y sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, ha remitido la propuesta de renegociación del Tratado con Colombia a quien corresponde en las instancias de Justicia norteamericanas. Para los gringos, una de las mejores formas de luchar contra crímenes transnacionales es la figura de la extradición.
La preocupación de muchos en Colombia es que lo que se está armando es una suerte de amnistía en favor de los narcotraficantes e igualmente más tarde se buscará una vía similar para institucionalizar la impunidad de los criminales guerrilleros. No hay que olvidar, piensan los analistas, que el mismo Gustavo Petro se forjó en el movimiento guerrillero M19 y que su posterior actividad política es fruto del “perdón social” de aquellos momentos. Ahora se pone en el tapete otra suerte de “perdón social”.
Ya tendremos ocasión de observar cómo se va armando el rompecabezas de la Paz Total que el nuevo jefe de Estado lleva años cocinando a fuego lento y que será el eje de su administración. Por ahora de lo que estamos hablando es de pactar la paz con protagonistas del crimen organizado de la peor especie y revestirlo de una legalidad “plausible”.