Ayer, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) expuso finalmente el informe sobre los hechos sucedidos en Bolivia en 2019, antes y después de las elecciones de octubre, cuando el gobierno de Evo Morales y su partido cometieron fraude electoral debidamente denunciado por la Misión de Observación de la OEA, cuyo informe fue avalado entre otros por la Unión Europea.
Lamentablemente el gobierno de Luis Arce, representado en la OEA por el embajador Héctor Arce, trató de darle a la presentación de este informe un sentido totalmente distinto, cuya única misión era atacar al secretario general de dicha organización, Luis Almagro, y durante días en sus declaraciones en medios de comunicación decía cosas que evidenciaban su intención. Esto no tuvo ningún tipo de eco en el Consejo Permanente, más allá de tres palabras de sus amigos, los delegados de Argentina y México.
En la sobriedad de la presentación de los expertos independientes quedó evidenciado que no se dejaron manipular, resaltando una y otra vez que en el informe del GIEI no se determina que hubo fraude o golpe de Estado, y mucho menos un “genocidio”. Es importante destacar el mal uso que en Bolivia han querido dar a este término para clasificar las masacres de Senkata y Sacaba, y culpar al gobierno interino de Janine Áñez de genocidio. Sobre este término, el genocidio está suficientemente establecido y descrito en el Estatuto de Roma como la matanza, lesiones graves físicas o mentales, el sometimiento a condiciones de existencia que acarreen la destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir nacimientos o el traslado a la fuerza de niños a otro grupo, con la única “intención” de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto no ocurrió de ningún modo durante el gobierno interino.
Los expertos también recordaron que los actos de violencia y violaciones de derechos humanos descritas ocurrieron antes de las elecciones del 19 de octubre (durante el gobierno de Evo Morales) e inmediatamente después de estas, y que dichos actos no ocurrieron de manera inesperada, sino por un espiral generador de violencia provocado por los discursos políticos y las manifestaciones públicas de todos los bandos que, in crescendo, descalificaban al adversario.
Esto deja claro lo que el gobierno actual quiere “borrar” de la historia, que el régimen de Morales cometió violaciones de derechos humanos y atizó la contienda previa al evento electoral, y no existe al día de hoy en el sistema de justicia boliviano una investigación seria y creíble sobre la presunta responsabilidad del expresidente en la inducción, acción u omisión de estos hechos.
También señalaron que el sistema judicial en su conjunto fue incapaz de realizar investigaciones serias e imparciales, destacaron el abuso del uso de la “detención arbitraria preventiva” para castigar a los oponentes y la utilización de los tipos penales de “sedición y terrorismo” como instrumentos de represión y persecución. El informe del GIEI recomendó una reforma del sistema de justicia para que sea independiente de la política y sirva de manera imparcial y justa al pueblo de Bolivia.
Lamentablemente, la justicia en Bolivia ha sido utilizada a lo largo de los últimos 15 años como instrumento político para obtener lo que el primer mandatario ha requerido, para ocultar delitos penales y administrativos, para etiquetar y perseguir a los oponentes, para judicializar a quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica, para cambiar normas legales y constitucionales con el objetivo de obtener aún más poder y control político-social, incluso, para buscar la reelección indefinida, punto importante en esta crisis, ya que ha sido una de las principales fuentes de conflictividad por la que atraviesa este país suramericano.
Son muchos los casos de represión y persecución que han quedado impunes y menciono algunos históricos: el caso “Huanunni” ocurrido en octubre de 2006, cuando 16 personas fueron asesinadas y 93 salieron heridas en enfrentamiento entre grupos civiles pertenecientes al sector minero; Los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2011, en el contexto de la denominada “Gran Marcha Indígena” en Chaparina, Departamento de Beni, donde aproximadamente 1.500 personas, mujeres, hombres, ancianos y niños fueron víctimas de la represión violenta y violación masiva de derechos humanos por parte de las autoridades, quienes destruyeron con gran violencia el campamento compuesto por carpas donde pasaban la noche. Los hechos sucedidos en el contexto de la quema de la Alcaldía de la ciudad de El Alto en 2016, donde una turba de seguidores del partido oficialista (MAS) fue por la alcaldesa opositora Soledad Chapetón, quien logró salir ilesa del lugar. 6 personas perdieron la vida y 18 sufrieron heridas, y muchos otros casos cuyas victimas y familiares han perdido la esperanza de obtener justicia imparcial y reparación.
Para que las Instituciones de administración de justicia puedan recobrar credibilidad y los bolivianos puedan confiar en ellas, tiene que haber una reforma profunda y creíble, capaz de investigar y sancionar a los culpables de los múltiples episodios de violaciones masivas de derechos humanos ocurridos los últimos 15 años, incluyendo los periodos presidenciales de Morales, que por la sistematización en la inducción por distintos motivos y la falta de interés en investigarlos y hacer justicia a lo largo de dos décadas, podrían ser considerados Crímenes de Lesa Humanidad.
Quizá sea hora de acudir al Sistema Internacional de Justicia en la búsqueda de la imparcialidad y credibilidad. Para ello está la Corte Penal Internacional que puede conocer de los crímenes denunciados, tanto por el GIEI como por la CIDH en sus informes a lo largo de estos años, en cuanto a las detenciones arbitrarias, los asesinatos, las torturas y persecución contra grupos minoritarios por motivos políticos, étnicos, religiosos, etc.
La CPI puede conocer cuando no se están llevando investigaciones genuinas y juicios verdaderos, cuando los procesos no están siendo sustanciados de manera independiente o imparcial, cuando existe por parte del Estado incapacidad para investigar o enjuiciar, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella y no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de pruebas y los testimonios necesarios, o no esta por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio imparcial e independiente.
Para que haya paz en Bolivia, tiene que haber justicia.