En los días previos a la Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, organizada por el presidente Gustavo Petro, el régimen de Nicolás Maduro estuvo presionando para que los invitados a la reunión –veinte países en total- se dedicaran a demandar el levantamiento de las sanciones que el gobierno norteamericano y la Unión Europea le impusieron al gobierno venezolano. Maduro exigió que se suspendieran todas las penalizaciones para retornar a la mesa de negociaciones en México. Jorge Rodríguez, al parecer su principal apoyo, comentó por los mismos días que los 3.500 millones de dólares que deberían ingresar al fondo social acordado en la última ronda de México, tendrían que ser depositados en términos perentorios en un organismo al cual Maduro pudiera acceder. Además, reclamó la liberación inmediata de Álex Saab. En una tónica similar habló Diosdado Cabello. Todos los jerarcas del régimen se alinearon para que la cita de Bogotá se dedicara a defender al «candoroso» régimen venezolano, víctima de la crueldad imperialista. Nada de esto ocurrió. Al menos no como el gobierno esperaba.
Es verdad que el comunicado final no tuvo la contundencia esperada por quienes aspiran a que Venezuela retorne al redil democrático. Un cuarto de siglo de improvisación, abusos y corrupción generalizados, han fomentado la desesperación y un cierto sentido de la inmediatez. La gente desea que la agonía termine pronto. Que la casta dominante salga de Miraflores cuanto antes. ¡Ya es suficiente! Pero, una vez que las autocracias se consolidan, los procesos de cambio suelen ser más lentos y sinuosos de lo que la gente desea.
El primer punto, y el más importante, de las conclusiones leídas por el canciller colombiano Álvaro Leyva, habla de “la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”. Además, agrega “la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021″. Este compromiso fundamental es el que Nicolás Maduro ha venido evadiendo desde que le ganó en unas elecciones cuestionadas y dudosas a Henrique Capriles en abril de 2013. Todos los representantes de los gobiernos presentes –desde Canadá (democracia plena) hasta Turquía (neoautoritarismo)- estuvieron de acuerdo en fijar ese cronograma.
Por supuesto que el tema de las sanciones no podía evadirse. La respuesta de Maduro habría sido altisonante si el asunto no se hubiese tratado. Habría cerrado todas las puertas de cualquier posible diálogo con la oposición. Ahora bien, lo más interesante fue la manera como se abordó la cuestión: una vez restablecidas las conversaciones entre el gobierno y la oposición y se den “los pasos acordados a satisfacción de las partes”, deberán irse dando “en paralelo… el levantamiento de las distintas sanciones”. Nada que ver con las demandas y prerrequisitos requeridos por Maduro: ¡si no se levantan todas las sanciones no volveremos a negociar!
En la tercera conclusión se propone continuar “el proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México”. Y se recomienda que vaya acompañado “con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario único para inversión social en Venezuela”.
Desde luego que el comunicado final de la conferencia no recoge ni un ápice de las desmesuras de Maduro: pedir la liberación de Saab o la suspensión inmediata de todas las sanciones. Los asistentes entendieron que se trata de un proceso complejo y duro, pero inevitable de resolver mediante elecciones libres, porque el drama venezolano se ha convertido en un gigantesco problema para la región, especialmente para Colombia, donde residen casi 3 millones de compatriotas.
En el discurso de instalación, Gustavo Petro tampoco se cuadró a pie juntillas con Maduro. El mandatario colombiano insistió en la conveniencia de reintegrar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, atando esa reincorporación a la instrumentación de un “sistema de solución al problema electoral venezolano, para una decisión libre de su pueblo”. Como parte de esa «solución electoral» tendría que establecerse “un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones”. Estos factores (la reinserción en el SIDH, la solución electoral y el levantamiento progresivo de las sanciones) serían «grandes conquistas».
Además, el presidente de Colombia dijo: “Ojalá que al final la gran conquista sea que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelvan realidad, que no sea un pueblo que se asuste, sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política, ni que nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas”. Su lema fue la libertad.
La conferencia de Bogotá, sin haber significado una victoria categórica para los opositores, sí representó un avance en la reconquista de la democracia. Todos los países plantearon la necesidad de que se convoquen elecciones libres. Maduro no podrá esquivar esa obligación con facilidad. La crisis de Venezuela vuelve a la escena mundial.
@trinomarquezc