Antony Blinken | Foto EFE
La verdad es que ya Estados Unidos aburre demasiado con ese discurso repetitivo, similar a los regaños de una madre que, queriendo aparentar autoridad ante su hijo desobediente, no consigue cambiar en nada su conducta.
Y es que nuevamente, en el marco que propició el 51° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (10 y 12 de noviembre), y con el gobierno de Guatemala como anfitrión virtual, se escucharon los reiterados clamores de un cada vez más resignado grupo de países que no encuentra la fórmula mágica para hacer frente a los desvaríos autoritarios de sus pares de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
A pesar de una resolución condenatoria de parte del ente hemisférico, Daniel Ortega se sigue saliendo con la suya, adjudicándose un cuarto mandato consecutivo de cinco años, cortesía de un sistema bajo su absoluto control que no deja resquicio alguno para una oposición condenada al ostracismo.
Gracias a una fuerza y liderazgo desde hace tiempo extraviados, los descarriados autoritarismos insignes de la región siguen dejando en evidencia la ausencia de una política seria y coherente de la Casa Blanca hacia su propio vecindario, circunscrita básicamente a un esquema de sanciones que encuentra su efectivo antídoto en el respaldo y apadrinamiento cada vez más presente de factores de poder extracontinental (China y Rusia, entre los más claves).
Ante esta realidad que presiona constantemente para darle nueva forma al mapa geopolítico de América Latina y el Caribe, a Washington no le ha quedado otra que seguir manteniendo su libreto repleto de denuncias y amenazas que se ahoga inexorablemente en su propia trama sin desenlace ideal.
Por tanto, nada de sorpresivo resultó el triste discurso del secretario de Estado, Antony Blinken, ante sus colegas de la OEA, en el que, entre otros puntos previsibles, condenó al gobierno de Nicaragua por las cuestionadas elecciones del domingo 7 de noviembre, exhortando, por tanto, a los países de la región a hacer todo lo posible en defensa de las democracias. Tal como se esperaba, exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que han sido ilegalmente detenidos en Venezuela, y reafirmó las condenas al gobierno de Cuba por los actos represivos y detenciones arbitrarias en las jornadas de protesta del pasado mes de julio.
El blablablá de Estados Unidos continuó su curso el pasado viernes 12 de noviembre con la subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, advirtiendo sobre el posible escenario a presentarse el próximo lunes 15 de noviembre, con motivo de las nuevas protestas convocadas por la población y grupos opositores en Cuba. Nuevamente, la amenaza de adicionales sanciones surgió como receta única de la política aplicada a la isla caribeña.
Nicaragua: ¿del blablablá a la acción?
No hay dudas de que Nicaragua representa un gran desafío, pero al mismo tiempo una valiosa oportunidad para las democracias representativas del continente. La resolución aprobada el pasado viernes por la Asamblea General de la OEA – presentada originalmente por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda, y que declara como ilegítimas las elecciones presidenciales de Nicaragua, es un simple recordatorio de que la situación en este país centroamericano reúne todos los criterios necesarios para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, ante el evidente rompimiento del orden constitucional.
Por los momentos, el mandato de la resolución se centra en la solicitud hecha al Consejo Permanente de la OEA para que, a más tardar el 30 de noviembre de este año, realice una “evaluación colectiva inmediata” de la situación, y tomar las medidas adecuadas.
Para que el texto de la resolución -aprobada satisfactoriamente por mayoría de 25 votos a favor- no quede en letra muerta como en tantas otras oportunidades, se espera que de esa evaluación colectiva surja la decisión de aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla la suspensión de un estado miembro de la OEA, en este caso de Nicaragua, por el más que evidente rompimiento del orden democrático a manos del régimen sandinista.
Ya parte del mandado está hecho en vista de que, como señala la misma resolución, el régimen de Daniel Ortega ha ignorado todas las recomendaciones de la OEA y es poco el éxito que han tenido las numerosas gestiones diplomáticas del organismo, a fin de “promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
La eventual suspensión de Nicaragua del organismo debe ser contemplada sólo como un primer paso en la ruta hacia la posterior y complementaria ruptura de las relaciones diplomáticas y políticas con el régimen de Daniel Ortega, una medida que habría de servir de “cordón profiláctico” y presión sistemática, previa a otras decisiones de carácter económico y comercial que, dependiendo de los resultados obtenidos, deban consecuentemente aplicarse.
El aislamiento progresivo al cual ha de ser sometido Nicaragua, hasta tanto no sea restituido su orden constitucional, debe constituirse en alta prioridad para la amplia mayoría de los países democráticos de la región, ante la amenaza de que el germen del autoritarismo se siga expandiendo a otros espacios geográficos del hemisferio. Y más aún en respuesta al creciente fortalecimiento del eje Caracas-Managua-La Habana, que, en su afán de contrarrestar las crecientes y graves denuncias internacionales, sigue encontrando respiro en las apetencias geoestratégicas de Vladimir Putin.
Con el caso de Nicaragua se hace necesario crear un verdadero precedente de lucha efectiva contra de las ambiciones hegemónicas y autoritarias. Los instrumentos y mecanismos están a la mano: Carta de la OEA y Carta Democrática Interamericana.
Solo hace falta una dosis de verdadera voluntad política y de menos blablablá.
Javierjdiazaguilera61@gmail.com