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La consideración de la situación actual del país –si en verdad empieza a “arreglarse”- amerita repasar un concepto básico de la economía, que es el de Bien Público. Un Bien Público (puro) es aquel que, una vez producido, no puede privar de su consumo a ningún integrante de la comunidad. Otra manera de entender esto es que los beneficios que genera no pueden ser capturados (privatizados) totalmente por ninguno, en exclusión de los demás. Debido a ello, nadie se siente incentivado a financiar, por sí solo, su producción. Ésta, por tanto, depende de la voluntad colectiva, la cual suele ser asumida a través del Estado. La producción de bienes públicos es la función principal del Estado, según enfoques ortodoxos. De la naturaleza no privativa de su consumo se desprende el problema del gorrión o free-rider: la persona que decide no contribuir para la producción de un Bien Público a conciencia de que no puede ser excluido de sus beneficios. Un ejemplo sencillo es el del vecino que se niega a aportar a la pintura del edificio donde reside o a reparar el ascensor, a sabiendas de que, una vez terminada esta labor, también disfrutará de ello de todas formas. A nivel general, evade su deber ciudadano como corresponsable del manejo de la cosa pública. Se asume “masa”, pendiente de que le den, propósito de regímenes como el chavista.
A nivel nacional, los bienes públicos más conocidos son los referidos a los sistemas de salud y asistencia social, educación, seguridad y protección, así como los servicios de agua, electricidad, comunicación y transporte. Son la sustancia que define la calidad de vida de la población –atención de salud, mejor educación, seguridad personal, protección de los derechos ciudadanos, etc. A la vez, fomentan la actividad productiva y comercial, proporcionando lo que se conoce como “externalidades positivas”, que reducen los costos de transacción y amplían las oportunidades de negocio. Es decir, el disfrute de los bienes públicos por parte de ciudadanos y empresas está en la base de su bienestar y prosperidad.
Un gobierno interesado en el bienestar del pueblo procurará que el Estado produzca con eficiencia los bienes públicos en la cuantía, calidad y variedad realmente deseada por la sociedad. Debe tomar en cuenta su costo de oportunidad, pues una propuesta excesivamente ambiciosa –sea una autopista, represa, un estadio o lo que fuera- implica restarle recursos, por ejemplo, a la educación o la salud. En países “normales”, en los que la producción de bienes públicos se financia con impuestos, tasas o cargos específicos, una persona podría sentirse motivada a manifestar poco interés por alguno en particular, como excusa para evadir que le pechen por ello. Esta tendencia a no revelar las auténticas preferencias por un bien público plantea el problema de cuál debe ser su oferta, si no se conoce su demanda: ¿Cuánto gastar en cada uno, sabiendo que reduce los recursos disponibles para otros? ¿Cómo no sobrepasarse o evitar quedarse corto? Los textos de economía proponen medidas para que la gente revele sus verdaderas preferencias por tales bienes, pero, más allá, subyace la necesidad central de profundizar la democracia para que la toma de decisiones se aproxime, lo más posible, a sus verdaderos deseos.
Por supuesto que el sustento de una oferta adecuada de bienes públicos reside en el funcionamiento adecuado de las instituciones. Son las normas que determinan los objetivos a proseguir, la adecuación de las organizaciones para optimizar su logro, el sistema de premios y castigos que contribuyen con ello, los mecanismos de supervisión y control para corregir las fallas y para ajustar los propósitos, y una cultura de servicio, de transparencia y de rendición de cuentas entre quienes tienen responsabilidades al respecto. Son propias de la democracia liberal, asentada en el equilibrio y autonomía de poderes, el imperio de la ley y la representación abierta y sin trabas de la voluntad popular.
El problema fundamental de la Venezuela actual es que el desmantelamiento de tal institucionalidad en manos de autoproclamados “revolucionarios”, se ha traducido, de manera cada vez más extendida, en que el Estado produzca, no bienes públicos, sino “males” públicos. Por ejemplo, el sistema de administración de justicia, que debe asegurar la igualdad de los ciudadanos ante la ley y velar por que sus derechos sean respetados (protección), fue “privatizado” (bien público impuro) por la jerarquía chavista a través de sucesivas reformas y modificaciones en la conformación del poder judicial. Lo transformó en su propio bufete de abogados, dedicado a perseguir y penalizar a quienes disienten, en un mal público. El desprecio por los derechos humanos, otra de sus responsabilidades constitucionales, ha permitido todo tipo de abusos por parte de los cuerpos policiales y militares encargados del “resguardo de la paz y la tranquilidad ciudadana”, resultando en matracas y confiscaciones en sus razzias y en una atroz ristra de ajusticiamientos –concentradas en los barrios populares—, como ha sido denunciado por Provea, el padre Infante y muchas ONG defensoras de derechos humanos. Un mal público transformado hasta el extremo en fatalidad. Asimismo, la defensa de la soberanía nacional, objetivo básico de la FAN, ha sido vulnerada por militares traidores que han permitido que el país se someta a intereses foráneos –Cuba, Rusia—, y que sea cauce para el tráfico de estupefacientes.
La degradación del Estado para producir males públicos en vez de bienes públicos ha sido resultado, fundamentalmente, de la corrupción deliberada de quienes ejercen responsabilidades en sus órganos correspondientes. Al comienzo, también incidieron las gríngolas ideológicas de quienes creían realmente en los cantos de sirena de Chávez. Pero, a estas alturas, los clichés sólo sirven para encubrir e intentar absolver las pillerías cometidas contra el país. Hoy se afianza en la impunidad y en las complicidades compartidas entre quienes, desde el poder, se han ufanado en expoliar a la nación. Mientras, además de la inseguridad y la pobreza, los venezolanos padecen de servicios colapsados.
Es en este contexto que debe evaluarse si la situación mejora, como pretende acreditarse el gobierno. ¿Están dadas las condiciones para que la venta de 5% o 10% de las acciones de algunas empresas públicas, por ejemplo, rescate su función de proveedoras de bienes públicos o se trata, más bien, de una vía para lavar dinero sucio? ¿Dónde están las reformas en su gestión, la divulgación de sus estados financieros y las garantías para motivar la inversión privada en ellas u en otras áreas? ¿Puede esperarse que el levantamiento de algunas sanciones redunde en la conversión de muchos males públicos en bienes públicos? Lamentablemente, la reciente “reforma” del Poder Judicial en absoluto abona a favor de las garantías y seguridades requeridas para que podamos confiar en que vamos bien encaminados. Más bien, ahora el congreso chavomadurista asoma un proyecto de ley de cooperación internacional que restringe a las ONG y las amenaza con sanciones diversas, pero libera al Estado de la necesidad de rendir cuentas por sus actividades de “cooperación internacional”. Es decir, cocinan otro mal público, en perjuicio de quienes se amparan en los servicios –bienes públicos—de estas ONG.
La lucha por rescatar la institucionalidad democrática, para que impere el Estado de Derecho y se respeten cabalmente los derechos humanos, no puede descansar, por más que algunos se ilusionen con que la situación mejore. Es evidente que, en absoluto, la gestión del gobierno se traduce en un proyecto incluyente, donde todos puedan beneficiarse, y con perspectivas de prosperidad creciente y de justicia social. No puede soslayarse el cambio político. Es importantísimo, además, tener en cuenta que solo en este marco, con una reforma y un saneamiento del Estado, podrá éste dedicarse a producir los bienes públicos que requiere la población. Entre los obstáculos a tal transformación destaca la falta de independencia del Poder Judicial y la corrupción del mando militar. Los informes sobre la violación de derechos humanos y las indagaciones de la Corte Penal Internacional dan fe de sus implicaciones.
La propuesta de algunos de instrumentar un mecanismo autónomo, con supervisión externa, para asegurar que el ingreso petrolero resultante de un levantamiento negociado de las sanciones sea canalizado a atender la emergencia humanitaria del país, es un claro reconocimiento de la necesidad de contar con mecanismos institucionales que eviten su desvío hacia fines perversos. Pero, con un Estado como el que tenemos, ¿puede esperarse que redunde en beneficio de los servicios públicos de salud, educación, seguridad ciudadana, transporte y en las posibilidades de recreación del venezolano?
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