Un mes después de instalarse en la Casa Blanca, Joe Biden mostró con las tres medidas tomadas el jueves y viernes de la semana pasada que palabra y acción van de la mano en cuanto a su política exterior se refiere –base para restablecer la confianza en el liderazgo de Estados Unidos en el mundo–.
La primera fue el bombardeo estadounidense en Siria contra objetivos vinculados a Kataeb Hezbolá y Kataeb Sayyid al-Shuhada, milicias proiraníes. Una “respuesta militar proporcionada” al lanzamiento de cohetes, a principios de febrero, a una base de la coalición internacional en la región kurda de Irak. Un acto cometido por grupos irregulares apoyados por el régimen de los ayatolás iraníes, que mató a un contratista e hirió un soldado estadounidense.
Con esta ofensiva militar, el presidente Biden envía “un mensaje inequívoco” a Irán: que la opción de la fuerza está sobre la mesa y que no le temblará el pulso si necesita recurrir a ella para garantizar la seguridad de su país en cualquier parte del mundo. No importa que haya tendido la mano al régimen iraní para reiniciar las negociaciones diplomáticas del pacto nuclear multilateral que rompió Donald Trump en 2018.
Hay que destacar que la actuación de Biden cumplió con medidas diplomáticas, como es la consulta al resto de la coalición (Reino Unido, España, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Eslovenia).
Una segunda acción fue la prohibición de visas a los saudíes que participaron en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, en 2018, luego de la presentación del informe no clasificado al Congreso de Estados Unidos sobre este horroroso crimen.
Biden dijo en el segundo aniversario del descuartizamiento del periodista de The Washington Post que su muerte no será en vano.
Junto con la presentación del informe y como parte de la promesa del presidente, el Departamento de Estado adoptó una política que denominó “La Prohibición Khashoggi” que le permite imponer restricciones de visa a personas que, actuando en nombre de un gobierno extranjero, se cree que han participado directamente en graves actividades extraterritoriales en contra de disidentes. En el caso de Arabia Saudita, Estados Unidos les canceló las visas a 76 nacionales, incluidos sus familiares.
A pesar de que el reino es un aliado muy importante para Washington frente a Irán, tanto por el petróleo como por su valor estratégico, Biden deja claro que las relaciones bilaterales deben reflejar los valores de Estados Unidos en cuanto a derechos humanos y libertades fundamentales. Y la violación de estos no será tolerado.
La tercera acción fue la deportación de Javier Bertucci a su llegada a Miami, Estados Unidos. El pastor evangélico es diputado a la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro elegida en los comicios del pasado 6 de diciembre.
La autoridad de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos lo retuvo junto con su familia por más de 12 horas y le prohibieron la entrada al país después de realizar las respectivas consultas para su inmigración. Lo señalaron de ser colaborador del régimen de Maduro, según el video publicado en redes sociales.
La administración Biden ha dejado claro que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y al Parlamento elegido en 2015 como poder legítimo de Venezuela.
A Bertucci se le olvidó un detalle: que participó en la elección presidencial de 2018 para legitimar unos comicios desconocidos por más de 50 países. Asimismo, que integra el Parlamento que supuestamente se eligió en 2020, en un proceso electoral cuyos resultados fueron rechazados por Estados Unidos, Reino Unido, 27 miembros de la Unión Europea y 21 países de la Organización de Estados Americanos, entre otros.
Además, el pastor debería saber que sí había razón para impedirle el ingreso a territorio estadounidense: la violación de la Sección 102 de la Ley Verdad de 2019.
Sus papeles estaban en regla con visa y prueba PCR. Sin embargo, sus actuaciones en 2018 y 2020 violan una ley de Estados Unidos al colaborar con el régimen de Maduro. Esto significa que los 277 diputados que supuestamente fueron votados en los comicios fraudulentos de diciembre, principales y suplentes, corren el riesgo de recibir el mismo trato que Bertucci si intentan ingresar a Estados Unidos. ¡No digan después que no sabían!
Cuando el presidente Biden afirmó “America is back”, en la videoconferencia con jefes de Estado (Angela Merkel, Emmanuel Macron y Boris Johnson) en la que renovó el compromiso de su país con el artículo V de la OTAN, dio una clara señal de que su intención es volver a la mejor tradición de Estados Unidos.
En resumen, el bombardeo a las milicias proiraníes en Siria, la cancelación de visas a saudíes y la deportación del diputado a la AN de Maduro indican el compromiso del presidente Biden de “walk the talk” –hacer lo que dijo que haría– en su política exterior: el regreso del excepcionalismo estadounidense que se basa en la libertad, la igualdad ante la ley, la responsabilidad individual, el republicanismo, la democracia representativa y la economía del laissez-faire.
Por lo tanto, los regímenes que reten estos valores encontrarán de frente al nuevo gobierno de Estados Unidos y tendrán que atenerse a sus consecuencias. Por cierto, muchas de las herramientas que están siendo utilizadas para ello en las primeras de cambio corresponden a la administración Trump y no son otras que las sanciones.