Se acaban de anunciar los resultados de la negociación acordada en Barbados entre el oficialismo y la Plataforma Democrática opositora. Tal como era de suponer, voceros de ambas partes dan distintas interpretaciones a lo acordado, especialmente en el campo democrático donde la actuación del equipo negociador es objeto de muchas críticas que más bien están sirviendo para ahondar divisiones justamente a días del acontecimiento clave de mañana: las primarias.
Por tal razón, nos permitiremos hacer algunas precisiones que, inevitablemente, contendrán opiniones personales de este columnista cuya única ambición es el retorno de la democracia para nuestra Venezuela sin perjuicio de nuestro apoyo inequívoco a la candidatura de María Corina Machado.
En primer lugar, hay que estar claro en lo que es una “negociación” y lo que es una “rendición”.
Negociación es un “tira y afloje” en el que cada una de las partes aspira a un resultado, para el cual es necesario hacer algunas concesiones. Cada parte empieza con su “aspiración máxima” y concluye con un resultado práctico que suele estar ubicado más lejos o más cerca de esa aspiración máxima según sean las condiciones de la negociación, sus fortalezas o debilidades, la representatividad y habilidad de los negociadores, etc.
El concepto anterior difiere sustancialmente del de una “rendición”, que es cuando una de las partes ha conseguido una posición de predominio que le permite dictar las condiciones que la otra debe aceptar. Lo ocurrido en Barbados es una negociación. Lo ocurrido en Reims en mayo de 1945 y en Tokio en septiembre del mismo año son capitulaciones impuestas por la victoria militar de una de las partes -los “Aliados”- sobre la otra -Alemania y Japón-. No es el caso de Barbados, donde cada parte tuvo algo que ofrecer a cambio de algo que le interesaba.
A la luz de la diferenciación anterior este columnista estima que los resultados obtenidos distan de los aspirados por la oposición, pero no pueden ni deben ser valorados como una rendición ni mucho menos una traición a los ideales democráticos frente a un régimen dictatorial, tal como lo expresan algunos de los análisis más fundamentalistas de lo acordado. Ni la dictadura pudo eludir algunas de las aspiraciones de la contraparte (fecha de las elecciones, observadores, etc.) ni la delegación opositora pudo obtener todo lo que hubiera sido deseable. Por eso es que esto se denominó negociación, o sea, “dando y dando”.
Para poder evaluar el éxito o fracaso de una negociación es indispensable tener en cuenta las fortalezas y debilidades de cada parte y no solamente quién tiene la razón o quién está del lado “bueno”. Por eso es que la caracterización de las partes se definió como “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” y por la otra “la Plataforma Unitaria de Venezuela”, lo cual implica “malgré moi”, el reconocimiento que cada una de las partes hace de la otra. De no ser así nada se pudiera conversar ni mucho menos acordar.
El “gobierno” tiene fortalezas difíciles de ignorar: la estructura estatal, el control de los poderes públicos, de los recursos, de la fuerza etc. La oposición cuenta con un apoyo popular determinante; pero, por encima de todo, cuenta con la posibilidad de convenir en la suavización de las sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos que son las más gravosas. Valga aclarar que este último punto –nuestra fortaleza fundamental– no depende solo de nuestros negociadores sino de la aceptación por parte del gobierno de Estados Unidos, que, a través de su Departamento del Tesoro, es el que mantiene, flexibiliza o levanta las sanciones. Ya en las primeras horas ha podido comprobarse que esta realidad (nuevas licencias petroleras etc.) ha estado presente para el logro de las modestas concesiones obtenidas.
No debe dejar de tenerse en cuenta el asunto de la fecha en que los anuncios se han hecho. Una negociación que ha venido gestándose desde hace tiempo solo se anuncia días antes de las elecciones primarias, lo cual no puede interpretarse solo como una coincidencia sino -en nuestra opinión- como una estrategia del gobierno para producir precisamente lo que se está produciendo: discrepancia entre el bando opositor acerca de la bondad o no de los acuerdos alcanzados. Bueno sería pulsar la opinión de Roland Carreño, Requesens y demás presos hasta ahora liberados frente al apresurado otorgamiento de licencias de flexibilización expeditamente firmadas por la administración norteamericana.
Muy cierto es el hecho de que la delegación de la Plataforma Unitaria dista mucho de ser representativa del bando democrático cuando sus integrantes –que pudieron a lo mejor tener legitimidad en la etapa de México (2021)– hoy juntos no acumulan ni 10% del electorado, mientras la opción ultramayoritaria, María Corina Machado, concentra alrededor del 60% según casi todas las encuestas y también teniendo en cuenta que algunos integrantes de la tal Plataforma Unitaria han sido o son saboteadores abiertos o encubiertos del proceso de primarias sabiendo que su resultado no favorecerá a sus candidatos. De allí pues que MCM haya puesto sus más que razonables reclamos.
También es cierto que las reiteradas invocaciones a la “Constitución y la ley” que arropan las promesas hechas por el gobierno lucen como un “saludo a la bandera” siendo que la interpretación de ellas queda en manos de poderes que no son el Ejecutivo, pero que sí obedecen perrunamente a las órdenes de Miraflores, lo cual, de paso, revela sin rubor alguno lo que irán a ser dichas interpretaciones. Estimamos que en un verdadero “Estado de Derecho” tal monstruosidad no pudiera ni ser soñada, pero… en la Venezuela de hoy no existe el “Estado de Derecho”, lo cual expone todo lo acordado a unas interpretaciones que se expresarán a tenor de los dictados del régimen. Eso solo hace que este columnista dude más que razonablemente de la voluntad del gobierno de cumplir nada de lo acordado. Ya lo han hecho antes, varias veces. Las infames declaraciones de Jorge Rodriguez ofrecidas a poco de la firma del acuerdo así lo anuncian.
Para quienes estiman que nuestra opción democrática no logró mucho, vale la pena tener en cuenta que el tema de las sanciones tampoco lo controla la dictadura, sino que es el gobierno de Estados Unidos el que las administra, que la flexibilización o reinstalación de las mismas es a seis meses y sujetas a re-evaluación según el cumplimiento del calendario político y electoral acordado. Aquí vale la pena estar claros que esta decisión dependerá del interés de Washington, no del de Caracas y está claro que en la misma administración Biden hay duros (Blinken, Nichols,etc. y “ blandos” (Juan González); y también que con el estallido de la violencia en el Medio Oriente Venezuela ha dejado de ser el centro de la preocupación norteamericana.
En cuanto a las inhabilitaciones este columnista opina que el gobierno hará todo lo posible, e imposible, por mantenerlas, pues de levantarlas y enfrentar una elección libre su salida de Miraflores luce inevitable. En este punto también queda evidente que su solución dependerá de la evaluación que los distintos actores, incluyendo el gobierno norteamericano, hagan en cada etapa.
Por último, quede claro -desafortunadamente- que en esta situación no es suficiente tener la razón sino combinarla con las circunstancias. El gobierno, como es obvio, no quiere facilitar nada porque, si lo hace, sale de Miraflores como “corcho de limonada” listo para que sus referentes tengan que enfrentar al pueblo, a la justicia nacional e internacional y a la historia, en ninguno de cuyos planos saldrá bien parado.
Para la oposición, sin perjuicio de las opiniones más diversas, no está de más saber que por los momentos “esto es lo que hoy hay”,aunque lo deseable hubiera sido mejor. Así pues, opinamos que lo que todos debemos hacer es unirnos en torno a los escasos logros obtenidos y no dividirnos por lo que pudo haber sido.
@apsalgueiro1