No se compadece el extraordinario empuje opositor de un enero fulgurante con este angustiante diciembre que deja tras de sí una exhausta dirigencia, hoy obligada a resintonizarse con un país cada día mas escéptico.
El pasado mes de enero, prometedor y colmado de expectativas, tuvo sin embargo dos situaciones que -en su momento y aún hoy- pasaron y pasan una factura innecesaria. Una, la proclamación de Guaidó que debió llevarse a cabo en el seno de la propia AN, que evitara la “autoproclamación” que todavía le atribuyen no solo nuestros adversarios, sino también otros países, organismos y medios internacionales.
La otra, más importante, es la forma como fue concebido en algunos aspectos el “estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, aprobado por las fracciones políticas opositoras. De su texto, que desarrolla en su mayor parte cómo funcionará en esta atipicidad la AN, se infiere que la acción de gobierno del presidente encargado queda no solo bajo el constitucional control parlamentario, sino limitada y sujeta a las decisiones del Parlamento, asumiendo el órgano legislativo funciones ejecutivas que constitucionalmente no le corresponden.
Políticamente puede alegarse el carácter sui generis que implícitamente está contenido en el artículo 333 de la Constitución, base normativa del estatuto, sin embargo, consideramos que buena parte de los venezolanos nunca ha llegado a entender cómo un presidente (e) no ha podido ir mas allá, ejerciendo las facultades y tomando decisiones que su cargo le impone. Sin duda, esto ha hecho mella en el colectivo opositor cuando percibe un presidente supeditado, con poco margen de acción.
Hay otras consideraciones sobre el estatuto que han repercutido en el desempeño opositor. En lo que respecta a legitimación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, establece en el Artículo 23. que su designación será materia prioritaria para la Asamblea Nacional. Así como que el Comité de Postulaciones Electorales ejercerá sus competencias con la mayor celeridad posible, de modo que la renovación del CNE favorezca la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas, sin dilaciones indebidas que, una vez cesada la usurpación y conformado el gobierno provisional de unidad nacional, permitan la consolidación de la democracia. Este no es el mismo procedimiento que la AN establece cuando trata las elecciones parlamentarias, cuando no las condiciona al cese de la usurpación, dando como un hecho que se celebrarán en el último trimestre de 2020 con la designación fast track de unos rectores y con Maduro o algún otro chavista en el poder.
Ya abordando los hechos, es indudable que se operó un cambio positivo que le dio fuelle a la lucha opositora y marcó la pauta, con agenda propia, durante buena parte del año. Impensable que Guaidó llegase a tener el reconocimiento de más de 60 países, tal vez los más emblemáticos para la democracia. El Cucutazo, con toda la leyenda negra que se le atribuye, pudo revelar crudamente al mundo entero el drama venezolano. El 30 de abril, un paso en falso que dejó en evidencia más desespero que ponderación, tendrá un efecto aún no cuantificable puertas adentro en el sector castrense. Es cuestión de tiempo y de lectura de los hechos.
Empero, hay una fatiga inocultable que se maximiza con el descreimiento y pérdida de confianza que generaron dos hechos relevantes. La incorporación negociada de la bancada oficialista a la AN, fue un hecho inexplicable cuya aclaratoria aún esperan los venezolanos. Creemos que está enmarcada en la aludida elección parlamentaria sin condiciones. De ser así, el riesgo de que aumente el costo político para la dirigencia opositora sería por partida doble porque lo correrá si se llevan a cabo esas parlamentarias con Maduro en el poder, como también si las alientan y luego se retiran porque el tsj o la anc asumen arbitrariamente el proceso y son sorprendidos en una increíble buena fe.
El otro hecho, fue el previsible soborno de un grupo de diputados que hacían vida en la oposición. Cierto es que constituye una excepción pero devela que esa es una situación que pudiera complicar el escenario de la AN. El régimen no descansará hasta disminuirla y convertirla en un cascarón cuyo presidente quedaría deslegitimado tanto dentro como fuera del país.
Hemos sostenido que es impensable una usurpación hasta 2025. Venezuela no lo aguanta ni lo merece. También hemos dicho que la dirigencia opositora debe renovarse y reformular el método, la táctica y la estrategia. Lo podemos lograr.
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