El informe presentado por Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con fecha del 4 de julio, refleja un incuestionable compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y dejan al desnudo ante el mundo las abominables prácticas del régimen de Nicolás Maduro. El respaldo de 190 ONG de derechos humanos a su informe refleja claramente que no defraudó a los venezolanos, tampoco a las organizaciones ni al liderazgo político que confiaron en su imparcialidad. Solo unos pocos y serios críticos que se anticiparon a cuestionar su posición han reconocido su errada perspectiva; otros insisten en su absurda condena prejuiciosa.
Aunque los disparos provinieron de diferentes flancos, resultan especialmente preocupantes los procedentes de líderes que tienen mayor responsabilidad pública. Me refiero, sobre todo, a la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien afirmó que Nicolás Maduro obtuvo el reconocimiento esperado luego de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Dejó suspendida tan grave ligereza para arremeter con nuevos requerimientos respaldados, en la mayor parte de sus puntos, por Antonio Ledezma en tono menos conminatorio.
Nada nuevo ni muy posible. Retomar la ruta del 233, acabar con los diálogos de Noruega. Cortar vínculos con aquellos sectores que le ponen obstáculos para el ejercicio pleno de su Presidencia ejercida por el país y 54 países. Construir una coalición internacional liberadora con los distintos mandatarios de la región.
Por si fuera poco, agrega que debe llamar al presidente Donald Trump para decirle que pongamos en práctica la responsabilidad de proteger, al presidente Iván Duque y que tome su oferta de crear una alianza para desmontar con los cabecillas del ELN que funcionan en nuestro territorio, y al presidente Jair Bolsonaro para decirle que necesitamos todo el respaldo de las instituciones del gobierno de Brasil.
No faltó, por supuesto, la fantasía recurrente de la activación del artículo 187 (punto 11) de la Constitución, pero que ha sido derribada varias veces por parte de voceros autorizados del gobierno de Trump. Aspiración de una salida por la fuerza que ahora viene a encarnarse en la expectativa de la aplicación del TIAR, en cuya reincorporación viene trabajando la Asamblea Nacional y que merece consideraciones aparte.
De los dos importantes anuncios que se hicieron el domingo 7 de julio, el presidente encargado Juan Guaidó, el relacionado con el TIAR produjo algarabía en el radicalismo de carne y hueso, y en el virtual.
Confieso que no logro entender qué es lo que se está esperando del TIAR, sobre todo si tenemos en cuenta su trayectoria. Recordemos que fue un tratado impulsado por los Estados Unidos en pleno auge de la Guerra Fría para frenar cualquier intento de influencia soviética en el hemisferio occidental. Esta intención fue recogida sustantivamente en su artículo 3 al considerar que un ataque contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos.
Desde 1947 hasta el día de hoy solo se aplicó en 1962, cuando alegando la incompatibilidad de la ideología marxista-leninista ―abrazada por el gobierno de Fidel Castro― con el sistema interamericano, se expulsó a Cuba de la Organización de Estados Americanos, lo que a todas luces no incidió en su entronización política. A pesar de la conocida intromisión de Cuba en los asuntos internos de otros países, su expulsión fue aprobada por 13 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
La falta de respaldo de los Estados Unidos a la invocación del TIAR ―ante la guerra de Las Malvinas en 1982―, priorizando su alianza con Inglaterra y el posterior derrumbamiento del mundo socialista, arrastraron al tratado al basurero de la historia, independientemente de que la mayoría de los países del continente lo hayan abandonado de manera expresa.
Si entendemos la política como el arte de lo posible, el centro de la atención debería estar en la continuación de las conversaciones de Oslo, aun suponiendo que el gobierno de Maduro intente utilizarlo otra vez de manera artera y se niegue a llegar a acuerdos que signifiquen poner en riesgo su ilegítimo poder. Esto no le será tan fácil teniendo en cuenta el amplio respaldo con que cuenta la opción democrática venezolana en la comunidad internacional, así como el debilitamiento visible de sus escasos apoyos, en lo cual, no me cabe duda, influyó decisivamente el lapidario informe de Bachelet, que agradecemos.
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