Avance bolivariano en Argentina

El gobierno kirchnerista argentino no niega su ADN bolivariano y arremetió contra la justicia. Presentó, a modo de «aperitivo», un proyecto de reforma de la justicia que modifica la estructura general del fuero judicial al tiempo que blande una espada de Damocles como aviso a tribunales, jueces y fiscales y también a la Suprema Corte.

El primer paso es meterles miedo, crear inseguridad, para más adelante poner jueces amigos o meras marionetas.

Así ocurrió en Venezuela, donde Chávez siguió los pasos de su amigo fujimorista Vladimiro Montesinos y creó un Poder Judicial en que los magistrados eran «provisorios» y su permanencia dependía del Ejecutivo o sus huestes en el Congreso. Luego, ya ni eso fue necesario: los jueces respondían a las órdenes del mando. Pasa en Nicaragua y pasó en el Ecuador de Rafael Correa, el que dicho sea de paso fue condenado a 8 años de cárcel (está en Bélgica), y en la Bolivia de Evo Morales. Este había designado en la Suprema Corte a un juez amigo que para resolver los casos arrojaba hacia arriba una hoja de coca y según como caía, tomaba su decisión. Y no es cuento.

Alberto Fernández, presidente delegado, creyó del caso darle «seguridad, credibilidad y transparencia» al sistema. Nadie se lo cree y más cuando los cambios afectan a juzgados en donde, en más de uno, se procesan causas contra Cristina Fernández de Kirchner. El presidente habló de la “persecución política“ que se llevó a cabo desde los tribunales. A buen entendedor pocas palabras bastan.

Y no se quedo ahí: propuso la creación de un cuerpo integrado por once juristas con el cometido de asesorar “al presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, además de otros temas. Desde ya entonces que quedan notificados la Corte Suprema y el Consejo: si no se portan bien vendrá otra reforma judicial y ahí se barre con todo.

Curiosidad: el Consejo de la Magistratura encargado de la selección de los jueces, respondiendo a un reclamo kirchnerista, acaba de cuestionar los destino de 10 jueces federales. Tambien alguno de ellos a cargo de causas contra la «jefa».

Pero la joya de la corona es que uno de los 11 integrantes del consejo asesor presidencial es el abogado defensor de Cristina K. Seguro que con funciones  de “veedor” de los otros diez y de Alberto Fernández, también.

Imagine el lector cuáles serían las repercusiones si a las Cortes Supremas se les ocurriera formar consejos de expertos para asesorarlas sobre el «manejo del Ejecutivo» y sobre eventuales cambios en su composición y funcionamiento. Qué dirían Fernández y Fernández, por ejemplo. Y seguro que en caso de estos el Consejo haría una fiesta.

Hay un hecho cierto y es que la justicia argentina no es muy creíble. No lo era durante el kirchnerismo anterior ni después con Macri: nadie se explica por qué Cristina no fue presa, por qué se le permitió burlarse de la Justicia y por qué su hija Florencia, también procesada, no se presentó y dio parte de enferma instalada en Cuba. Ahora se pavonea por Buenos Aires. Ganó su mamá y sanó.

Todo un «progresismo mágico», ¿no?

La oposición ha hecho una convocatoria popular para el primero de agosto contra este proyecto, del que dicen que “uno de sus objetivos es alivianar la carga en materia judicial que pesa sobre la vicepresidenta de la nación, Cristina K”.  Eso y mucho más.

Habrá que esperar para ver cómo están las «fuerzas». El presidente viene cayendo en las encuestas, el tema de la deuda sigue duro, la pandemia se agrava, la seguridad hace agua, la economía no se arregla con discursitos y la situación de la gente no se arregla con subsidios y emisión de respaldo. Aun así, nada está dicho: los peronistas son capaces de lograr cualquier cosa. No consiguieron beatificar a Evita, pero no es difícil que lo logren con Cristina.

Ahora tienen a Francisco, que es kirchnerista.