El régimen de Nicolás Maduro ha mostrado astucia al intentar imponer su versión de los eventos recientes. A pesar de que una simple búsqueda en Google revela numerosas noticias que apoyan la narrativa del golpe de Estado que el régimen ha promovido, pocos países han condenado esta alegación. En realidad, la comunidad internacional es consciente de que no hubo un golpe de Estado, sino un autogolpe promovido por el mismo régimen para justificar su poder.
Según el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, se habría producido un supuesto golpe de Estado, una justificación utilizada para respaldar la proclamación de Maduro. Sin embargo, las verdaderas causas de los disturbios fueron las manifestaciones del pueblo en protesta contra el fraude electoral, las cuales fueron respondidas con represión violenta por parte del régimen.
El régimen aprovechó la situación para movilizar al ejército y forzar la imposición de Nicolás Maduro. El proceso legal fue ignorado, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado por Elvis Amoroso, no cumplió con su función de garantizar la equidad y el acceso a las actas de escrutinio. La proclamación de Maduro por parte del CNE fue seguida por un manifiesto de apoyo de las fuerzas armadas.
Este acto, que no respetó el debido proceso legal, puede considerarse técnicamente como un golpe de Estado. La represión sangrienta contra el pueblo que protestó evidenció la brutalidad del régimen y la profunda crisis en el país. En la práctica se impuso un toque de queda que eliminó todas las garantías constitucionales, aunque no de manera formal. Los ciudadanos fueron testigos de una persecución y terrorismo de Estado que resultó en muertos y heridos, representando una eliminación efectiva de las garantías constitucionales.
El régimen ha demostrado un cinismo notable al utilizar la narrativa del golpe de Estado para legitimar su uso de la fuerza. Además, han inventado historias sobre un golpe de Estado «virtual» que, afirman, se comunicó a través de redes sociales. Esta estrategia de desinformación ha sido usada para justificar la represión que ha llevado a miles de arrestos arbitrarios.
El régimen ha intensificado su amenaza contra cualquier ciudadano que sea percibido como crítico de Maduro. Los detenidos enfrentan condiciones extremas y, si se encuentran mensajes en sus teléfonos o redes sociales que mencionen a Maduro de manera negativa son considerados «terroristas» y arrestados sin piedad.
Las elecciones del 28 de julio han desvelado la verdadera naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Anteriormente, a pesar de las denuncias de dictadura y las quejas ante la Corte Penal Internacional, el régimen contaba con una legitimidad derivada de elecciones en las que la oposición no participó. Esto le otorgaba un cierto reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, el reciente fraude electoral, que ha culminado en un golpe de Estado respaldado por las fuerzas armadas, ha institucionalizado formalmente la dictadura de Maduro. Esto debería llevar a una reevaluación en la forma en que los países interactúan con el régimen, considerando un aislamiento similar al que enfrentaron figuras como Augusto Pinochet o el régimen de apartheid en Suráfrica.
La situación es extremadamente dura para el pueblo venezolano, que ha sufrido la represión de Maduro por expresar su rechazo. Antes del 28 de julio, Maduro quizás no conocía el tamaño del repudio que enfrentaba; ahora, al saber que más de 80% de la población está en su contra, ha decidido vengarse. Esta venganza se manifiesta en una represión que afecta a todos los segmentos sociales, extendiéndose desde la clase media hasta los sectores más populares.
La represión se ha intensificado, incluso contra antiguos aliados y miembros de su propio partido, como Juan Barreto y otros exfuncionarios, así como contra el candidato Enrique Márquez, a quien se le ha amenazado con arresto por su supuesta participación en una conspiración. Esta situación es delicada y refleja un intento desesperado de consolidar el poder a través de la represión.
El régimen de Nicolás Maduro proclama la paz mientras, en realidad, perpetúa una violenta represión. Figuras como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Freddy Bernal, entre otros, proclaman la paz, pero sus acciones demuestran lo contrario. Estos individuos, junto con funcionarios de menor rango, están implicados en amenazas y represión contra el pueblo venezolano. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, un militar encargado de imponer la paz a través de terrorismo de Estado, es otro ejemplo claro de la naturaleza dictatorial del régimen.
El uso del Tribunal Supremo de Justicia para la persecución legal también forma parte de esta estrategia. A través de su presidente, el TSJ ha citado a líderes de la oposición para interrogatorios, con el objetivo de crear terror y buscar el arresto del presidente electo Edmundo González y de la líder María Corina Machado. Aunque la comunidad internacional ha intervenido para proteger a estos líderes, el régimen de Maduro busca desesperadamente el apoyo de aliados para que reconozcan su legitimidad.
Las instituciones internacionales de prestigio han revisado las actas de escrutinio proporcionadas por la Plataforma Unitaria y han concluido que Edmundo González es el verdadero ganador de las elecciones. Este hallazgo ha sido respaldado por el Centro Carter y otras organizaciones destacadas, así como por numerosos países democráticos alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, y otros miembros de la OEA. Estas conclusiones refuerzan la falta de legitimidad en la proclamación de Nicolás Maduro y subrayan el aislamiento del régimen en la comunidad internacional.
El pueblo venezolano está enfrentando una crisis profunda. Si no se toma una medida que restaure el orden constitucional, proclamando al verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González, la situación podría desestabilizar aún más la región. Esto podría conducir a un incremento de las migraciones y a un mayor descontento social, con potenciales consecuencias para la estabilidad de la región.
Hasta ahora, ninguna nación ha cerrado completamente la puerta a la diplomacia con el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de las evidencias de su dictadura. La situación es aún más complicada porque la dictadura no se limita a Maduro; es una maquinaria que involucra a una red extensa de actores, desde miembros de la base política del PSUV hasta alcaldes, gobernadores, ministros y directores de cuerpos de seguridad. Estos individuos están profundamente implicados en la violencia estatal que ha resultado en víctimas fatales y miles de arrestos y persecuciones.
Maduro ha contado con el respaldo de altos cargos militares y civiles que han sido responsables de la represión. Estos actores, documentados por organizaciones de derechos humanos, ya tenían antecedentes de delitos, y los eventos del 28 de julio han sumado nuevas acusaciones en su contra. La complicidad entre todos estos elementos ha permitido que se desconozca la voluntad popular, expresada claramente en el voto que eligió a Edmundo González.
La magnitud del problema supera a Maduro como individuo; se trata de una estructura de poder organizada para perpetuar la represión. La viabilidad de una amnistía para Maduro, considerando los crímenes cometidos después de las elecciones, es cuestionable y requiere un análisis profundo sobre a quiénes podría abarcar y cuáles serían sus implicaciones.
La comunidad internacional debe presionar para que el sistema en Venezuela acepte los resultados electorales y se restablezca la legalidad. En este contexto, se espera que una fórmula creativa pueda desbloquear la situación. Sin embargo, en el corto plazo, la presión internacional será crucial para forzar un cambio. La disposición de actores clave como Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea será determinante en la búsqueda de una solución viable para esta crisis.
@estebanoria