Nicolás Maduro y su camarilla se dieron cuenta muy tarde del tremendo autogol que se habían metido al aceptar, de manera expresa en el Acuerdo de Barbados, que la elección primaria de la oposición se realizara en paz y sin contratiempos mayores. Esa fue una de las varias exigencias de la contraparte estadounidense durante las negociaciones previas (las verdaderas) con la alta dirigencia del chavismo, como condición sine qua non para flexibilizar las sanciones económicas.
Obvia es la premisa de que, si Jorge Rodríguez se tomó la molestia de ir a Barbados y entenderse con su contraparte de la Plataforma Unitaria, no fue precisamente por la vocación democrática de la cúpula en el poder.
Pura y sencillamente, la razón de peso que permitió ese convite entre gatos y perros tuvo que ver con eso que llaman flujo de caja. Así será la situación precaria en la que se encuentran las arcas del régimen que ni siquiera su estratégica alianza con las principales potencias desestabilizadoras del orden mundial (China y Rusia), lo salvó del bochorno de tener que tragarse, al menos por ahora, su discurso antiimperialista y “bolivariano”.
El cuento es que, previo a la pifia, y en sintonía con los cálculos siempre maquiavélicos atribuibles al gobierno de facto, ya éste había concluido que firmar los acuerdos el 17 de octubre -unos días antes de las primarias-, no representaba mayor riesgo, porque, igual, su resultado sería catastrófico para la oposición.
El detalle es que, para sorpresa e ira de las huestes del régimen, la cosa salió como menos lo pensaron, y un poquito más del 10% del registro electoral (2,3 millones de valientes y decididos electores) ratificó a María Corina Machado como la nueva e indiscutible líder de la oposición.
La rúbrica de Barbados es una muestra de que, en ciertas ocasiones, las sanciones económicas pueden surtir el efecto deseado. No obstante, aun cuando hablamos de una acción forzada por las circunstancias, era previsible que las malas intenciones y las trampas no iban a dejar de acompañar la movida del régimen.
Entonces, ante el impacto que en la opinión pública nacional e internacional causó el ejercicio democrático del 22 de octubre, comenzaron los movimientos desesperados del régimen. El mismo Jorge Rodríguez, ya había adelantado, horas después de la firma del “Acuerdo Parcial de Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”, que nada de lo allí estipulado podría interpretarse como una habilitación a María Corina Machado.
La histeria de Jorgito llegó a su clímax cuando al día siguiente de la firma del Acuerdo –por cierto, poco después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro gringo, diera luz verde a la licencia general para las transacciones relacionadas con el petróleo, gas y oro en Venezuela– altos voceros de la administración Biden, incluyendo a su secretario de Estado, conminaran a Maduro a cumplir los términos que se desprendían del compromiso de Barbados; es decir, acogerse a la hoja de ruta político-electoral ya iniciada, liberando a los presos políticos, incluyendo los cautivos estadounidenses, y levantando la inhabilitación a MCM, todo esto antes de finales de noviembre.
Palabras más, palabras menos, todo el coro de fieras heridas del régimen vociferó que el gobierno revolucionario no era ni sería nunca sujeto de chantaje, con Jorgito Rodríguez en primera línea.
Luego vino lo peor unos días después. Conforme a los inesperados y avasallantes resultados del 22 de octubre, comenzaron a chillar y a cantar fraude Cilia Flores, Diosdado, los hermanos maravilla y el mismo Maduro. Que esos números anunciados eran una fábula y que la oposición había defraudado a sus “pocos” seguidores (según ellos, no más de 600.000l). Al notar que los berrinches no estaban haciendo el trabajo, la Fiscalía arremetió contra los directivos principales de la Comisión Nacional de Primaria, y es cuando son citados su presidente, el doctor Jesús María Casal, y a la vicepresidenta, Mildred Camero.
Eso tampoco era mucho, así que se concretó lo que todo el mundo había olvidado. El Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo una más de las solicitudes del alacrán del régimen,José Brito, suspendió todos los efectos legales de cada una de las faces del proceso de primarias y de su resultado. Es decir, lo que ocurrió el 22 de octubre nunca se había producido hasta nuevo aviso.
Detrás de toda esta historia del Acuerdo de Barbados, aunque no están expresamente señalados en su texto, hubo en todo momento dos temas fundamentales para el régimen: el levantamiento de las sanciones e impedir a toda costa la participación de MCM en las presidenciales de 2024.
¡Yo no firmé eso!
Al parecer, los representantes de Nicolás Maduro en Barbados no firmaron el acuerdo que, todos, garantes, testigos, negociadores de la oposición y prensa nacional e internacional, leyeron e interpretaron en su justo e inequívoco significado. Jorgito Rodríguez lo que firmó fue un documento para la libre y conveniente interpretación de un régimen que nuevamente nos muestra su naturaleza tramposa y perversa.
En sí, Barbados fue un escenario dibujado por el régimen para enviar un mensaje: nos mantenemos dentro del formato de México negociando con factores de la oposición ajenos al movimiento político que representa María Corina Machado y su partido Vente Venezuela, reforzando indirectamente su obstinada determinación de mantener la inhabilitación de esta última.
Lo que firmó el máximo enviado de Maduro fue la interpretación a la medida del apartado 11 del acuerdo que habla de la autorización que las partes promoverán para facilitar la participación de candidatos y partidos políticos en la elección presidencial, atendiendo a los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Es decir, la ley como ellos la conciben y aplican a la fuerza.
¡Ah! y, por supuesto, el régimen no parece haber firmado el apartado Primero del acuerdo en el que “Las Partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley”.
Un panorama incierto
No cabe ninguna duda acerca de la fragilidad que acompaña a los acuerdos de Barbados.
Por un lado, tenemos a un régimen dispuesto a incumplir los términos y espíritu del texto negociado, enfocado únicamente en el interés y objetivo de lograr la desactivación de las sanciones que le permita contar con los recursos necesarios para su empresa electoral y populista de 2024.
En el seno de la administración Biden se están barajando varios escenarios. Uno de ellos es si se debe cumplir con la amenaza de activar de nuevo las sanciones en caso de que Nicolás Maduro no se atenga a la hoja de ruta electoral planteada en Barbados, que incluye, según lo entendido por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, la habilitación de María Corina Machado. Una exigencia que difícilmente el régimen podrá aceptar por sus obvias implicaciones: una derrota segura en las elecciones presidenciales de 2024, aun bajo condiciones no óptimas para la oposición.
La decisión del TSJ de desestimar los resultados de elección primaria se presenta como un verdadero escollo en el tránsito hacia el 2024.
El otro escenario, uno que cuestionaría el poder real de la Casa Blanca de influir en las decisiones de Miraflores, convendría en mantener la flexibilización de las sanciones por los seis meses acordados, aun cuando el régimen de Maduro no ceda en el tema de las inhabilitaciones.
Para algunos asesores del presidente Biden, restituir las sanciones sería volver al mismo punto de partida, con lo que, de alguna manera, la ruta electoral pensada para salir de la crisis que sigue envenenando a Venezuela, se vería seriamente retrasada. Muchos temen que este escenario podría significar que, a cambio de mantener las licencias generales para los sectores del petróleo, el gas y el oro, Nicolás Maduro estaría dispuesto a liberar a todos los cautivos estadounidenses que se encuentran en las mazmorras del Helicoide. Una transacción que no sorprendería a nadie, dada la política que ha venido mostrando Estados Unidos respecto a sus ciudadanos retenidos en el exterior, y la experiencia previa del intercambio que involucró a los narcos sobrinos de la pareja presidencial venezolana.
Además, la coyuntura geopolítica mundial, con un Medio Oriente encendido por el conflicto palestino-israelí que amenaza con escalar a dimensiones impensables y afectar al mercado energético mundial – sin dejar a un lado la interminable guerra en Ucrania -, podría mover al gobierno de Estados Unidos a mirar hacia el otro lado y mantener su decisión de flexibilizar las sanciones, beneficiando inevitablemente al régimen madurista.
La buena noticia es que, a la posición de fuerza que había obtenido la oposición venezolana de cara a los acuerdos de Barbados, gracias a la presión y mediación de los Estados Unidos, se le ha sumado –a partir del 23 de octubre– el factor de peso que representa María Corina Machado como indiscutible nueva líder de la lucha para derrocar electoralmente al régimen madurista.
No obstante, hay un análisis que apunta a que la reforzada irrupción de MCM a raíz de su victoria electoral, plantea un escenario complejo respecto a la continuidad de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de facto, sin obviar la posible repercusión que tendrá en la implementación de los acuerdos firmados. En su nueva posición, catapultada por el voto popular, ya MCM ha entrado en contacto con Gerardo Blydes con el fin de redefinir las estrategias de rigor.
La mala noticia para Nicolás Maduro y su régimen es que a partir del 22 de octubre los astros parecieran estar perfectamente alineados: el apoyo popular indiscutible y mayoritario a María Corina Machado, la presión que se espera mantenga el gobierno de Joe Biden a través del expediente de las sanciones y el consenso de gran parte de la comunidad internacional que observa en los acuerdos de Barbados y futuras negociaciones la salida más idónea a la crisis existencial de Venezuela.
Está por verse si el otro eslabón que falta, la incorporación honesta del resto de los factores de la oposición en torno a la nueva causa democrática, ya anunciada por algunos líderes y partidos, se podrá mantener “hasta el final”.
Pero, la última palabra la tendrá el régimen que deberá decidir si se mantiene dentro de la hoja de ruta electoral trazada en Barbados, obteniendo a cambio la definitiva flexibilización de las sanciones, o si, después de la evaluación de rigor, considera que el costo político de habilitar a MCM le resulta imposible de asumir.