El advenimiento del siglo XXI ha venido aparejado de muchos cambios, no solo por el uso creciente de los nuevos instrumentos y procedimientos productivos que nos proporciona la aceleración y progreso de la moderna tecnología, sino también en los paradigmas y nuevas formas de organización para relacionarse, entre sí, que vienen estableciendo los países del mundo y las instituciones internacionales en todas las áreas, especialmente, en la política, la vigencia de más y mejor democracia, la independencia de los poderes públicos, la justicia, los derechos humanos, la educación, la libertad de prensa y de pensamiento, la salud, el medio ambiente y la ecología, demografía, brechas socioeconómicas, las relaciones económicas, financieras, comunicacionales y comerciales. Asimismo, toma gran fuerza la noción de supranacionalidad que paulatinamente se impone sobre la hegemonía del Estado Nacional; es el establecimiento de un conjunto de principios y regulaciones para definir las reglas de comportamiento que las sociedades deben observar, cumplir y hacer cumplir; igualmente, se establece la capacidad condenatoria y disuasiva de los Estados frente a las conductas irregulares de otros Estados. Todo lo que habíamos conocido hasta ahora ha venido cambiando vertiginosamente y exige, a las distintas sociedades que cohabitan el planeta, una importante capacidad de adaptación a las nuevas realidades que emergen con velocidad inusitada.
Manejar adecuadamente la inserción de los Estados nacionales en el nuevo todo que se ha venido creando, demanda de estos, la elaboración y formulación de visiones estratégicas dinámicas y cónsonas con las nuevas necesidades de sobrevivencia, desarrollo, prosperidad y cabal comprensión de sus ciudadanos. En otras palabras, es menester organizar, coordinar y canalizar el uso de los recursos disponibles, evaluar las capacidades y viabilidades propias de cada realidad y mantener y adoptar una actitud abierta para identificar, con anticipación, los cambios en el entorno en el que se desenvuelven esas sociedades y prepararse para asimilarlos proactivamente. En tal sentido, el análisis de tendencias y escenarios posibles situacionales y de mediano y largo plazo que alertarán a los países y propenderán a reducir la incertidumbre y facilitar una mejor identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, en las acciones que se realicen y obtener, de una manera más certera, un comportamiento deseable y necesario. Los países que cumplan positivamente con las nuevas exigencias de la globalización serán los más exitosos y con capacidad de influencia en el devenir de la humanidad; por el contrario, los que no lo hagan quedarán pasivamente estancados en la pobreza y marginados de las grandes decisiones de la comunidad internacional.
Ante esa abrumadora realidad, la acertada inserción venezolana en el tren del progreso mundial se ve muy comprometida y presenta muchas interrogantes; el régimen que nos desgobierna tiene, por una parte, un evidente rezago en la habilitación de las medidas que debe adoptar para estar a la altura de los nuevos tiempos y, por la otra, no tiene la capacidad ni la voluntad política para dar los pasos necesarios para tales fines.
En efecto, en primer término, la comunidad internacional y nuestro país han conocido el contenido del informe ordenado por la ONU (“Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”) que reseña las graves violaciones de los derechos humanos que se efectúan en Venezuela por mandato de los criminales de “lesa humanidad” de la “nomenklatura” gobernante.
Por otra parte, el régimen pretende realizar unas elecciones parlamentarias con unos partidos políticos confiscados y convocadas ilegalmente por un CNE írrito y apoyadas por un Tribunal Supremo de Justicia también ilegal y espurio; además desconocidas de antemano por la comunidad internacional. Asimismo, el régimen trata de hacer aprobar por la espuria asamblea constituyente una ley, denominada “Ley antibloqueo”que ha sido calificada por renombrados y reconocidos juristas venezolanos (Alan Brewer Carias, Luis Brito García y Juan Manuel Raffali, entre otros) como una monstruosidad jurídica profundamente violatoria de la Constitución Nacional.
Estos hechos, aunados con las situaciones de anteriores violaciones del derecho y legalidad, internacionalmente conocidas, colocan en entredicho la legitimidad del régimen de Maduro y le generan un amplio rechazo y severas críticas de la comunidad internacional.
El régimen pareciera no percatarse de lo que ocurre en su entorno, no ha entendido lo que está sucediendo o simplemente se trata de una perversa actitud para dejar al país al margen del progreso y la modernidad para hacer de sus ciudadanos vasallos acríticos y absolutamente dependientes de las canonjías que discriminadamente dispensa el gobierno a los que le ofrecen total obediencia y lealtad.