Nicolás Maduro mediante resolución del mes de mayo de 2017 decretó en nombre del Poder Ejecutivo la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela conforme expresa el documento incluido en la Gaceta Oficial de ese día para elaborar una novísima Constitución Nacional.
Al ser esta función de la exclusiva responsabilidad de la Asamblea Nacional, cualquier iniciativa en tal sentido es írrita porque viola los procedimientos y estatutos establecidos para tal fin.
A pesar del rechazo nacional por usurpar los quehaceres de la Asamblea Nacional debidamente constituida y sus representantes los diputados electos apegados a la Ley de Procedimientos Electorales; dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y funcionarios del Ejecutivo convocan a elecciones para el 30 de julio de 2017, cuando escogieron los diputados constituyentes. La oposición llamó a no asistir.
A pesar del éxito declarado sobre la cita por el oficialismo, la realidad no puede ser ocultada y la ausencia de miembros del padrón electoral en las mesas de votación dio fe del estruendoso fracaso.
Apenas entran en función en los días iniciales de agosto de 2017 violentando los predios del Poder Legislativo apoyado sobre la armas de la república, muestran que su verdadera intención es rivalizar sobre las funciones parlamentarias generando resoluciones contrarias a derecho sobre aspectos administrativos, situándose cada vez más distante del trabajo popular por la nueva carta magna apegándose al cobro de salarios, asistir a saraos como estar presente solo cuando su mandador Maduro requiere cumplan instrucciones.
No guardan siquiera las apariencias y es así como observamos que países relacionados con el ejercicio del poder democrático se distancian de la administración comunista rechazando el coraje de intentar sustituir bajo subterfugios de salón al poder que elabora las leyes en el país suramericano electos soberanamente.
La reciente aprobación de una ley a la cubana, hasta en la redacción, por parte de la ANC nominada Ley Antibloqueo por las sanciones de Estados Unidos decretó de hecho por la incondicionalidad de sus constituyentes la muerte política de ellos, y la desaparición del ente en funciones. Solo el asistente Telémaco Figueroa levantó su voz para pedir que la redacción en cuestión no violara los derechos humanos, la nacionalidad y el país como patria. Lamentablemente le mandaron a callar.
Con el visto bueno del legajo antibloqueo se fortalece la Asamblea Nacional por lo democrático de su desempeño.
Nicolás Maduro se ubica de ahora en adelante por encima de las instituciones, pudiendo utilizar con mayor severidad física castigos de no acogerse el común de los ciudadanos a sus designios y caprichos aun a costa de su vida.
Con esta ley los llamados “fines inconfesables” dejarán de ser una expresión para constituirse en un procedimiento, como por igual intentarán los leguleyos del régimen poner en desuso el estado de derecho, como la incondicionalidad ante el mandato ejecutor será manto de impunidad como un atributo que bien podría convertirse en una licencia para cometer cualquier fechoría.
A criterio de entendidos, en materia económica el país se los distribuirán por sus riquezas entre sus aliados, siendo los allegados al cónclave Maduro-Flores los más beneficiados.
Las manifestaciones de calle recibirán severas imputaciones y la detención por supuestos delitos a futuro contra el Estado podría llevar largo tiempo de retención sin ser procesados los señalados conforme enuncia el código de procesamiento criminal.
Nicolás Maduro solo esperaba la decisión de la Unión Europea a su favor, lo cual no aconteció, para introducir este proyecto de conducción que constituye una camisa de fuerza para la vecindad.
Quienes creemos en la libertad plena y en su nombre comprometernos a la difusión veraz y oportuna de los hechos nos imponemos como norma de vida luchar por los derechos universales del hombre, como a quienes cometan delitos de lesa humanidad llevarlos ante la justicia penal internacional.
Vienen momentos difíciles, como muestra la reposición de la causa para quienes están imputados en calidad de autores materiales por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo: Antonio Ascanio y Estiben Zárate. También el no permitirle al miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Telémaco Figueroa disentir sobre la Ley Antibloqueo.
Solo unidos saldremos de esta tiranía comunista en Venezuela.