La recesión económica argentina pareciera haber llegado este año a su fin. Un informe del BBVA, del 10 de diciembre de 2024, concluye que la recuperación de la actividad económica y el buen entorno financiero, en un marco de equilibrio fiscal y disciplina monetaria, permiten afirmar que lo peor de la crisis ya pasó. “El balance fiscal terminará el año en equilibrio tras 15 años de déficit” afirma. El informe de noviembre del Centro de Investigación de Economía Global de Deloitte coincide con el informe del BBVA en consignar que Argentina inició en 2024 un proceso de estabilización de su macroeconomía.
Aunque se estima que el PIB real se contraiga 3,5% en 2024, debido al realineamiento de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos, se espera que la economía crezca 5% en 2025. Argentina es la tercera economía más grande de América Latina, con un producto interno bruto de aproximadamente 640.000 millones de dólares.
Entre las varias acciones previstas en este proceso de estabilización están, sin duda, las orientadas a lograr el equilibrio fiscal y la eliminación de la emisión monetaria. La reducción de la burocracia, el estricto control de la oferta monetaria, el llamado a participación del sector privado, las conversaciones y acuerdos para el pago o el refinanciamiento de la voluminosa deuda argentina han tenido efecto visible en la economía real y en los niveles de confianza, tanto dentro del país como entre los inversionistas y las instituciones financieras, las tradicionales y las que tienen ya su lugar en el mercado globalizado.
Una visión más allá de las estadísticas nos lleva a las políticas. Se trata, en efecto, de una visión que, sin dejar de ocuparse del corto plazo, se plantea un horizonte de largo plazo, un modelo en el que prevalecen las libertades, el valor de las instituciones, la separación de poderes, la iniciativa privada y los derechos. Se trata de recuperar una visión del Estado como promotor y animador de la economía, un Estado moderno, no recargado de funciones, no colmado de burocracia, ágil y efectivo.
La estabilidad y el crecimiento en un esquema así sienta sus bases en la confianza, en la ley, en el ejercicio de la justicia, en la iniciativa privada, el emprendimiento, la innovación, la generación de puestos de trabajo, la educación para la productividad, el juego político honesto en el que caben tanto el diálogo y la concertación como el derecho a la discrepancia.
Refiriéndose a Argentina, la OCDE, en su informe actualizado de octubre de este año, destaca que la recuperación proyectada para 2025 y 2026 dependerá de la implementación de las reformas necesarias, como la mejora de la gobernanza y la focalización de los programas sociales. Y añade que la mejora de la competitividad responderá a la aplicación de reformas estructurales más profundas, como la eliminación de barreras al mercado y la promoción de una mayor competencia. La posibilidad de que esto sea efectivamente así está dada en Argentina, puesto que se trata de un país en donde impera la separación de poderes y el respeto a las instituciones.
Se dirá que el costo que han pagado los argentinos por los ajustes introducidos ha sido enorme. Prevalece, sin embargo, la visión realista de una ciudadanía que entiende el nivel de las urgencias y el esquema de derechos y de responsabilidades propuesto. Para ellos, como para cualquier país urgido de superar una crisis profunda, el imperativo no puede ser otro que gestionar eficazmente el corto plazo y, sobre todo, restablecer la credibilidad y la confianza, pilares indispensables para la construcción del futuro.