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Hace unos días, tuve el honor y el placer de ser forista, junto con el experto en cine Alfonso Molina y el defensor de derechos humanos Raúl Cubas, víctima sobreviviente de torturas en la terrible Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), luego de ver la excelente película Argentina 1985. El filme ganó el Globo de Oro , recibió otros reconocimientos y estuvo nominada al Oscar. La recomiendo ampliamente por su contenido fidedigno sobre los hechos y por ser de gran valor jurídico y filosófico para la memoria histórica.
El evento se realizó gracias al patrocinio de la Embajada de Argentina en Venezuela, la Fundación Margot Benacerraf, Ideas de Babel y Gran Cine, en el Trasnocho Cultural de Paseo Las Mercedes. ¡Un lleno total! Mucha gente quedó por fuera. Ojalá pueda repetirse.
La película es excelente. Muy bien actuada y con un guion jurídica e históricamente correcto y fiel. Con momentos divertidos, a pesar del drama que desarrolla. También es conmovedor escuchar los testimonios de casos reales.
La trama histórica es esta: luego del colapso de la dictadura cívico-militar de Argentina del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, que se inició en 1976 con el golpe cívico-militar que entronizó los gobiernos dictatoriales de los militares Videla, Viola, Galtieri y Bignoni, hasta 1983, cuando comenzó la era democrática con el ascenso de Raúl Alfonsín a la Presidencia del país. La transición a la democracia fue la clave que permitió adelantar este caso.
El jurista y filósofo Carlos Nino fue quien concibió el Juicio a las Juntas. Hizo uso de la teoría de Hanna Arendt sobre el mal radical kantiano aplicado al nazismo, para reinterpretarlo y aplicarlo a lo acontecido en Argentina durante la infausta dictadura cívico-militar desde Videla hasta Bignoni. Así las cosas, el llamado “mal absoluto” está encarnado en las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos efectuadas desde el Estado. Es lo que se puede llamar crimen de lesa humanidad o genocidio. Nino escribió el libro Un país al margen de la Ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino, donde expone su tesis de la anomia estatal.
Alfonsín debió cumplir con su promesa electoral: la rendición de cuentas de la dictadura cívico-militar por sus crímenes durante lo que se llamó la “guerra sucia” y el terrorismo de Estado, contra una parte significativa de la población.
Se trataba de un conflicto planteado desde la extrema izquierda y el peronismo, pero contrarrestada con un abuso brutal e inaceptable desde el Estado, el cual estableció el terror como política estatal sin aplicar las leyes vigentes para contrarrestar la insurgencia, el secuestro, los asesinatos y demás atrocidades. La izquierda extrema ejecutó una guerra revolucionaria y violenta, según sus dogmas ideológicos, y los militares cometieron actos criminales clandestinos, fuera del orden constitucional y legal argentino, en su represión. En fin, fue una etapa de irracionalidad y odios desatados que dejó profundas heridas, aun sin cicatrizar.
Primero se creó la Comisión Nacional sobre Desapariciones (Conadep) presidida por el escritor Ernesto Sábato que hizo un trabajo excepcionalmente bueno de documentación de casos y testimonios de víctimas.
Luego de despejado el camino procesal, debido al rechazo inicial de la jurisdicción militar de enjuiciar a estos jerarcas y que la rama civil se encargara de proseguir la investigación, Videla expresó que en Argentina había una guerra interna; en su defensa dijo esto: «Fue una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones del propio Estado argentino… Me niego a aceptar que fue una guerra sucia. Las guerras defensivas, como la que hubo en nuestra patria, son en general guerras justas.»
Olvidaban los militares que en todo conflicto hay una serie de conductas prohibidas en el orden interno e internacional. Como establecen los Convenios de Ginebra y sus Protocolos. En específico, el Protocolo Adicional II de 1977 se refiere a los conflicto NO internacionales, guerras civiles, etc.
Tocó al fiscal Strassera y a su joven e inexperto, pero muy inteligente y sagaz, adjunto Luis Moreno Ocampo armar un equipo de investigación de jóvenes abogados que se apoyó en la documentación de la Conadep.
Ese trabajo se pudo armar en poquísimo tiempo para presentar 709 casos con sus pruebas: fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión e inhabilitación perpetuas; Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión. Las condenas fueron por graves delitos por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976. La sentencia completa es un documento trascendental.
Lo más notable de este proceso es que se usó para ello la legislación penal ordinaria, con los delitos de homicidio calificado con alevosía y reiteración, secuestro extorsivo, robo, tortura, extorsión, falsedad ideológica, usurpación, supresión de documentos públicos, reducción a servidumbre, sustracción de menores.
Para entonces no existía el tipo penal de genocidio y crímenes de lesa humanidad en la legislación argentina. Esto demuestra que, aun cuando no se cuente con la legislación adecuada al Estatuto de Roma de la CPI, se puede hacer justicia, evadiendo las estrategias de encubrimiento y negacionismo. Es cuestión de tener la voluntad de hacerlo en un sistema democrático, bajo el Estado de Derecho y en paz. Esto ha ocurrido en otros países también, respecto de actos criminales perpetrados por militares.
Las penas aplicadas a varios de los imputados fueron de cadena perpetua para varios de los acusados, prisión por varios años, destitución e inhabilitación perpetua, pago de las costas. Hubo absolución respecto de varios delitos expresados en la acusación fiscal.
El fiscal Strassera, su adjunto Moreno Ocampo y el jovencísimo equipo jurídico de apoyo pasaron a la historia. Argentina hizo justicia. La dictadura y el militarismo fueron repudiados.
La lección moral y filosófica de la película es consistente con las esperanzas de la sociedad civil que aspira a vivir en democracia, bajo la garantía de las libertades básicas y los derechos humanos fundamentales. Toda dictadura es tiránica al abolir el Estado de Derecho y abandonar los principios básicos de la democracia y la civilización. Igualmente, la lucha ideológica debe conducirse por el camino de las ideas y no de la violencia armada. La violencia, en cualquiera de sus formas, conduce a más violencia en una espiral que conduce al mal y sus extremos. Todo ello solo produce sufrimiento y víctimas.
Así que, la enseñanza para Venezuela y el orbe es que el Estado debe conducirse bajo el imperio de la Ley y ningún gobernante puede alegar argumentos religiosos, políticos, ideológicos, militares o morales que, presuntamente, justifiquen su anomia y el abuso de la violencia estatal contra la población o parte de ella. El terrorismo en cualquiera de sus formas es inadmisible y repudiable, pero el que se ejerce desde el Estado contra cualquier persona es, además, inaceptable y condenable. Este precedente es el quid para nuestro país.
En conclusión, la película es un documento audiovisual trascendente: refleja un acontecimiento jurídico de altísimo impacto histórico y filosófico en Argentina y el mundo. La memoria colectiva de lo sucedido ha permitido reconstruir parte de los hechos y los legajos fijaron la situación claramente. Gracias a ello se puede impedir el olvido y enfrentar cualquier intento negacionista. ¡Nunca más!