En medio del quiebre institucional que ha hundido a Venezuela surgen noticias alarmantes. Del estado Apure nos llegan listas de las bajas ocurridas dentro de nuestros soldados en su extraña participación en las guerras internas de las FARC, alineándose con una de las facciones, la Nueva Marquetalia de Iván Santrich.
La lista de bajas ya es pública: TF Nalwil José Torres Moreno, SM Santiago de Jesús Reyes Farfán, SM/1 ª Ronald José Marcano Castillo, SM/2ª Wilmer de Jesús Ferrobús Castillo, SM/2ª Andy José Miranda, S/1ª Álvaro Rafael Nariño Ostos, S/2ª Michael Miguel Medina Sequera, S/2ª Luis David Lira Negrón y otros cuyos nombres no han revelado. El régimen proclama que sus familias están de luto, la verdad es que todo el país está de luto, sin siquiera saber con certeza por qué estos soldados venezolanos estaban peleando y en nombre de qué eran sus luchas. Las dudas surgen cuando pareciera que su muerte se debió a la participación al lado de una de las fracciones en combate y no por la seguridad y defensa de nuestro territorio y de su gente.
De igual forma, un evento difícil de entender es la aparición del Coqui, un personaje que podríamos llamar de contracultura y que desafiando el poder de las instituciones intenta imponer un régimen de terror dentro de la capital de la República. En las comunidades, los vecinos, voltean los ojos hacia su organización al margen de la ley liderada por este personaje, dotado de poder, desafiante, armado en condiciones iguales o superiores a las fuerzas institucionales, con control de comunidades y de pedazos del territorio. En repetidas confrontaciones las fuerzas del Estado se han visto obligadas a retirarse ante la “incapacidad” de someter a estas bandas delincuenciales ¿Acaso las fuerzas de seguridad de una nación no tienen capacidad para controlar un territorio tan limitado? ¿O tan reducido grupo armado de 150 individuos?
En fecha reciente se pudo constatar que los vecinos de una parroquia de Caracas solicitaban audiencia al Coquí, un sujeto de nombre Carlos Luis Revette, venezolano, convertido en dueño de la Cota 905, un pedazo de territorio dentro de la ciudad capital de Venezuela. Esta persona no es capitán de un grupo de combatientes en la montaña, de guerrillas rurales, con guarida desconocida, no defiende ninguna ideología, está en el centro de la capital, en la Cota 905 ejerciendo un poder sin control en su vecindario. Una comunidad que ha crecido como miles en este país de manera informal, sin conexión con servicios públicos y sin seguridad de la vida y de los bienes materiales.
Hoy somos testigos de un hecho sin precedentes, los vecinos de una zona aledaña a la Cota 905, la urbanización El Paraíso, solicitan audiencia al Coqui ante el fracaso continuo y la sordera de las instituciones del Estado. Protestan las amenazantes invasiones de sus propiedades por personas procedentes de la Cota 905. La impotencia vecinal los ha llevado a cruzar la frontera y acudir a la organización dirigida por este individuo cuyas demostraciones de poder, armamento y capacidad de control son conocidas por todos.
Sería el momento de reflexionar y evaluar qué decidir, ¿por quién tomar partido?, ¿pactar con “los Coqui” que existen en Petare, El Valle, Catia, 23 de Enero y en cada uno de los estados del país?, ¿someterse a alguien como Gentil Duarte? La magnitud de estos eventos ha obligado a Maduro a pedir ayuda a la ONU por su incapacidad manifiesta para desarmar las minas caseras sembradas en nuestro territorio. ¿Cuál es la posición ética, qué pensar sobre la guerra híbrida en Apure y la Cota 905, podrán las Fuerzas armadas actuar negando la misión asignada por la Constitución?
La respuesta parece obvia, sin embargo, la desesperanza que anida en gran parte de los venezolanos hace estragos, alimenta la desconfianza y hace dudar de cualquier alternativa que se intente llevar a cabo. Los proponentes de nuevas vías son sometidos al escarnio público, se parte de considerar que cualquier persona que proponga una solución concertada, pacífica, es un corrupto y otros calificativos aún peores.
Tenemos la oportunidad y el deber de adherirnos a iniciativas que promuevan la unidad de todos los venezolanos que avancen hacia una transición concertada, que permita elegir a nuestros gobernantes, decidir a quién le cedemos el poder de la forma más democrática.
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