¿Qué va a pasar en Venezuela el día después de que se realicen las elecciones legislativas convocadas por Maduro, su CNE y su TSJ? Si nada cambia de aquí hasta ese día después (excepto que la situación económica y social probablemente estará peor) ¿qué se plantea la dirigencia democrática opositora para ese entonces?
Las acciones tomadas por el régimen ofrecen indicios de lo que va a pasar por parte suya en diciembre. Habrá elecciones, el partido del régimen obtendrá una mayoría, y los partidos de la llamada “mesita”, más los diputados electos bajo las banderas secuestradas a los principales partidos democráticos, tendrán una participación minoritaria en la nueva Asamblea Nacional.
Estados Unidos ya dijo que no reconocerá la elección convocada por Maduro, y probablemente otros países que hoy respaldan a Juan Guaidó como presidente interino harán lo mismo. Pero la realidad es que ese nuevo cuerpo legislativo va a existir, va a aprobar leyes y va a dar un viso de legalidad a las operaciones nacionales, y algunas internacionales, del régimen. Los países solidarios con Guaidó tendrán que decidir si reconocen o no una Asamblea Nacional que continuaría su gestión más allá de los tiempos establecidos por la Constitución vigente y si desconocen o no a la que surja de la elección convocada por Maduro. El régimen y sus “aliados” de la oposición (mesita, etc.) generarán bastante ruido comunicacional en función de disminuir la efectividad de la real oposición democrática. Y mientras tanto…
El liderazgo de la oposición democrática también ha dado indicios de lo que le depara (y nos depara) el futuro. En primer lugar, respecto a las legislativas, la Asamblea Nacional legítima estaba adelantando un proceso de elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral que incluyó la incorporación al cuerpo legislador de algunos diputados chavistas que la habían abandonado, para “legislar” desde la asamblea nacional constituyente, ilegítima. La dirigencia opositora representada en el Parlamento aceptó el regreso de los diputados chavistas a la AN, en aras de constituir un organismo rector plural para las próximas elecciones y cumplir más fácilmente con los requisitos establecidos por la Constitución sobre quiénes deben nominar a los rectores del CNE, lo cual incluye a representantes del Poder Ciudadano, entre otros.
Después de que el régimen, por vía del TSJ, designó por su cuenta el nuevo CNE, el proceso de selección de un CNE legítimo y plural se paralizó. No se ha sabido más nada de él. Hace muy pocos días, el Frente Amplio Venezuela Libre-Capítulo Lara, formuló un llamado a la Asamblea Nacional a que tome medidas a fin de evitar el proceso electoral con “insuficiencias legales” adelantado por el régimen y dijo desconocer “las razones que privaron para que el Comité de Postulaciones designado por la AN dejara de funcionar, cuando su labor nunca ha debido cesar y más aún, ha tenido que acentuarse cuando el TSJ usurpó sus funciones designando a estos rectores de manera ilícita. La AN debe continuar con las labores que le impone la Constitución en este sentido”. Su palabra vaya adelante.
Pareciera que a la dirigencia democrática venezolana no solo le cuesta mucho caminar y mascar chicle a la vez, sino que también tiende a actuar según el son que el régimen le toque. Pasó cuando correspondía renovar las gobernaciones de estado hace unos 4 años, y los líderes políticos opositores, en aquella oportunidad encabezados por Henrique Capriles, se concentraron más bien en realizar un referéndum contra Maduro. Después de varios meses en el proceso, un par de tribunales regionales controlados por el régimen esgrimieron ilegalidades asumidas como válidas por el CNE de entonces y el proceso se abortó. Concentrados solamente en el referéndum, y descuidando el esfuerzo que había que hacer en paralelo por ganar las elecciones para gobernadores, la oposición democrática se quedó sin el chivo y sin el mecate. No contestó legalmente la anulación del referéndum y tampoco ganó las elecciones de gobernadores. Si bien hubo una batida democrática importante en la opinión pública con lo del referéndum, no se movilizó ni sensibilizó a la población para conquistar en su momento espacios democráticos regionales, que a la larga contarían para una necesaria movilización nacional.
Cuando Maduro estaba todavía jojoto en la Presidencia de la República, el debate dentro de la oposición era entre las manifestaciones callejeras de “La Salida” y “El Diálogo”. A juicio de los líderes democráticos, una cosa contrariaba la otra. No se podían hacer las dos a la vez. No obstante, la presión popular generada por aquellas manifestaciones produjo un “diálogo” televisado de la oposición con el propio Maduro y otros personeros del régimen, mermó la fuerza de las manifestaciones y al final, el diálogo tampoco caminó.
Lo de fondo es que el liderazgo de los partidos democráticos ha dado muestras muchas veces de carecer de una verdadera estrategia, única y unitaria, de corto, mediano y largo plazo. Por eso, su actuación es reactiva. No atiende a un plan que pueda ajustarse independientemente de lo que haga el adversario. Se atribuye a los líderes de oposición estar en un afán de protagonismo entre ellos que propicia la desunión. Si hubiera una estrategia consensuada y bien pensada, ese afán protagonista natural en todo político democrático estaría más fácilmente subordinado, con la estrategia, a los acuerdos entre las organizaciones.
Lo otro es el alejamiento de los partidos del llamado “venezolano de a pie”. Los partidos políticos democráticos nunca lucen bien parados en las encuestas políticas de opinión. Generalmente, el que sale siempre mejor favorecido, individualmente, es precisamente el PSUV, el partido del chavismo.
Es cierto que Maduro es rechazado abrumadoramente por la opinión pública. Igualmente es cierto que la mayoría de los venezolanos anhela un cambio. Pero los números no necesariamente indican que el rechazo a Maduro y el anhelo de cambio se traducen en un apoyo a los partidos de oposición. Producto de esa falta de conexión popular y de la carencia de una estrategia general fue que la persona que, por fin, y por unos cuantos años, logró conciliar intereses y emociones entre los líderes de oposición, Ramón Guillermo Aveledo, se vio obligado a abandonar su posición de secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Los partidos lo sacaron del juego.
De repente, y ya hace más de un año de eso, aparece Juan Guaidó como figura máxima de la oposición democrática. Surgió como un baño refrescante de esperanza. Esa nueva esperanza fue el resultado de una visión unitaria a largo plazo, que fue la decisión de los partidos de oposición de ir juntos a la elección de 2015 de la Asamblea Nacional y del compromiso, al menos de la mayoría, de que las fuerzas opositoras más importantes del parlamento se turnarían su presidencia, que desde principios del año pasado recayó en Voluntad Popular y en Juan Guaidó.
El equipo de Guaidó ha tenido un gran éxito en el desarrollo de una política internacional para conquistar y expandir el apoyo a Venezuela de los países democráticos del mundo. Ello es incuestionable. Y en eso están su partido, acompañado esencialmente por Primero Justicia, individualidades de Acción Democrática y otras de pensamiento socialcristiano. Guaidó y su equipo han tenido logros significativos en la recuperación de activos de la república, como el caso de Citgo, en el apoyo a los emigrantes venezolanos en los países andinos y en Estados Unidos, y en conseguir ayuda humanitaria en alimentación y enseres para atacar la pandemia de COVID-19.
En el plano interno, el doméstico, es donde no ha conseguido consenso para desarrollar una estrategia; lo cual ha tenido y seguramente seguirá teniendo repercusiones también en el plano internacional. El fracaso del famoso 30 de abril y la Operación Gedeón son muestra de eso. Luce como si un muy reducido número de personas tuvieron que ver con ambas intentonas, más allá de la confidencialidad y limitaciones de información que debe haber en cualquier conspiración. Uno se pregunta si la dirigencia adeca o de Primero Justicia estaba enterada de lo que se iba a llevar a cabo el 30 de abril. O ¿a quién le reportaba J. J. Rendón? ¿Quiénes estaban en el comité del cual él formaba parte? A lo mejor es público y notorio y el ignorante soy yo, quien escribe.
La diputada Delsa Solórzano declaró esta semana, acompañada por dirigentes de AD, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, que pronto anunciarían la estrategia para después del 6 de diciembre, que es el día de la elección de la Asamblea Legislativa administrada por el CNE de Maduro. Que será un pacto unitario. La bella y aguerrida diputada reconoció que “hay momentos de angustia” por la falta de una estrategia que vaya más allá de la abstención decidida por 27 organizaciones de la oposición.
Decidirse por la abstención no ha debido ser fácil, teniendo en cuenta que 58,9% de los venezolanos mayores de 18 años están dispuestos a votar en las elecciones parlamentarias y aun si la oposición liderada por Guaidó no participa, 46,6% también están dispuestos a sufragar.
“En la medida que es más bajo el estrato social, hay más disposición a votar, llegando hasta 73,4% en el sector E”, dijo Félix Seijas, director de la consultora Delphos, quien ofreció estos números en un reciente foro organizado por la UCAB. Entiéndase que el sector E, mayoritario y en constante crecimiento, es el que no puede darse el lujo de trabajar a distancia, el que sus hijos probablemente no tienen acceso a internet para asistir a la escuela, el sector más acosado por el hampa y la policía, el que tiene menos comida, y la comida que consume no es la más nutritiva, además de que sufre, como todos los sectores, la falta de agua, la irregularidad del servicio eléctrico y la prestación pésima de servicios de salud.
Hay mucha ansiedad por lo que en efecto decida el liderazgo democrático.
@LaresFermin
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