Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han generado controversia tanto nacional como internacionalmente debido a las denuncias de irregularidades por parte de la oposición. El presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador con 51% de los votos, mientras que su rival, Edmundo González, obtuvo 44%. Estos resultados han sido cuestionados tanto por la oposición como por varios países, incluidos Estados Unidos, Argentina, Chile y Costa Rica.
Desde una perspectiva jurídica de los derechos humanos es crucial analizar la integridad y transparencia de este proceso electoral. La garantía de elecciones libres y justas es un principio fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos. La igualdad de oportunidades, el respeto a la voluntad del pueblo y la ausencia de irregularidades son elementos esenciales para el ejercicio legítimo del derecho a elegir a los gobernantes, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Las denuncias de irregularidades planteadas por la oposición, incluyendo la violación de normas electorales y la exigencia de la presentación de todas las actas emitidas para verificar el conteo, plantean interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Estas alegaciones deben ser abordadas de manera justa y transparente, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, las reacciones internacionales, que van desde el rechazo categórico de la proclamación del candidato oficialista como presidente hasta la llamada a consultas de embajadores, reflejan la preocupación global por la credibilidad y transparencia de estas elecciones. La comunidad internacional desempeña un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos, incluido el derecho a elecciones libres y justas.
En este contexto, es fundamental que las autoridades electorales de Venezuela aborden de manera transparente y efectiva las denuncias de irregularidades, garantizando la credibilidad y legitimidad del proceso electoral. El respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a participar en elecciones libres y justas, es un pilar fundamental de la democracia y el Estado de derecho.
Conclusión
Desde la perspectiva jurídica de los derechos humanos, es imperativo que se realice una evaluación exhaustiva e imparcial de las elecciones presidenciales en Venezuela, asegurando la transparencia, la integridad y el respeto a los principios fundamentales de los derechos humanos en el proceso electoral. El cumplimiento de estos estándares es esencial para garantizar la legitimidad y la estabilidad de los resultados electorales, así como para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
María Ninoska García de Morales. Doctora en Innovaciones Educativas (Unefa). Magister en Derecho Procesal Penal (ULA). Especialista en Docencia en Educación Superior (UCV). Especialista en Derechos Humanos (Unilibre-Colombia). Abogado (ULA). ninoska@unet.edu.ve WhatsApp +58 426 3764194