América Latina, una región de presos políticos

Un indicador importante de la regresión autoritaria que actualmente se vive en América Latina es el número de presos políticos que hoy se pueden sumar en la región. Nos hemos acostumbrado. O resignado. Los encarcelados por causas políticas se han convertido en paisaje, en sombras que preferimos olvidar.

Claro, hay personas y organizaciones que, por suerte, con persistencia admirable nos los recuerdan. Sobre todo, en los cuatro países donde el número de presos políticos es sencillamente escandaloso: Cuba, Nicaragua, Venezuela y, aunque no parezca tan evidente, también Bolivia.

Aunque las cifras precisas son difíciles de obtener, los organismos de derechos humanos calculan que en este momento en América Latina hay aproximadamente 1.700 personas en prisión por razones de persecución política.

El país latinoamericano donde más seres humanos están privados de libertad por razones de conciencia es Cuba. Por supuesto. No podría ser de otra forma. Porque es el único régimen auténticamente comunista de nuestra región. De acuerdo a las cifras de Prisoners Defenders, una oenegé dedicada al tema, en el presente por lo menos 1.073 cubanos están encarcelados por causas políticas.

Y solamente en el pasado mes de febrero nueve nuevos prisioneros entraron a las cárceles a engrosar las cifras. La página web de Prisoners Defenders se actualiza permanentemente. Y sus cifras nos explican que entre los principales cargos para imputar a los más de mil detenidos en Cuba figuran los “delitos” de “desórdenes públicos, desacato, atentado,sedición, propaganda, desobediencia, sabotaje y, un término casi orwelliano: peligrosidad social predelictiva”.

De acuerdo a los seguidores del proceso, la cifra de presos políticos en Cuba se disparó en 2021 tras los grandes levantamientos populares que luego de un largo silencio se produjeron en toda la isla. Según Miguel Ángel Martínez, analista político de alto vuelo, en un artículo titulado “América Latina y casi 1.700 presos políticos”, el número de presos pasó de 150 en mayo a 955 en diciembre del mismo año.

En Nicaragua, las cifras tampoco son para reírse. En febrero de 2023, fue una noticia estrepitosa en los medios internacionales que 222 presos políticos fueron excarcelados y enviados por la fuerza a los Estados Unidos. Pero antes, fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense y de sus bienes en el país.

También en ese momento fueron expulsadas y privadas de su nacionalidad figuras públicas que no se hallaban en prisión. Es el caso del escritor Sergio Ramírez, vicepresidente en el primer gobierno de Daniel Ortega y Premio Cervantes; la poeta Gioconda Belli, Premio de Poesía Reina Sofía; y un alto número de sacerdotes católicos perseguidos con ensañamiento y encarcelados. Años antes se habían ensañado contra el poeta Ernesto Cardenal, a quien persiguieron en vida y, luego de su muerte, turbas sandinistas irrumpieron con violencia el día de su funeral en la Catedral de Managua.

En Bolivia las cifras no son menos dramáticas. En el mismo artículo, Miguel Ángel Martínez reseña que, según la Global Human Rights League, para el 31 de octubre de 2023 se contabilizaban unos 279 presos políticos, a quienes el oficialismo boliviano considera “terroristas”. Entre ellos hay casos dramáticos como el de la expresidente Jeanine Áñez, quien fue condenada a diez años de prisión.

En Venezuela, bajo el gobierno de facto dirigido por Nicolás Maduro, las cosas no están mejor. Porque allí no solo hay presos políticos ­—unos 279 en el presente, de acuerdo con las cifras del Foro Penal, otra oenegé dedicada al tema de la defensa de los derechos humanos—, sino que la tortura y el asesinato de detenidos políticos, de acuerdo a los informes de diversas comisiones de la ONU, se ha convertido en una práctica reiterada. Según el Foro Penal, en estos veinticinco años de hegemonía continuista del militarismo chavista, por los menos 16.000 personas han ido a prisión sin juicio alguno ni debido proceso. Y en lo que va del año 2024 la represión se ha agudizado con el encarcelamiento de Rocío San Miguel, presidente de la oenegé Control Ciudadano; de varios coordinadores del movimiento Vente Venezuela, la organización que promueve la candidatura de María Corina Machado; y la imputación de un grupo de activistas opositores bajo la acusación de fiscal Tarek William Saab de estar involucrados en supuestos planes desestabilizadores.

El año pasado, el filme Simón, ópera prima del cineasta venezolano Diego Vicentini, que toca precisamente el tema de las torturas a los presos políticos, estuvo nominada a los premios Goya, en España; obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director, entre otros, en el Festival de Cine Nacional en Mérida; así como el Premio de la Audiencia a Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Dallas. Ahora se le puede ver en Netflix. La película se ha convertido en un fenómeno que conmueve profundamente, no solo a los espectadores venezolanos, sino a una audiencia iberoamericana mayor.

Y así va nuestro pobre continente. Cada vez más abandonado por la civilización y más cerca de la barbarie. Cada vez más inseguro y tomado por la delincuencia organizada que azota fuertemente, no solo a México, Colombia y Venezuela, sino a Chile y Ecuador, países hasta hace muy poco reconocidos como pacíficos y seguros. La regresión autoritaria también lo es en materia de inseguridad y el crimen, que ejercen igualmente su peso sobre la actividad política. Este es un momento que exige grandes respuestas, ya no solo a lo interno de cada país sino en el plano internacional, en una región donde durante el siglo XXI no se ha producido una sola transición de las tiranías hacia la democracia.

Artículo publicado en el diario Frontera Viva