Por Adrián Albala/Latinoamérica21
Recientemente se ha iniciado en el Reino Unido el plan de vacunación general de la población contra el COVID-19. Alemania viene preparándose desde noviembre, lo que supone entre otras cosas una concertación entre el Estado federal y los estados subnacionales para que su propio plan, previsto para iniciar en enero, sea lo más eficiente, rápido y general posible. Muchos otros países, sobre todo desarrollados, también están organizándose para preparar su salida de la pandemia. Esos planes, sin embargo, están lejos de materializarse en América Latina, quien sin haber superado la primera ola de COVID-19 comienza a ser azotada por la segunda.
¿A qué se debe esta tardanza? ¿A una supuesta indolencia latinoamericana? La respuesta es, básicamente, política e institucional.
La gestión de la pandemia —que llegó a América Latina después de Europa y Asia— y la de su eventual salida, ponen en evidencia tres carencias endémicas en la región: de liderazgo; de calidad de las políticas públicas; y, más generalmente, de capacidad del Estado. En algunos casos, esas carencias se solapan. Y en otros —los menos— son mitigadas.
Las carencias de liderazgo tienen que ver directamente con la —falta de— actitud de los jefes de gobierno como en Brasil y Chile. Allí, a la minimización de la gravedad de la pandemia se adicionó una conducción errática, tanto de las acciones de contingencia como de la propia comunicación acerca de esas acciones. Esto ocasionó cacofonías y descrédito de la acción del gobierno.
El segundo tipo de carencia, el de la calidad de las políticas públicas, es más estructural, como es el caso de Perú, Ecuador y, en menor medida, la Argentina. En esos casos, las medidas de contención del virus han sido, o mal planificadas, o poco seguidas por autoridades locales, y como consecuencia, por la población. Esto generó que, a pesar de la organización de cuarentenas o lockdowns, las autoridades no consiguieran contener la propagación del virus o lo consiguieran muy tardíamente.
En el caso de la Argentina el problema ha sido la extensión de la cuarentena. El país fue uno de los primeros en implementar un confinamiento estricto y uno de los que más tiempo lo extendió, lo que parecía mantener la propagación del virus relativamente baja. Sin embargo, a partir de agosto, cinco meses después de que se decretara el confinamiento, el virus parecía fuera de control y había un aumento exponencial de contagios y muertes.
Si bien parecería que Chile y Brasil podrían estar en este grupo, lo cierto es que en esos casos estamos más bien frente a una ausencia de política pública. Ahora bien, es preciso señalar que la ausencia de política pública (o una “no-acción”) es, en sí, una política pública. Y en ese caso, los gobiernos de Chile y sobre todo Brasil han sido muy eficaces en “no hacer nada”.
Finalmente, la tercera carencia es de orden institucional y tiene que ver con la capacidad de los Estados en implementar políticas públicas, hacer aplicar y respetar las leyes o mantener cierto orden sobre el territorio. La noción de “capacidad estatal” ofrece herramientas analíticas para identificar las causas estructurales y crónicas de una mala gestión. En otras palabras, permite entender el origen del buen o mal gobierno.
La literatura apunta a que las capacidades de los gobiernos latinoamericanos son, en general, mediocres o bajas. Esa baja capacidad impacta directamente en la forma en que los países se están preparando para la salida de la pandemia y sobre cómo están, o mejor dicho no están, realizando planes de vacunación.
Hay cuatro países que cuentan con altos niveles de capacidades estatales: Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, ninguno de los cuatro, que en términos de gestión pública serían “la crême de la crême” de la región, tiene plan de salida ni de vacunación. Pero al menos Uruguay y Costa Rica supieron contener la propagación del virus y presentaron niveles de mortalidad casi tan bajos como los de Corea de Sur.
De nuevo, Brasil y particularmente Chile destacan para mal. Estos dos países suelen ser presentados como los que tienen los servicios públicos mejor capacitados y las instituciones más sólidas de la región. Pero sus mandatarios se las han ingeniado para sortear esos atributos con ataques repetidos a los demás poderes legislativos y judiciales en el caso de Bolsonaro, y manipulando datos oficiales en el caso de Piñera. De esta manera, ambos mandatarios son responsables del debilitamiento de las instituciones.
Asimismo, si América Latina no pone remedio a su errática gestión de la pandemia (véase el ejemplo de Estados Unidos o, en menor medidas, Italia y España), reflejada en su manifiesta incapacidad para contener la propagación del virus y su falta de preparación de planes de salida, se harán más que evidentes las limitaciones de sus gobiernos.
De hecho, la elaboración e implementación de políticas públicas consiste en la materialización de la presencia del Estado. A su vez, el pacto democrático supone, entre otras cosas, un voto de confianza de la sociedad para que el gobierno enfrente este tipo de eventualidades. Sin embargo, América Latina alberga grandes “zonas marrones” —áreas en las que el Estado está ausente— donde el Estado no tiene capacidad para controlar la pandemia y ofrecer protección social y sanitaria a su población. Esto augura momentos críticos en la era pospandemia. Si es que esa era ha de llegar algún día.
Adrián Albala es profesor asistente en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia (UnB). Doctor en ciencia política (Universidad de la Sorbona, Francia). Miembro del Laboratorio de investigación (LAPCIPP, UnB).
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