En tiempos convulsionados es común escuchar los términos legitimidad e ilegitimidad, especialmente cuando un dictador y sus aliados controlan de forma arbitraria el poder político de una nación, contando con la complicidad de los poderes públicos.
En conceptos jurídicos, Jose Luis Villar Ezcurra habla de legitimidad cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la ley y apela al ideal de ética o justicia que debe incorporar toda norma. A su vez, esta legitimidad se subdivide en dos especies: legitimidad formal y material. La formal se entiende como el correcto proceder del Poder Público con respecto a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico (con lo cual queda asimilada a la mera legalidad). La legitimidad material es, a su vez, el consenso (reconocimiento) del pueblo respecto de la ley creada o de la actuación del Poder Público y nos remite al contenido ético de la norma con referencia al contexto social en que ha de ser aplicada.
Fijado, pues, el contexto del tema a tratar, a continuación expongo algunas nociones sobre legitimidad e ilegitimidad, buscando que sean comprendidas por el ciudadano común y su uso sea más claro y ajustado a su verdadero significado. Conociendo el derecho podrá usted, amable lector, ejercer sus derechos.
¿Qué es la legitimidad?
La legitimidad se refiere a la aceptación general de un sistema político, una constitución o un gobierno como justo y válido. Esta aceptación surge del consentimiento de la población, quien percibe que el poder se ejerce conforme a los principios democráticos, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
La legitimidad también está vinculada a la legalidad, pero no se limita a ella. Un gobierno puede cumplir formalmente con las leyes, pero si actúa en contra de los valores fundamentales de la sociedad, puede perder su legitimidad. En este sentido, la legitimidad combina elementos jurídicos, sociales y éticos.
¿Qué es la ilegitimidad?
Por otro lado, la ilegitimidad ocurre cuando un gobierno, autoridad o acto carece de aceptación, ya sea por su origen antidemocrático o por ser ejercido en violación de normas constitucionales.
La ilegitimidad puede manifestarse así:
Origen ilegítimo: Cuando un gobierno llega al poder mediante un golpe de Estado, fraudes electorales u otros medios contrarios a los principios democráticos.
Ejercicio ilegítimo: Cuando un gobierno, aunque haya llegado al poder de manera legítima, actúa violando los derechos fundamentales, las leyes o los principios democráticos.
En ambos casos, la ilegitimidad socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y justifica acciones para restaurar el orden constitucional. En este sentido, y refiriéndome a Venezuela, la Constitución de 1999 contiene herramientas -a las que he aludido en ediciones anteriores- para proteger la legitimidad y enfrentar situaciones de ilegitimidad: Los artículos 333 y 350.
El artículo 333 porque garantiza la supremacía y continuidad de la Constitución, afirmando que no perderá su vigencia incluso si se deja de observar por un acto de fuerza o si es derogada por un medio inconstitucional. También establece el deber de todos los ciudadanos y autoridades de colaborar en su restablecimiento; y por su parte el artículo 350 porque consagra el derecho a la desobediencia civil y la resistencia frente a regímenes, leyes o autoridades que actúen contra la Constitución o menoscaben los derechos humanos.
En fin, la legitimidad e ilegitimidad son conceptos esenciales para entender la relación entre el poder político, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Mientras la legitimidad refuerza la estabilidad y el consenso social, la ilegitimidad justifica acciones ciudadanas para restaurar el orden constitucional.