Foto: EFE
El justificado temor a una escalada en la guerra que Hamás y Hezbolá declararon a Israel, con el apoyo de Irán, ha puesto en evidencia el papel que está jugando el régimen venezolano, no solo a través del apoyo ideológico, sino también con el aporte directo e indirecto de recursos económicos de gran envergadura.
Hezbolá es hoy, parte de la agenda del gobierno como elemento de protección de zonas críticas de seguridad, actuando como operativos en caso de una eventual confrontación, como lo es el Palacio de Miraflores o el corazón de la Fuerza Armada en Fuerte Tiuna y otros espacios relevantes.
Pero ese apoyo ha sido retribuido con las facilidades que le otorgó a la organización, para el libre tránsito de drogas, oro y otros metales como el coltán, la venta de armas, así como para el blanqueo del dinero que ese tráfico le produce y que se estima en unos 2.000 millones de dólares anuales, con el cual financia sus actividades en muchas partes y, en particular, su guerra contra Israel.
La enorme red de negocios ilícitos que controla Hezbolá en Venezuela va desde el tráfico de cocaína (entre 15 y 20 toneladas al año), y más recientemente el de drogas sintéticas, que proveen las FARC colombianas, el Cartel de Sinaloa mexicano, y el Cartel de los Soles venezolano, hasta una amplia gama de negocios de blanqueo, cadenas de tiendas, supermercados, distribuidores de automóviles, restaurantes, empresas de construcción y minas de oro, coltán, diamantes y, según se comenta, también de uranio cuyos yacimientos son bien conocidos.
Sin embargo, estas redes están ahora bajo un intenso escrutinio, especialmente con el propósito de desentrañar sus modos de operación estratégica y las vinculaciones en algunos países como Irán, Siria, Líbano, Uganda, Brasil, Colombia, México y en la Unión Europea, particularmente España.
Tras el desastre que produjo la muerte reciente del más alto jefe de Hezbolá, Hasan Nasralá, y de cerca de veinticinco de sus lugartenientes eliminados junto con él, y antes, se espera una reducción significativa de su área de influencia, de su capacidad operativa y un vacío político, no solo en Venezuela, sino en el mundo donde opera.
Además, como es frecuente en las redes criminales, esa debacle puede desatar una guerra interna por el control de los territorios, los variados negocios que manejaba, sus proveedores e intermediarios, sus rutas de tránsito y sus operaciones.
También tendría efectos directos sobre Irán, pues Hezbolá financiaba buena parte de sus acciones políticas en Líbano y Siria, incluido su programa nuclear, pues se sospecha que le podría estar suministrando uranio venezolano.
No obstante, sus representantes en Venezuela continúan actuando, entre ellos, algunas fichas conocidas y hasta sancionadas por Estados Unidos, que son diputados en la Asamblea Nacional, así como los mediadores para otorgar pasaportes venezolanos a miembros de esa organización que se han infiltrado en otros países, para conformar «células durmientes» listas para actuar cuando se les requiera, o que conforman la red que suministra armas a la guerrilla colombiana y a cualquier movimiento terrorista que las solicite.
En particular, Venezuela ha invertido cerca de 1.000 millones de dólares en la adquisición de armas a Irán, y ha vendido en la capital de los Emiratos Árabes Unidos una cantidad de oro equivalente, por mediación de Hezbolá.
Así que todas las vinculaciones, públicas y notorias, del régimen venezolano con los actores principales de la guerra que se libra en Oriente Medio, y sus recientes acuerdos con Hezbolá, convierten a Venezuela en un foco de perturbación que amenaza, no solo la paz en la región, sino también la seguridad nacional de Estados Unidos y de Europa.
Por eso, la situación está siendo intensamente monitoreada por casi todas las agencias de Inteligencia y los organismos de seguridad mundial, y podrían promover próximamente, un importante apoyo internacional a acciones más directas contra el Gobierno.
Mientras tanto, crecen los rumores, algunos bien fundados, de la posibilidad de un levantamiento interno que podría conducir a un «golpe de Estado militar», en vista del creciente descontento en muchos mandos de las Fuerzas Armadas, reforzado y legitimado por el enorme y manifiesto descontento popular.
Agréguele a esto la «rebelión» contra el Gobierno que ha comenzado a ocurrir entre los testaferros, empresarios y corruptos vinculados al régimen, que han hecho grandes fortunas con los negocios que les fueron permitidos, y que ahora ven en peligro sus ganancias. Los casos más recientes son los de Samark López, testaferro de Tarek el Aissami involucrado en el desfalco de más de 23.000 millones de dólares a Pdvsa y las criptomonedas, y el de Raúl Gorrín, el importante empresario dueño del canal de televisión Globovisión, cuya residencia fue allanada hace unos días.
Y falta por ver las destituciones, desapariciones, encarcelamientos de personajes relevantes del régimen y nuevas cabezas rodando que vendrán, como consecuencia de la guerra interna de los «carteles» que se desató después del estruendoso fracaso del 28 de julio y del ascenso de Diosdado Cabello en la jerarquía oficial.
Así que el contexto actual luce poco prometedor de éxito para el gobierno, en su intento de legitimar su ignominioso fraude electoral y mantenerse en el poder a fuerza de represión y control social.
Originalmente publicado en el diario El Debate de España
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