OPINIÓN

Agencia Sebin, gobierno de España

por Javier Somalo Javier Somalo

El embajador de España en Caracas acompaña a Edmundo González hasta el avión que le llevaría al exilio. | Imagen TV

 

Las declaraciones de Esteban González Pons en esRadio sobre Venezuela no son más que la reacción lógica y oportuna ante un gravísimo hecho constatado. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones que desalojaban al dictador Nicolás Maduro, firmó un documento bajo «coacción» en la embajada española para salir de Venezuela. Así lo ha reconocido él mismo en un vídeo demoledor.

Desde el primer momento hubo claras evidencias de que su salida era fruto de una negociación opaca entre los gobiernos de Caracas y Madrid. Lo grave es que se producían como desenlace de un pucherazo en Venezuela. El resumen es fácil de entender: Nicolás Maduro perdió las elecciones y echó al ganador con la ayuda del gobierno de Sánchez, otro que nunca gana. En consecuencia, ha habido un golpe de Estado en Venezuela y el gobierno de España ha sido colaborador necesario en una parte. No hay más lecturas que hacer y los detalles sólo añadirán agravantes.

La indignación de González Pons es, pues, lógica, necesaria y debería derivar en una profunda investigación en España y en Europa. Como ha explicado en la entrevista con Federico Jiménez Losantos, «nuestro gobierno es cómplice de lo que sucede en Venezuela». La simple enumeración de certezas lleva necesariamente a la deducción sobre el golpe:

«Si admitimos que hubo elecciones, y las hubo; si admitimos que Edmundo González las ganó, y las ganó; si admitimos que el gobierno de Venezuela las tapó para dar un golpe de Estado y para la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio, entonces el gobierno de España ha sido colaborador necesario: el gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Es gravísimo lo que está ocurriendo».

Y la prueba de que España ha prestado una ayuda necesaria al régimen bolivariano es que, como recuerda el vicepresidente del Grupo Popular europeo, «Edmundo González estaba en la embajada de Países Bajos y fue trasladado a la residencia del embajador de España para que el chantaje fuera posible«.

He ahí el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, notario de Puebla que aparece allí donde haya que mantener a un narcodictador a salvo de la democracia. Tampoco faltaba, de nuevo en suelo español —la residencia del embajador—, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ya levitó por el aeropuerto de Barajas pese a la prohibición por sanción de la UE, con las 40 maletas que la marea insiste en devolverle. Y junto a la maletera, el hermano Jorge, que quiso encarcelar a Edmundo González y a María Corina Machado tras las elecciones de julio.

El caso Delcy permitió tirar de un ovillo que implica a varios ministerios, a la esposa del presidente y a una parte del CNI que consiente, facilita o promueve operaciones oscuras. Si España cede es por algo: ha quedado bien claro que el caso Delcy y el caso Edmundo se parecen demasiado.

Tras la confesión de Edmundo González Urrutia y la certera denuncia de Esteban González Pons, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿qué está sucediendo entre Madrid y Caracas? ¿Qué le deben Pedro Sánchez y otros destacados miembros del PSOE al régimen de Maduro?

El golpismo como costumbre

Venezuela no es una cuestión diplomática sino nacional, muy nuestra, porque este gobierno del PSOE se ha acostumbrado a alterar el orden de las democracias por sistema. En Cataluña hay un golpe consentido que se ha convertido en una forma de hacer política de subsistencia. Con Maduro, se contribuye a un golpe de Estado tras un proceso electoral para tapar un caso de corrupción que apunta maneras de histórico.

Pedro Sánchez sólo sabe desenvolverse en la excepcionalidad que le ha permitido gobernar sin ganar nunca unas elecciones. Ahora se le amontonan los pagos por los favores dentro y fuera de nuestras fronteras: en Cataluña, en Marruecos y en Venezuela, de momento. Es imposible que España soporte esto por mucho más tiempo.

Esteban González Pons ha estado a la altura denunciando el atropello golpista; Alberto Núñez Feijóo, también al avalar la denuncia y exigir la dimisión del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares. No hay incidente diplomático alguno que se pueda solucionar con llamadas a consultas; hay una connivencia en resolver con fraude un proceso electoral sacando del país al ganador. En cuanto a Pedro Sánchez, ya tiene una razón más para dimitir y esperar a un juez. Hay que mantener el empeño diario en saberlo todo sobre el «caso Sánchez», matriz de toda la corrupción que nos anega. Ya queda menos, que tanto mentir deja muchas puertas abiertas y sin vigilar.

España ha hecho de agente del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), llevándose como rehén al futuro democrático de Venezuela. Dicen que si Edmundo no hubiera salido de su país habría dado con sus huesos en el Helicoide, el centro preferido de torturas del servicio de inteligencia bolivariana, oxímoron donde los haya. España ha contribuido también a ese inmoral chantaje.

Artículo publicado en Libertad Digital