El funcionamiento de la democracia en los Estados depende de muchos factores, que colocan casi siempre a los países escandinavos del Norte de Europa en los primeros lugares, así como a Nueva Zelanda. Entre estos factores determinantes, que acaba de hacer público The Economist mediante un índice que publica regularmente, se encuentran el pluralismo y la participación política, el funcionamiento del gobierno, la cultura política y las libertades civiles. Algunos países iberoamericanos obtienen buenos resultados, pero no otros. Entre los primeros ha de destacarse a Uruguay, Costa Rica, España, Chile y Portugal. También obtienen puntuación positiva Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana y Paraguay. El resto de los países está colocado en posiciones más subordinadas y con abundantes connotaciones negativas.
Otros factores no especialmente tomados en cuenta en esta ocasión por The Economist tienen también relación con el funcionamiento eficaz de los Estados y la confianza de los ciudadanos. Un dato nos interesa especialmente: de los cinco países mejor colocados puede afirmarse que tienen una burocracia profesional desarrollada, a excepción de Chile, que, no obstante, cuenta con un sistema de selección de la alta dirección pública especialmente sólido.
Precisamente, la preocupación por una formación específica y alta calidad para los directivos públicos está extendiéndose en países como Brasil y España, donde acaba de crearse en el seno del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) la Escuela de Alta Dirección Pública del Estado. La transformación digital, la inteligencia artificial y la necesidad de prestar los servicios públicos de manera eficaz y eficiente demandan que los directivos estén suficientemente preparados y desarrollen su labor con acierto, para lo que una adecuada formación es una vía imprescindible. Tal propuesta es especialmente necesaria, porque incluso en los países donde existe un sistema selectivo singularmente eficaz, prolongado y riguroso, la formación de los seleccionados no vuelve a estar presente, de forma obligatoria, a lo largo de su carrera administrativa. Es como si en el mundo actual, tan sometido a cambios continuos, no fuera necesario tener en cuenta las nuevas circunstancias y situaciones. Como se reclama habitualmente, la tecnología es hoy absolutamente imprescindible para los directivos porque si los funcionarios no tienen ni idea de tecnología, tenemos un problema adicional, que los Estados ni entienden lo que está ocurriendo. (Mazzucato,2024).
La relación entre la política, la administración y la sociedad se estrena cada día con nuevas situaciones y algunas actuaciones de responsables al más alto nivel mueven al estupor. Un caso acontecido en España puede servirnos para la reflexión. Hace pocos meses, en la ultima remodelación del gobierno de Pedro Sánchez, uno de sus ministros, responsable del área de consumo, dejó el cargo. En estos días apareció en la prensa que aceptaba un alto cargo en un lobby muy conocido, en el que desarrollan sus actividades laborales antiguos ministros y otros altos responsables del partido popular y socialistas. El escándalo ha obligado al antiguo ministro a renunciar a este puesto no sin antes denunciar el “puritanismo” de quienes le han criticado duramente.
La legislación española, en términos genéricos, prohíbe la participación directa o indirecta de estos antiguos responsables en los asuntos que hubieran tenido que ver con sus responsabilidades anteriores durante el plazo de dos años. Esta legislación, equivalente a la existente en los países más avanzados de la OCDE, tiene una unidad administrativa especial, la Oficina de Conflictos de intereses, que, probablemente, no hubiera autorizado la llegada del exministro a este lobby.
El asunto trae a colación temas relevantes. El primero se refiere a las llamadas puertas giratorias, que con frecuencia lleva a políticos o empresarios desempeñar altos cargos y poco después a los consejos de administración de las grandes empresas.
El segundo, el aspecto de reconocer que la sociedad debe estar presente en las responsabilidades políticas y no sólo la elite funcionarial, que por cierto con frecuencia también va a desempeñar puestos de alta dirección en empresas privadas. Por eso existe el régimen de incompatibilidades posterior.
El funcionamiento eficaz de las democracias exige el cumplimiento de las leyes, incluso por parte de aquellos que pueden considerar que tienen excesivo rigor o que puede perjudicar su carrera profesional, posteriormente al ejercicio de un alto cargo. Las administraciones deben también poner límites razonables a la utilización subsiguiente de las actuaciones previas que hubieran podido favorecer intereses de terceros, tanto para funcionarios públicos profesionales como para altos cargos de procedencia política.
@velazquezfj1