EFE/ Miguel Gutiérrez
La bonificación de la remuneración a empleados y trabajadores, anunciada por Nicolás Maduro el pasado Primero de Mayo, mete unos clavos más a la urna de lo que queda de contrato social en Venezuela. Al congelar la remuneración salarial, congela también las prestaciones sociales, aguinaldos y pagos de vacaciones que en ella se basan. Mientras, la inflación continúa siendo la más alta del mundo. El alza consecuente del tipo de cambio ha hecho que el salario mínimo, que hace un año equivalía a 30 dólares mensuales, sea actualmente de apenas 5 dólares y pico, reduciéndose también, en esta proporción, las prestaciones antes referidas. Ahora los bonos de alimentación y de “guerra” (¿?) pasan a constituir el grueso de la remuneración. Sus montos están sujetos, cual dádiva, a la discreción del Ejecutivo nacional, no al esfuerzo del trabajo. Además, los jubilados quedan excluidos del bono de alimentación.
Como contrato social se entiende el conjunto de derechos y deberes entre gobernantes y gobernados de una nación, plasmados en normas, tradiciones y valores que conforman el marco institucional que los aúna en torno a la prosecución de un proyecto compartido de sociedad. Las expectativas acerca de su cumplimiento son un elemento central de la cohesión y de la convivencia social en paz, como del logro de sus objetivos. La gobernanza pivota en torno a la capacidad de satisfacer esas expectativas.
En Venezuela, la consolidación de la democracia se asoció a un contrato social basado en un Estado de Derecho semiliberal, pues estaba mediado por un fuerte tutelaje estatal, sobre todo en lo económico. Se podía invertir en áreas que no estaban ya atendidas (política de “mercado copado”), siguiendo pautas fijadas. En contrapartida, se disfrutaba de incentivos fiscales, protección aduanera, financiamiento y de preferencias en las compras del Estado. Los partidos democráticos, comprometidos con conductas probas de gobierno desde el “Pacto de Puntofijo”, se vigilaban entre sí, evitando, sobre todo al comienzo, que tales incentivos fuesen otorgados a discreción, con base en favoritismos, preferencias políticas o corruptelas. Los trabajadores, por su parte, gozaban del derecho de huelga, de libre contratación y sindicalización, así como de otras reivindicaciones obtenidas, más que por sus propias luchas, gracias a concesiones de una generación de políticos socialmente comprometidos. Cerraba el círculo un consumidor venezolano que conseguía, dentro de las opciones que le ofrecía la política proteccionista de industrialización por sustitución de importaciones, productos a precios asequibles.
Un ingreso petrolero significativo fue central en este contrato social. Su administración se la reservaba el Estado, convirtiéndose en el agente económico preponderante del país. Con un manejo prudente de políticas fiscales y monetarias, garantizó, hasta mediados de los setenta, la estabilidad de precios y, hasta 1983 —salvo el control cambiario entre 1960 y 1963—, un bolívar libremente convertible en divisas a un precio fijo. Asimismo, logró financiar una impresionante expansión de la educación y de la salud públicas, además de dotar de servicios diversos a la población. Un contexto de creciente prosperidad, luego de la derrota de la insurrección armada de izquierdas en los sesenta, afianzó el contrato social. Las expectativas de mejora sostenida en las condiciones de vida de los venezolanos sostenían el poder, a cambio, de los dos principales partidos políticos, Acción Democrática y Copei, preferentes en el sufragio popular.
La multiplicación de los ingresos del Estado con la triplicación de precios del petróleo, luego de la guerra de Yom Kippur de 1973, trastocó los equilibrios que sustentaban esta “ilusión de armonía”, como lo designaran Moisés Naím y Ramón Piñango en un libro con ese título de 1984. La plétora de recursos se tradujo en un mayor protagonismo estatal, asociado a ambiciosos planes de gobierno (CAP I), y a una creciente discrecionalidad para asignarlos. Avivaba expectativas optimistas. Pero las limitaciones con las cuales se tropezó luego esta bonanza en los años ochenta, la llamada “década perdida”, habrían de resentir gravemente las bases del contrato social. Los gobernantes habían dejado de cumplir su parte.
La respuesta fue más intervencionismo estatal en la forma de controles de precio y de tipo de cambio, y de regulaciones extendidas. La reducción del ingreso petrolero y la carga de una elevada deuda pública acumulada hasta entonces ceñían las posibilidades financieras del Estado. La discrecionalidad con la cual se racionaban los recursos estimuló la caza de rentas, provocando una situación de privilegios y de creciente injusticia para quienes quedaban afuera. Los intentos del segundo gobierno de CAP de reemplazar la fundamentación rentista del contrato social por una basada en instituciones —deberes y derechos— de una economía competitiva, chocaron con los intereses creados bajo el anterior esquema.
El ”fenómeno Chávez” se explica, en gran parte, por su habilidad, en el momento adecuado, de cosechar las expectativas de un reparto “justo” de los recursos de la nación, alimentadas por el contrato social que se forjó durante la democracia. Proyectándose como segundo Libertador, y revestido de simbolismos patrioteros y de una retórica antiimperialista, fue cortando el nudo gordiano de los contrapesos y resguardos del Estado democrático liberal, para asumir el papel de Gran Redentor. Las mayorías se lo compraron. Se reformuló el contrato social sobre bases estrictamente populistas. Chávez el Salvador de la Patria aseguraría el usufructo de las riquezas nacionales a cambio de lealtad incondicional a su persona y a su proyecto político. Para qué mantener deberes y derechos que no entraban dentro de este esquema. Ya lo había señalado Fidel Castro “dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada”.
Pero era un contrato social parcelado, debilitado, con una sociedad escindida por el discurso de odios conque Chávez justificaba la destrucción de los contrapesos a su poder “redentor”. Sus bases eran muy vulnerables, por demás, pues dependían del carisma de Chávez y de la existencia de significativos recursos a repartir para contentar a la gente. Asimismo, estaba cada vez más horadado por los “amigos” quienes, al amparo de la destrucción institucional y de la impunidad asociada a su lealtad, le entraron a saco a los dineros de la nación. Pero a Chávez le sonreían los dioses. Tuvo la suerte de contar con inusitados ingresos petroleros, sobre todo durante su segundo gobierno, para sostener sus imposturas.
Con la desaparición de las bases de lo que aún subsistía como contrato social —carisma y altos ingresos—, Maduro montó una institucionalidad paralela, abiertamente violatoria del orden constitucional, para avalar sus únicas herramientas de “gobernanza”: la represión abierta y la criminalización de toda protesta o disidencia, con la anuencia de tribunales abyectos. El “contrato” ya no era con la sociedad, sino con un círculo estrecho de complicidades de militares traidores, jueces corruptos, enchufados y de mafias “revolucionarias”, junto con los Estados forajidos que los apoyan. Pero se le está explotando en la cara. Las agallas desmedidas de algunos —caso Pdvsa y relacionados—, en un país tan empobrecido por el chavo-madurismo, ha desatado una guerra entre facciones por preservarse cotos para el despojo.
En un escenario que le es cada vez más desfavorable, se supondría que a Maduro le interesaría ampliar sus bases de sustento más allá de la secta de fanáticos y de las complicidades que lo mantienen. Pero, entrampado en una política antiinflacionaria excluyente y destructiva, de un monetarismo tan extremo que haría parecer a los neoliberales como revolucionarios de izquierda, apela a la bonificación de las remuneraciones de trabajadores y empleados para no cargar el presupuesto del pago de prestaciones que no fueran tan miserables. Acosada la dirigencia sindical y sordo ante las exigencias de la población por que le sean respetados sus derechos, el ridículamente autoproclamado “presidente obrero” (¡!) decide acabar con uno de los últimos vestigios del contrato social de la democracia: el salario como base de un sistema de seguridad social que, en una economía sana, les proveería condiciones de vida digna.
Las posibilidades de salir del abismo con base en un proceso sostenido y audaz de crecimiento, pasa por construir los fundamentos de un nuevo contrato social que sea creíble, inspire confianza y sea capaz de aunar voluntades en torno a un proyecto democrático que asegure las libertades y vele por los elementos centrales de un Estado social de derecho, transparente e incluyente. Es condición, además, para concitar los aportes internacionales y de los venezolanos de la diáspora, que tanta falta hacen.