Randy Brooks / AFP
De las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro suelen quedar para una porción de los venezolanos dos sensaciones: una, es poco lo que se avanza; dos, de ese poco que se avanza, hay dudas sobre su concreción.
En la víspera de esos acuerdos -tanto el de México de noviembre de 2022, como el que se acaba de firmar en Barbados- se alimentan expectativas que luego no se ven plasmadas en el papel, con la consiguiente decepción y pérdida de confianza en el equipo negociador de la Plataforma Unitaria. ¿Se piensa que se está en una posición de fuerza tal que llevará a que Maduro y sus negociadores se dobleguen de forma definitiva? El debate en la primaria opositora ha puesto en claro que esa fuerza que posibilite el cambio político es aún una tarea en construcción.
Hay sí la convicción de que el régimen de Maduro se sienta a negociar porque lo apremia su ruina económica y requiere aliviar las sanciones que limitan su capacidad de maniobra y ejecución. El discurso destemplado de Jorge Rodríguez pidiendo el desembolso de los fondos (más de 3.000 millones de dólares) es una evidencia de la quiebra de las arcas públicas, aderezado con una teatral dosis de «desengaño».
En esa situación extrema, Rodríguez, jefe de la delegación oficial, tuvo que firmar, en contra de lo que alardea, el «Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos». El título ya admite también dos cosas: el acuerdo es incompleto y el ejercicio de derechos políticos y el disfrute de las garantías electorales -sustancia de los derechos constitucionales-, están suspendidos en la República Bolivariana de Venezuela.
En el primer punto del Acuerdo, se acepta «el derecho de todo partido político a seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos». Proceso que la Comisión Nacional de Primaria conduce hacia su realización el próximo domingo y que encuentra aquí, al fin, el despeje de la vía. No es para nada un asunto menor después de meses de incertidumbres y amenazas.
Los siguientes numerales comprometen al régimen con: la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre del año próximo; la actualización del registro permanente de electores con sesiones especiales, campañas de información, y promoción; continuación del proceso de identificación y expedición de cédulas de identidad; actualización del padrón de electores en el exterior; auditorías del sistema electoral con la participación de todos los actores políticos, observadores internacionales y acompañamiento nacional; e invitación a misiones de expertos de observación electoral.
También hay compromisos sobre la promoción de un clima social y político pacífico, la eliminación de cualquier medida que pueda poner en peligro a los candidatos y demás partidos, el reconocimiento del derecho de los partidos a disponer de «facilidades de financiamiento transparentes, para asegurar su legal procedencia y escrupulosa gestión». Todo o casi todo va seguido de la coletilla de «acuerdo con la Constitución y la ley». Que despide un cierto olor a amenaza más que a pulcro acatamiento.
El tema de los temas es el de las inhabilitaciones políticas de tres dirigentes: María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Machado es la única que sigue en la primaria opositora para elegir la candidatura presidencial unitaria, tras el retiro de los aspirantes de Primero Justicia y Voluntad Popular. La líder de Vente Venezuela encabeza de manera muy holgada las encuestas de preferencias políticas.
El Acuerdo dice al respecto: «Promoción de la habilitación para todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para postularse a la presidencia, de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación venezolana y, además, de conformidad con los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia consagrados en la Constitución».
Queda trabajo por hacer. El primero, la primaria del domingo 22: un desafío al poder del que surgirá una nueva realidad política. Machado, que no participó en las negociaciones, exigió ayer “la libertad inmediata de los presos políticos, el cese de la persecución y las garantías de una elección presidencial en la cual se respeten los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos dentro y fuera del país”.