El préstamo para fines agropecuarios fue entre nosotros un crédito que se otorgaba a los productores del campo venezolano –los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola forestal, pesquero y acuícola– para cubrir las necesidades propias de sus operaciones en marcha, tanto a corto, mediano como a largo plazo. No hay duda de que un buen sistema de crédito agropecuario se convierte en pieza fundamental del desarrollo económico general del país. En Venezuela, a partir de 1974 comienzan a sentirse los efectos del aumento del ingreso fiscal petrolero como consecuencia de la subida de precios del crudo en los mercados internacionales, dando lugar, entre otras secuelas, a un incremento importante de la inversión en el campo. Ello coincide con una etapa de crecimiento del PTB agrícola que evolucionó a todo lo largo de la década de 1970 y aún más allá. En ese proceso tanto los bancos comerciales del sector privado, como también los institutos de crédito del Estado –i.e. Bandagro, ICAP–, contribuyeron de manera importante con sus respectivas aportaciones al caudal de dineros prestados a los agricultores y criadores, así como a los restantes actores del ramo agropecuario. A inicios de la década de 1980, el porcentaje del financiamiento proveniente de Bandagro con relación al PTB agrícola se eleva de manera apreciable, lo cual no estuvo exento de anomalías, entre ellas el exceso del límite máximo de expansión permitido por la ley de la materia –en función del capital del instituto–y a las cuales se añadirán fallas en el análisis de crédito –los aspectos cualitativos y cuantitativos que determinarían las posibilidades de pago del capital e intereses dentro del lapso acordado–.
En Venezuela hubo razones que dieron lugar a la creación por el Estado de instituciones diferenciadas de crédito agropecuario. A Bandagro se le quiso dar un carácter empresarial, en tanto que al ICAP –Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario– se le orientaba al crédito campesino en beneficio de pequeños productores y cooperativas. Se trataba en esencia de atender compartimientos financieros de naturaleza diversa, con requerimientos desemejantes que demandaban organizaciones y manejos distintos. Esta diferenciación pretendió solucionar el congestionamiento e ineficiencias que agobiaban al antiguo Banco Agrícola y Pecuario–convertido en ICAP–, que atendía no solo una gestión propiamente crediticia, sino además programas de sostenimiento de precios, de importación y exportación de productos agropecuarios e insumos y manejo del almacenamiento agrícola, que como se indica en el Informe presentado por la Subcomisión del Sector Financiero a la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados (1981), todo ello se inscribía “…dentro del contexto de una política de comercialización agrícola que no era ni es congruente con los objetivos de una institución de financiamiento crediticio…”.
Cabe mencionar someramente los programas de financiamiento atendidos por Bandagro, divididos en ordinarios y especiales según el destino de los fondos. En el programa ordinario se incluía el crédito a corto plazo otorgado a los diversos subsectores imbuidos en la producción agropecuaria. Por su parte, el especial se orientaba al desarrollo y consolidación de unidades de producción para las cuales se otorgaban créditos a mediano y largo plazo. El subsector agrícola vegetal recibiría créditos para cultivos diversos –i.e. arroz, sorgo, maíz, textiles, oleaginosas–, el agrícola animal para capital de trabajo en la producción de ganado de carne y leche, porcinos y aves. En lo que respecta al desarrollo y consolidación de fincas, se otorgaban créditos para el incremento de rebaños bovinos, siembra y mejoramiento de pastizales, infraestructura de riego y drenaje, maquinaria y equipos y construcciones e instalaciones permanentes. Entre los programas especiales, se incluía el fomento de cultivos de café, cacao y caña de azúcar, así como también el desarrollo agroforestal. En cuanto a las modalidades de crédito, se distinguían el corto plazo (hasta dos años) para el financiamiento de capital de trabajo destinado a cultivos anuales, productos pecuarios y pesqueros, entre otros; mediano plazo (hasta siete años) para dotación de capital fijo con respaldo de garantías reales, destinado a cultivos permanentes y animales de cría, entre otros; y largo plazo (hasta 20 años) para capital fijo con garantía hipotecaria para obras de riego y drenaje, nivelación y mejoramiento de tierras, siembra de pastos y cultivos de producción retardada e instalaciones para el beneficio de productos agrícolas o pecuarios.
El recuento que antecede era necesario para tener idea de cuánto se ha hecho en Venezuela en materia de crédito agrícola; a partir de los múltiples errores cometidos, de los excesos y de la conciencia de haber perdido ingentes cantidades de recursos en programas mal gestionados y en los cuales hubo actos de corrupción, puede replantearse una acción coordinada que provea soluciones crediticias adecuadas y ante todo accesibles a los genuinos productores del campo.
Hoy prevalece la ausencia del crédito en general como herramienta que contribuye poderosamente al crecimiento económico del país. El nuestro es un sistema financiero que entre otras cosas no provee al sector agropecuario y rural de una fuente eficaz y confiable de crédito a disposición de los productores organizados. Hablar de reactivación económica sin recursos accesibles a través de operaciones de crédito en sus diversas modalidades, es en esencia un autoengaño que no producirá los resultados que alegremente se ofrecen en campañas proselitistas. Venezuela debe regresar cuanto antes a la racionalidad y a la correcta gestión económica y financiera, garantizando la fluidez del crédito agrícola en cualquiera de sus modalidades, cuyos recursos pueden provenir de instituciones de segundo piso respaldadas por el Estado y que cuenten con la imprescindible cooperación de la red bancaria. El fomento de la producción agroalimentaria es asunto de interés público; por algo los agricultores y criadores europeos, norteamericanos y asiáticos reciben oportuno respaldo de sus respectivos gobiernos. En síntesis, nada más necesario y actual que el crédito agrícola.