Los acreedores estadounidenses de Venezuela dieron la bienvenida a un posible acercamiento entre Caracas y Washington, pero aún enfrentan riesgos e incertidumbres para cobrarle a un gobierno en bancarrota.
La reversión de las sanciones sobre el petróleo venezolano es una forma de resolver las enormes obligaciones de deuda externa del país, pero no ofrece una solución inmediata para un incumplimiento de pago de larga data, señalan expertos y personas cercanas a sus principales acreedores externos.
En los últimos meses Nicolás Maduro había pedido a los administradores de activos de Wall Street que presionaran por una relajación de las sanciones para colocar más crudo venezolano en los mercados mundiales y proporcionar una oportunidad para reestructurar la deuda del país. Las empresas y los tenedores de bonos tienen prohibido negociar con la administración de Maduro, como parte de una amplia campaña de sanciones implementada por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.
El gobierno de Joe Biden se está preparando para permitir que Chevron Corp. reanude las perforaciones en Venezuela y que las exportaciones de petróleo fluyan nuevamente a los mercados de Estados Unidos y Europa, siempre y cuando Maduro se embarque en conversaciones con los líderes de la oposición para celebrar elecciones libres y justas. Inversionistas y analistas expresan un optimismo cauteloso con respecto a la reanudación de otras relaciones comerciales con el gobierno venezolano, incluidas posibles conversaciones de reestructuración con sus acreedores.
Si bien el acuerdo con Chevron podría sugerir que las relaciones de Venezuela con el resto del mundo están mejorando lentamente, suavizar las sanciones sobre el petróleo no ayudarán por sí solas a avanzar hacia una reestructuración o refinanciamiento significativo mientras existan otras restricciones, dijo Husni Almousli, un abogado de reestructuración del bufete de abogados Kirkland & Ellis LLP de Londres. La apertura le da a Chevron y posiblemente a otras compañías de energía una forma de recuperar los atrasos de sus empresas conjuntas, mientras que los tenedores de bonos y otros acreedores carecen de un camino inmediato para buscar el pago.
Las sanciones actuales impiden que los inversionistas tengan contacto directo o negocios con el régimen de Maduro, lo que hace que las conversaciones de reestructuración sean imposibles a menos que Estados Unidos relaje las reglas actuales. Los inversionistas estadounidenses también tienen prohibido comprar los aproximadamente 60 millardos de dólares en bonos en circulación respaldados por el gobierno venezolano o su compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A.
En los mercados extranjeros, donde aún se negocia la deuda venezolana, los bonos soberanos y de Pdvsa cambian de manos por centavos de dólar a pesar del posible deshielo en las relaciones. Una reestructuración aún está lejos y probablemente solo se producirá después de que Estados Unidos vea avances hacia elecciones libres en Venezuela, dijo Pablo Melasecca, codirector de mercados emergentes de América Latina en BTIG.
“Si se levantan las sanciones sobre el comercio de bonos sería un repunte importante dado que los bonos están estancados en mínimos históricos, pero no creo que Estados Unidos lo haga en el corto plazo”, dijo. “Le daría al régimen un vehículo a través del cual puede mejorar su acceso a los flujos de capital y no creo que eso suceda, a menos que haya un camino hacia elecciones libres y justas”, agregó.
Las obligaciones externas del país incluyen aproximadamente 60 millardos de dólares en bonos y años de intereses acumulados luego del incumplimiento de 2017, más decenas de miles de millones de dólares en sentencias de arbitraje derivadas de la pasada nacionalización de inversiones privadas en Venezuela.
Los acreedores han centrado sus esfuerzos de cobro en la refinería de petróleo de Venezuela con sede en Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp., el único activo estatal considerable al que pueden acceder a través del sistema judicial de Estados Unidos.
Citgo enfrenta varias demandas en tribunales estadounidenses por parte de acreedores que buscan incautarla y venderla como compensación por las deudas acumuladas por su propietario, Pdvsa. Desde 2019 el gobierno estadounidense ha protegido a Citgo de la incautación y ha puesto el control de la empresa en manos de los líderes de la oposición venezolana que representan sus intereses en los tribunales.
La desaparecida minera canadiense Crystallex International Corp. está tratando de incautar y vender la participación de Venezuela en Citgo para cumplir con una sentencia de 1 millardo de dólares, pero no puede perseguir una incautación y venta forzosa bajo las sanciones actuales. Los tenedores de bonos y otras empresas multinacionales también están dando vueltas a Citgo como una fuente potencial de compensación por el dinero adeudado y las propiedades expropiadas por Venezuela. Un deshielo en las relaciones con Maduro genera dudas sobre si Estados Unidos continuará protegiendo a Citgo como un activo estatal venezolano.
El abogado de Crystallex, Rahim Moloo, dijo que Estados Unidos debería insistir en que Venezuela acate las sentencias judiciales y pague a los acreedores legítimos en el camino hacia la normalización de las relaciones.
Citgo se negó a comentar sobre el posible alivio de las sanciones de Estados Unidos.
Algunos inversionistas que aún pueden adquirir bonos venezolanos creen que el cambio en la política de sanciones brinda una oportunidad de compra con los precios actuales tan bajos y la negociación aún congelada.
“El mercado no está prestando atención al hecho de que toda la música ambiental ha cambiado materialmente en los últimos 12 meses”, dijo Lee Robinson, fundador y director de inversiones de Altana Wealth, con sede en Londres, que posee bonos de Venezuela.
Venezuela y sus socios petroleros extranjeros como Chevron ya enfrentan duros desafíos para reactivar la producción de petróleo, una vez entre las más grandes del mundo, pero ahora plagada de falta de inversión y corrupción. Si Venezuela comienza a exportar cantidades significativas de crudo nuevamente, se enfrentará a la presión de llegar a un acuerdo con los acreedores financieros para evitar el riesgo de incautaciones de envíos de petróleo.
Venezuela ha promovido anteriormente oportunidades de inversión, incluso en la industria petrolera, para administradores de activos extranjeros en caso de que se revoquen las sanciones de Estados Unidos.
Una mayor producción petrolera “es dificil de separar del problema de la reestructuración de deuda”, dijo Mark Weidemaier, profesor de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte. “Es realmente complicado tener una economía de exportaciones robusta, cuando tienes a tu alrededor a acreedores que reclaman miles de millones de dólares”, indicó.
Artículo publicado en The Wall Street Journal