TSJ | Foto Archivo
Entre las distintas formas mediante las cuales se manifiesta la pretensión hegemónica y el talante antidemocrático del régimen está la de acumular la mayor concentración posible de poder, que sea suficiente y eficaz para neutralizar cualquier reacción a sus propósitos. Incluso, lo ha hecho en términos desproporcionados para asegurarse con el escarmiento que cualquier iniciativa que amenace esa hegemonía correría igual o peor suerte.
La administración de justicia llevó lo suyo. Dos casos emblemáticos bastan para demostrarlo. El desempeño institucional del TSJ y el resto de nuestros jueces, quedó seriamente castrado desde la inaceptable y procaz descalificación e intromisión de Chávez en las constitucionales funciones del TSJ por decidir un vacío de poder en los sucesos de abril del 2002.
Más brutal fue el singular precedente de la jueza María Lourdes Afiuni Mora; desde entonces la recta administración justicia es una rara avis en nuestro país. Esa concentración de poder consiguió terreno abonado en la tristemente célebre Luisa Estela Morales, expresidenta del TSJ, quien le dio una patada a los principios democráticos de la separación y equilibrio de poderes teorizados por el barón de Montesquieu, vigentes por más de 260 años.
El “Informe sobre el estado de la independencia del poder judicial en Venezuela”, elaborado por Human Rights Foundation, publicado el 26 de septiembre de 2012, trata el asunto y refería la opinión de la expresidenta del TSJ cuando expresó: “No podemos seguir pensando en una división de poderes, porque eso es un principio que debilita al Estado”. Agrega el informe: “Las declaraciones vertidas en 2007 y 2009 por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, así como aquellas vertidas por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estella Morales en 2009 y por el magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba en 2011, constituyen un reconocimiento expreso de que para estas autoridades, todas las acciones y decisiones del Poder Judicial venezolano deben estar y están deliberadamente alineadas y sometidas a las políticas del Poder Ejecutivo bajo la dirección del presidente Hugo Chávez, haciendo de esta manera patente la sumisión del Poder Judicial venezolano al poder ejecutivo”.
Esa desproporción, como eficaz herramienta de escarmiento, se nos presenta en términos más trágicos. Ninguna duda cabe que la atroz ejecución de Óscar Pérez y su grupo, ya rendidos y vencidos por las asimétricas condiciones de combate, llevaba implícito un bestial mensaje de amedrentamiento a quienes tuviesen la osadía de tomar, como en efecto la han tomado otros, la vía de las armas para enfrentar al régimen. Por cierto, nada que ver con el trato dispensado a Chávez tras su rendición en 1992. O el caso de la muerte inducida del modesto y valiente productor agropecuario Franklin Brito vs. el aparato del Estado Chavista. O el de la brutal represión de Goliat contra la protesta del inerme David que tiñó con su sangre los pavimentos del país.
Es el resultado de la macabra maquinación que supedita el poder judicial al ejecutivo, que se explica en las palabras expresadas en el año 2011, por el entonces magistrado del TSJ, Fernando Vegas Torrealba, quien afirmó que “este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano y democrático”. La línea editorial de El Nacional, contestataria y opuesta a un régimen totalitario que ve en la libertad de expresión y de comunicación un desafío de un referente mediático, fue respondida por un despojo que encaja en esa perversa urdimbre.
No es poca cosa lo que aún queda por enfrentar. Lejos está que pueda equilibrarse una lucha que hoy es completamente desigual con unas Fuerzas Armadas intervenidas e ideologizadas y puestas al servicio no solo de una parcialidad política sino también de intereses extranjeros. Una claque que a sabiendas de la devastación del país se rasga las vestiduras por la implementación de un sistema político totalitario y antidemocrático que por supuesto no está contemplado en nuestra Constitución que por el contrario establece a la democracia y al pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico. En Venezuela se está perpetuando el totalitarismo como sistema político; que hoy es una forma de gobierno que está siendo erradicada expresamente en países que ya han transitado el terrible camino de la hegemonía y la desgracia antidemocrática. ¿Acaso 22 años de desgobierno no bastan?
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