La persecución ha sido el hilo conductor del ecosistema criminal instaurado por el socialismo del siglo XXI, para mantenerse en el poder mediante el sometimiento de la población a “libertad condicional”, con abuso de poder y violación sistemática de los derechos humanos, garantizados estos por la letra muerta de la Constitución.
Lentamente, pero seguro, comienza a moverse la investigación formal a cargo de la Corte Penal Internacional, hay claras y rotundas evidencias. Los delitos de lesa humanidad tienen rostro y cadena de mando. Se han cometido delitos atroces contra las víctimas y sus familiares. Y enfrentamos la deleznable utilización de las personas como fichas de cambio. Juegan perversamente con la vida y libertad de la gente, derechos sagrados que deben ser garantizados por cualquier sociedad democrática y los gobiernos que se sucedan. Hay todo tipo de torturas y hasta presos fallecidos en cautiverio cuando la función del Estado es preservarles la vida. Recurren al delito de traición a la patria que se había utilizado en contadísimas ocasiones, simplemente por el mayor número de años que contempla la pena y para juzgar a inocentes en tribunales militares y hacer los que les venga en gana. Muchos se preguntan: ¿si no hay violaciones de derechos humanos ni presos políticos, qué hace entonces negociando en México? Las madres de los jóvenes asesinados y torturados, con su entrega y abnegación, realizan la tarea fallida del Ministerio Público de la usurpación. Se supo de la muerte lenta del general Baduel y una presunta cirugía clandestina que lo condujo al final de sus días. No hay voluntad política por parte del régimen criminal para acordar una hoja de ruta que lo lleve a dejar el poder que tiene secuestrado. Difícil jugar a la igualdad ante la ley con unos bellacos con un manto de impunidad, absolución y olvido. La ideología la dejaron en el discurso y en la actuación se vuelca solo lo criminal. La tutela de la usurpación ha sido de muerte. Los regímenes totalitarios se inventan su propia realidad. El régimen pone palos a la rueda, como los malos abogados interponen tácticas dilatorias a la justicia internacional. Ya es hora de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorice la continuación de la investigación.
Contra el ecosistema criminal pesa la acusación de haber provocado el mayor éxodo del mundo, son más de 7.000.000 de seres humanos expulsados. El gobierno de Biden cerró sus fronteras el pasado 12 de octubre y como consecuencia una porción alta de compatriotas quedaron varados viviendo un drama existencial. Requieren proveerse de un pasaje de retorno a Venezuela, como lo está exigiendo Guatemala. Muchos se niegan a regresar porque continúa la crisis política, económica y social que los impulsó a emigrar. Increíble que no se esté disponiendo de vuelos humanitarios para personas que se quedaron sin nada en el camino y fueron víctimas de promesas falsas y extorsión de los coyotes.
Para cualquier político con integridad lo primero es la gente y servir a las personas que están sufriendo, tanto los migrantes como los que están aquí. Tengamos presente que la realidad importa más que nosotros mismos.
El régimen desde que se instaló hace casi 24 años lo que ha producido son damnificados y todavía se insiste en pedirle algo que no está en su naturaleza otorgar. Hay que sacarlo para restablecer la democracia y el Estado de Derecho.
¡Libertad para Javier Tarazona y Emilio Negrín! ¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados ni exiliados!