En una engañosa y prolífica campaña publicitaria por televisión el gobierno muestra una visión idílica del proceso de paz. Con el lema de a qué le suena la paz con legalidad pone supuestos testimonios de las maravillas de ese proceso, pero lamento disentir y presentaré acá mi versión personal de a qué me suena la tal (como diría el mentor de todo esto Juan Manuel Santos) paz con legalidad. Me suena a que:
- No es paz. Es imposible una paz con total impunidad de los criminales de lesa humanidad, es imposible la paz con un país inundado de coca, no hay paz cuando los narcoterroristas imponen sus condiciones para proseguir su negocio ilegal, como la no fumigación con glifosato. No hay paz cuando las FARC utiliza la combinación de todas las formas de lucha para tener un brazo político legal, uno terrorista (con persecución armada de sus enemigos disfrazada de asesinatos por el “sistema” a supuestos luchadores sociales) y uno de narcotráfico. No hay paz cuando los narcoterroristas vuelven a actos terroristas en centros urbanos como el de la Escuela de Cadetes de la Policía y sobre todo cuando milicias urbanas imponen el vandalismo y el terrorismo en las ciudades, disfrazada de protesta social, protegida y hasta estimulada por las autoridades.
- No hay legalidad. O mejor dicho hay una seudolegalidad impuesta por el narcoterrorismo comunista en el ilegítimo acuerdo de entrega del país a las FARC. Hay una total ilegitimidad puesto que el bloque constitucional adoptado fue rechazado por el pueblo, instaurándose así una dictadura del farcsantismo, al cual el gobierno de Duque obedece ciegamente. No hay legalidad porque es el acuerdo impuesto por el comunista español Carrillo y el traidor a la patria Santos, con la cooptación de las instituciones del Estado, el que establece un régimen de impunidad y de privilegios para el narcoterrorismo comunista.
- Es una justicia sesgada, y por lo tanto no hay justicia. Con una justicia especial para asegurar la impunidad de los criminales de lesa humanidad de las FARC (la JEP), con las Cortes dominadas por los carteles de la toga y de la coca, estableciendo una dictadura de los jueces, que usurpa las funciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Que además arremete sin el debido proceso contra los defensores de la democracia como el presidente Uribe.
- Es un Estado volcado a satisfacer la economía ilegal de los criminales de lesa humanidad de las FARC, con canonjías presupuestarias inconcebibles para un grupo terrorista como este. Con toda la estructura del Estado colmada por miembros del farcsantismo, y con casi todas las instituciones (medios, sindicatos, Iglesia, gremios, etcétera) plegados a la dictadura farcsantista.
- Es una “legalidad” instrumental contra las víctimas y a favor de los victimarios, que va desde la ley de tierras que victimiza a los propietarios tradicionales de las tierras en favor de los grupos ilegales, de funcionarios que no atienden a los verdaderos representantes de la sociedad civil sino que solo tienen oídos para los paladines del farcsantismo.
- Es un sistema contra el orden y la seguridad, atando de manos a la fuerza pública a favor de los delincuentes, con jueces sesgados a liberar a los criminales desde Santrich hasta los delincuentes con hasta 50 delitos cometidos y que siguen en la calle. Con unas Fuerzas Armadas inoperantes por una “doctrina” a favor del narcoterrorismo y con cúpulas militares y policiales que siguen órdenes del sátrapa Santos a través del general Mejía, con la consecuente inteligencia ciega ante las acciones de los delincuentes de lesa humanidad, llegándose al colmo de la reciente designación de comandante de la Policía Nacional a un general indiciado de colaborar en el secuestro de un opositor al dictador Correa, quien estaba asilado en Colombia.
Esta es la realidad de Colombia: un país inundado en coca, con un Estado dirigido por un orden constitucional ilegítimo, una dictadura del narcoterrorismo comunista, con todas las instituciones del Estado cooptadas por los criminales de lesa humanidad del farcsantismo, con una sociedad civil arrodillada a los dictámenes de los carteles ilegales, ¿es eso paz con legalidad? Obviamente no.