Foto: AFP
Hoy, día de Año Nuevo, comienza la cuenta regresiva y no tendrán manera de detener el desenlace. Finalmente se impondrán los resultados legitimantes del 28J y Edmundo González presidirá al país. El cambio político “va a terminar pasando”, como sentencia MCM. En el camino quedará un régimen inerte, fulminado por esa poderosa voluntad popular que no dejó lugar a dudas de su anhelo democrático. Siete millones trescientos tres mil cuatrocientos ochenta (7.303.480) venezolanos votamos contra la autocracia y el militarismo, contra la persecución, los presos políticos, la tortura y las desapariciones forzosas, contra vilezas como la de apresar a quienes por el contrario deben estar protegidos por una cacareada Lopna que hoy, tal como la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, forma parte de un verdadero cementerio en el que yacen leyes e instituciones.
Pero también votamos contra los depredadores del patrimonio de la nación, contra quienes han entregado nuestra soberanía a cubanos, rusos, chinos e iraníes, y contra los responsables de la diáspora. Solo la degradación sistemática de los valores e instituciones que ha impuesto este régimen dictatorial, desde el propio inicio de la “revolución bonita”, explica la grosera pretensión usurpadora que cuenta con la complicidad de aliados indeseables y el sometimiento perruno de alacranes que dependen de sus migajas y de superalacranes que se han doblado para no partirse.
El resultado representa también un contundente mandato que -por legítimo- mandantes y mandatario tienen la obligación de cumplir y hacerlo cumplir por todos los medios que exige nuestro texto constitucional, tanto con el desconocimiento de cualquier acto que lo impida, como con una activa colaboración para que se restablezcan sus términos. El fraude perpetrado de esos resultados por parte del régimen impone la obligación de su desconocimiento visto que contraría los valores, principios y garantías democráticos, como expresamente lo pauta el artículo 350 constitucional. Los términos de esta disposición, adminiculados con los del 333 ut supra, establecen que el acto de fuerza por el cual se produjo un autogolpe que deroga de facto nuestra carta magna, o cualquier otro que se produzca en lo adelante, obliga a todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, a colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Frente a estas normas constitucionales no podrá cobrar vigencia ningún acto o ninguna ley que en la práctica las derogue en su espíritu, propósito y razón.
El día fijado para que Edmundo González asuma el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela es el 10E, conforme a lo pautado en nuestra Constitución en su artículo 231, bien ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cualquier acto o hecho que lo impida, como el atizado por Maduro cuando le exige a los militares “defender la causa a costa de lo que sea”, armados hasta los dientes y obligados a reprimir, lleva implícito que esos militares se pongan de nuevo al margen de la Constitución, respaldando a un régimen de terror que los expone no solo al repudio generalizado de los venezolanos y el mundo, sino a sufrir las consecuencias que prevén las universales normas que rigen para los actos que violan los derechos humanos. Una nueva oleada de represión desencadenaría con mayor rapidez el urgido punto final de una de las dictaduras más tenebrosas que haya sufrido el país.
Los venezolanos, seguros de que nos asiste el derecho y nos ampara la justicia, nos impondremos como una gran fuerza cívica y democrática tal como nos lo confieren los artículos 333 y 350 de nuestra ley fundamental, nunca antes tan determinante como ahora.
X:@vabolivar
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