Escribo este artículo durante la visita a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Como era de esperarse, su visita ha generado opiniones encontradas. Unos consideran que su presencia le permite ganar tiempo a la usurpación madurista; otros afirman que contribuirá, con mayor fuerza, a exponer ante el mundo las permanentes violaciones de los derechos humanos, perpetrados por la nefasta “revolución bolivariana”. Soy partidario de la segunda opinión. De todas maneras, espero que en los próximos días se puedan conocer sus conclusiones, las cuales lógicamente deben ratificar las expresadas en el informe del personal técnico bajo su dirección, como resultado de su visita a nuestro país. Sin embargo, sostengo, con firmeza, que nuestra tragedia es de la ineludible responsabilidad personal y política de Nicolás Maduro. Su ambición de poder ha destruido a Venezuela. No le ha importado violar los principios fundamentales de la Constitución Nacional, e irrespetar los derechos políticos, económicos y sociales de nuestro pueblo.
La Dra. Bachelet, quien ha ejercido la presidencia de su país en dos oportunidades, 2006-2010 y 2014-2018, conoce perfectamente bien las causas y consecuencias de la entronización en el poder de una camarilla corrupta, la cual ha conducido a Venezuela, durante los últimos 20 años, a la debacle nacional que hoy padece. Esa situación ha alcanzado su mayor expresión durante los últimos seis años en el ejercicio inconstitucional de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro. Ocurrida la muerte de Hugo Chávez, su candidatura a la Presidencia de la República, en el año 2013, fue viciada de absoluta nulidad, al violar el artículo 229 constitucional que le impedía ser candidato presidencial ejerciendo la Vicepresidencia de la República. El mismo día de la elección violentó la ley electoral, con el lamentable apoyo de la Fuerza Armada, mediante, entre otras cosas, la prolongación del horario de votación hasta las 10:00 pm, cuando las mesas electorales debían cerrarse a las 4:00 pm para facilitar, de esta manera, el acarreo de votantes ilegales para despojar del triunfo a Henrique Capriles Radonski.
En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 la oposición democrática obtuvo un importante triunfo electoral al obtener las 2/3 partes de la Asamblea. Esa impresionante derrota del oficialismo indicaba que se aproximaba un seguro cambio de gobierno. De inmediato, Nicolás Maduro comenzó a maniobrar. La primera acción fue designar por la anterior Asamblea Nacional, de absoluta mayoría oficialista, los nuevos magistrados y miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y los demás poderes públicos con el fin de controlar dichas instituciones. La segunda acción fue desconocer la mayoría calificada de la oposición al objetar la elección de los tres diputados electos del estado Amazonas según la írrita decisión de un tribunal regional claramente manipulado por el régimen. De todas maneras, la oposición democrática consideró que, al cumplirse la mitad del período presidencial, se podía convocar a un referendo revocatorio, como lo establece el artículo 71 constitucional. El CNE y el TSJ, mediante mil triquiñuelas, impidieron la realización de ese referendo revocatorio.
Este cuadro de cosas condujo, inevitablemente, a una gran protesta nacional durante el año 2017, la cual fue reprimida brutalmente con un lamentable saldo de muertos, heridos, desapariciones forzosas, persecución de los líderes opositores más emblemáticos y la ilegalización inmotivada de varios partidos, trayendo como corolario no solo el rechazo nacional sino que la comunidad internacional exigiera explicaciones ante tan flagrantes violaciones de derechos humanos. Nicolás Maduro, consciente del abrumador rechazo popular, decidió convocar, arbitrariamente, a una elección presidencial, en mayo de 2018, plagada de irregularidades y con una abstención histórica de más de 55% del padrón electoral, a pesar de la grotesca manipulación de los resultados. El desconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro por las mayorías nacionales, demostrada mediante tan importante abstención, fue respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Estos organismos rechazaron su resultado por la falta de transparencia y garantías electorales.
Así mismo, el descalabro sufrido por nuestra economía y la calidad de vida de los venezolanos, no tiene nada que ver, como se ha pretendido, con las sanciones recientemente impuestas a nivel del funcionamiento del Estado, ya que esas medidas de orden económico han sido aplicadas apenas durante los últimos dos meses. La verdadera razón de la tragedia nacional está en la corrupción, la ineficiencia y la inexistente voluntad para tratar de satisfacer las necesidades más elementales de los ciudadanos. De allí la gigantesca diáspora que amenaza la estabilidad regional. Ahora bien, ¿por qué razón el régimen madurista se mantiene en el poder? La respuesta es una sola. Los venezolanos se encuentran aterrorizados por la cruel represión del régimen. Lo mismo ocurre en los cuadros militares: la más mínima crítica es considerada como un delito, por el cual alguien puede ser detenido, torturado y acusado de traición a la patria. El colmo es que esa represión alcanza a los familiares. Hablar de estos asuntos debe de tocar profundamente el sentimiento de Michelle Bachelet. Su padre, general chileno, su madre y ella misma fueron tratados con igual vileza por la dictadura de Augusto Pinochet.
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