Basta sólo con el título para vislumbrar de qué se trata “Ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales”. Un episodio miserable más contra una ciudadanía que trata de preservar sus valores e integridad valiéndose de sus mejores capacidades. Pretende fiscalizar las organizaciones de la sociedad civil, un gobierno que no rinde cuentas ni acepta que los ciudadanos lo fiscalicen como pauta el derecho civil. La Misión de Investigación de la ONU en Venezuela la ha definido como un “un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” (Marta Valiñas); después de analizarla declara que “la ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación” (Francisco Cox). Ley que aumenta la pobreza y mata la productividad ciudadana.
Sin duda se trata del avance más violento de la estatización de la sociedad, en el mismo rango que las políticas expoliadoras de la propiedad privada promulgan una ley para controlar la iniciativa ciudadana en los diversos campos de interés. Se despojan de disfraces y van directo a matar, arremeten contra una sociedad abatida por la miseria, con escolares sin escuela y universitarios penando por la ausencia de los profesores que requieren para completar su formación. Un país donde las llamadas Fuerzas Armadas en lugar de velar por nuestra seguridad se han convertido en un poder económico-represivo avasallante, dedican sus esfuerzos a la búsqueda de poder dominar, castrar las iniciativas de los ciudadanos que han decidido promover emprendimientos que permitan a las familias mejorar sus ingresos, proteger a la infancia y juventud en su alimentación y aprendizaje, educar a las adolescentes y jóvenes en todo lo que tiene que ver con su educación sexual y reproductiva, en una situación en que el embarazo adolescente se convierte en un problema nacional. Mujeres jóvenes, en el momento que debieran dedicarle a su educación, en trance de traer nuevos seres a un mundo sin tener ninguna capacidad para brindarle la protección requerida desde el nacimiento.
Muy expresivas al respecto las declaraciones de Vladimir Padrino: «Debemos sembrar a Chávez, como lo hemos venido haciendo en estos últimos 10 años, sembrarlo en cada cuartel, en cada aula de clases, en cada patio, en cada depósito, en cada tanque, en cada buque, en cada avión». Sembrarlo debe significar suprimir la libertad de los ciudadanos para consagrar sus valores y aspiraciones. Es decir, imponer el pensamiento de Chávez sin importar las aspiraciones de los ciudadanos.
Quizás dentro de algún tiempo podamos reflexionar sobre esta grosera intervención del régimen de forma más calmada, pero hoy es completamente irritante que la cámara fraudulenta que constituye la Asamblea Nacional dedique su tiempo a la construcción del armamento jurídico para arremeter contra iniciativas de los ciudadanos, en el uso de su conciencia y de su libertad, esforzándose en apoyar al prójimo, al desvalido a todos aquellos que sufren y padecen las carencias y el maltrato de una sociedad dirigida por seres sin compasión.
Esta ley es un peldaño más de la intolerancia, después de la arremetida brutal contra los medios de comunicación; recuérdese que se han expropiado más de 60 periódicos, 200 emisoras de radio y 7 cadenas de radiocomunicación. No quedan en el país espacios donde los ciudadanos puedan ejercer capacidades ganadas con sus esfuerzos. Los maestros están sublevados, igual que el personal sanitario. Lo único como cuerpo organizado de la sociedad que le queda al régimen en pie son los cuerpos policiales, que ejercen una represión sin control y las fuerzas armadas cuya preocupación más importante es llenarse los bolsillos, invadir empresas y emprendimiento, ejercer funciones de dirección en áreas que desconocen completamente. Es vox populi que el peor director de Pdvsa fue el mentado general Quevedo que nunca en su vida había tenido o ejercido una función de mediana importancia y que por el poder abusivo de la revolución, se sienta como presidente de la primera empresa petrolera del país y contribuye con toda su ignorancia a destruir esta casa otrora un orgullo para los venezolanos.
El país está azotado por necesidades de todo tipo, alimentarias, comunitarias, de servicios públicos, en especial la salud, instituciones educativas, mientras, el régimen permanece indiferente ante el caudal de problemas que azota a la población y se concentra en entrar como un bulldozer a exterminar aquellas organizaciones creadas con la libertad y el esfuerzo de los ciudadanos, instituciones que intentarán destruir, borrar del mapa. Es parte de la tecnología que les aporta Daniel Ortega desde Nicaragua, la consigna: Que no quede nada en pie, salvo las fuerzas represivas y aquellos que pongan rodilla en tierra frente a la dictadura.
Lo más probable es que el teniente Cabello, al mando de esta misión perversa, logre su cometido y al final Maduro, usando todas las mentiras y subterfugios posibles, aprobará esta nefasta ley. Esa noche dormirán tranquilos, sentirán que han logrado eliminar una piedra gigante del camino, aquella que representaba la voluntad de una ciudadanía que utilizaba sus energías y conocimientos para estar al lado de sus congéneres asistiéndoles en todas las situaciones posibles.
A las dictaduras no les queda más remedio que ser fieles a sí mismas, no toleran espacios de libertad, sufren de una gula atroz contra la fuerza de voluntad de las personas que desean hacer el bien, ejercer y usar sus conocimientos para remediar los males que la dictadura provoca insensiblemente. A esas personas las eliminan, física, mentalmente, pueden hasta quitarles la vida o tratar de seducirlos con trampas corruptas.
Como valientemente denuncia el padre Ugalde, enfilan sus garras contra las organizaciones humanitarias más necesarias que nunca para atender a cancerosos, ciegos, huérfanos, ancianos, niños sin familia… así como para la defensa de los derechos humanos, para la formación en ciudadanía política… organizaciones religiosas y educativas, culturales y artísticas.
Lo único que nos hace sobrellevar estas terribles circunstancias es valorar la muestra de valentía y claridad que muestran los venezolanos cada día, manifestando en las calles, rechazando la sustitución de maestros por gente sin ninguna preparación para responder a los requerimientos educativos de nuestra población infantil y juvenil. Pero, también vemos con mucho dolor aquellos jóvenes a los cuáles se les ha estafado, entregándoles títulos de médicos con los cuales pretenden cuidar a las personas sin la menor formación posible. Ellos también son engañados, les han otorgado un falso título que cubre la irresponsabilidad total del régimen contra la persona humana.
Las calles de Caracas hoy están ocupadas por jóvenes que realizan oficios que los apartan de su posibilidad de formarse, de aprender para poder tener un verdadero proyecto de vida, miles de jóvenes que desperdician su tiempo de desarrollo, de capacitación por un misero salario y un falso servicio comunitario. Jóvenes que deberían estar en las escuelas, colegios técnicos, universidades, aprendiendo un oficio y poder ser mejores ciudadanos. Una iniciativa del infamen programa contra la juventud calificado vulgarmente como “Chamba Juvenil”. Una vergüenza para los ciudadanos responsables.
Este nueva ley fiscalizadora es un instrumento jurídico totalmente contrario a lo que aspiramos a fundar civilidad como recursos del capital social, un elemento que potencia las habilidades y permite incorporar en los diferentes espacios de la sociedades las muestras de nuestras mejores habilidades e intenciones. El capital social es valorado como uno de los instrumentos más poderosos de cualquier sociedad para crecer, lograr mayor bienestar, es definido no como algo natural sino como resultado de una construcción, que supone importantes inversiones materiales, simbólicas, esfuerzos e iniciativas voluntarias de los ciudadanos donde coinciden sus mayores habilidades, capacidades e intenciones. No es la primera vez que el régimen intenta robarle esta fuerza a los ciudadanos, lo intentó creando los consejos comunales, pero fracasó; estas asociaciones en muchos casos se convirtieron en voceros de las aspiraciones ciudadanas, las necesidades de electricidad, agua, vías de comunicación, escuelas, seguridad, reclamando por la desnutrición y las necesidades de alimentos de nuestra infancia desvalida. Sin desconocer que algunos de ellos fueron captados con fines politiqueros que solo sirvieron para actos de corrupción en los sectores más pobres del país.
Si algo nos puede servir de consuelo es tener la total convicción de que todas las dictaduras tienen un fin predecible, que los atropellos cometidos por gente desalmada, valiéndose de un poder absoluto-armado, sin nadie que los controle, siempre quedan al descubierto. La historia es implacable contra aquellos que pretenden ir en la vía contraria al humanismo, no perdona a los déspotas, siempre quedan al desnudo, todos los que acometen actos contra a el respeto de la dignidad de la persona humana. Mientras, opongámonos a la aprobación y puesta en marcha de este bodrio legal: “Ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales”. Una trampa más para controlar de forma totalitaria el país. ¡Alerta ciudadanos!