Un nuevo periodo legislativo de la hermana república colombiana se acaba de instalar. Dos Colombias diferentes van a abordar el ejercicio normativo con el cual recuperar el país. Las dos hablan lenguajes diferentes, tienen un abordaje opuesto de la realidad nacional y cada una de ellas debe actuar de manera de que las elecciones regionales que tendrán lugar antes del fin del año se orienten en su favor. Mientras esta diatriba se ha estado configurando desde la llegada al poder de Gustavo Petro, el país se ha ido paralizando. Solo es posible decir que la cuesta a remontar es realmente empinada.
Gustavo Petro no parece haber aprendido mucho de los fracasos de su primer año de gobierno. En el arranque de la legislatura volvió por sus fueros y se aferró a los proyectos fallidos considerando que los mismos siguen siendo tan válidos como lo eran cuando fue designado presidente y haciendo caso omiso de no contar ahora con los apoyos políticos para llevarlos a buen puerto. Volver a tramitar ante el parlamento y ante el país lo que ya fracasó no parece tener mucho sentido cuando no le acompaña la fortaleza propia de quien se estrena en el poder. Aun así, el caballo de batalla de la Casa de Nariño seguirá siendo el proyecto de la Paz Total.
En la sesión de instalación, la oposición política en la voz de la senadora María Fernanda Cabal se encargó de leerle la cartilla: ”Usted habla de Paz Total cuando hay 1.300 grupos ilegales que viven del narcotráfico y la minería ilegal. Hoy, desde el 7 de agosto, cuando usted se posesionó como presidente, ha habido 88 masacres, 303 muertos y el asesinato de 154 líderes sociales. Este año, de enero a abril, se reportaron 131 víctimas de secuestro, mientras que en el mismo período de 2022 fueron 42, es decir, hay una variación de 212%. ¿Si tanto les preocupa la contaminación ambiental, por qué no dicen nada cuando los terroristas estallan oleoductos? El retroceso es total, usted, presidente, va a pasar a la historia como el artífice de lo que el viento se llevó”.
La agenda reformista de Gustavo Petro sigue allí viva sin percatarse de que en la medida que el tiempo avanza se debilita su capacidad de negociación con los partidos políticos de oposición representados en sus parlamentarios y cuando, cada vez más, el nombre del juego será la concertación.
Aun así, la presidencia insiste en que las reformas laborales, pensionales, educacional y de salud van a ser el eje de sus actuaciones, pero su capital político es escuálido. Algunas de estas reformas ya se ¨hundieron –para expresarlo en términos colombianos– en el año que pasó y tratarán de ser revividas. Otras involucran transformaciones harto polémicas. En el Senado apenas cuenta con uno de cada tres de los votos que necesita tener asegurada su aprobación. La oposición independiente cuenta con votos de sobra para llevar al fracaso cualquier proyecto que se les presente. Y en la Cámara la situación es aún peor porque allí partidos de oposición e independientes casi duplican los votos a favor del gobierno.
Otro de sus más caros proyectos, en nuevo Código Minero –aun sin texto formal conocido–que comprendería soberanía en el terreno y reindustrialización levantará ampollas en todos los sectores políticos al igual que en los empresariales propios y foráneos y también formará parte de la agenda parlamentaria en este año 2023. No es posible sino augurarle enormes turbulencias en este campo igualmente, tanto en lo parlamentario como dentro de la sociedad civil.
Así pues, Gustavo Petro continúa actuando sin ver la realidad: ni su acceso al Poder Ejecutivo es una patente de corso, ni lo faculta para esperar que todo lo que le pase por la cabeza en el terreno de las reformas van a encontrar eco en el Legislativo y en el resto del país. De hecho, así no ha sido hasta el presente.