Cinco años después de la rebelión nacional, que inició con actos de protesta el 18 de Abril de 2018, contra la reforma del seguro social que disminuía la pensión de los jubilados, el país se encuentra en una situación insostenible, con un rumbo que hace inviable la convivencia nacional y el desarrollo económico y social.
Dos diálogos fracasados, una represión generalizada que ha producido 350 muertos, 2.000 heridos, 1.000 presos políticos, 500.000 exiliados, medios de comunicación cerrados y confiscados, 3.100 ONG canceladas, incluidas universidades privadas y cámaras empresariales, obispos y sacerdotes católicos prisioneros, 317 despatriados y confiscados, un inmenso aislamiento internacional y una situación económica y social en franco deterioro.
Hay tres grandes problemas: 1. La represión generalizada que viola los derechos humanos, consignados en la Declaración Universal y en la Declaración Americana, que ha producido un grave informe de los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 2. La persecución a la Iglesia Católica, que ocasionó una fuerte crítica del Papa y la decisión del régimen de suspender relaciones diplomáticas con el Vaticano, aumentando el aislamiento internacional. 3. El deterioro de la economía nacional, que a falta de financiamiento internacional y de inversión privada, entró a un período de bajo crecimiento del PIB combinado con alta inflación, que afecta fuertemente, la capacidad de la gente para adquirir alimentos y otros artículos básicos.
El rumbo que lleva el país nos conduce hacia un mayor aislamiento internacional, mas investigaciones y condenas por las violaciones a los derechos humanos, mas protestas de las Conferencias de Obispos Católicos, de América y Europa, al igual que de las autoridades del Vaticano y una creciente fragilidad económica. Todo lo anterior, combinado con una gran dependencia económica de Estados Unidos en los principales rubros, como exportaciones, remesas, financiamiento, inversión y turismo.
Para resolver el grave conflicto, deben salir los restantes presos políticos, comenzando con el obispo Rolando Álvarez, acabar con la represión, restablecer las libertades ciudadanas y las personerías jurídicas de los tres partidos políticos cancelados: El Partido Conservador (PC), el CxL y el PRD, efectuar las reformas a la Ley Electoral recomendadas por la OEA y la UE, y restructurar el CSE con magistrados que representen a la oposición.
Los nicaragüenses debemos restablecer la libertad y la democracia en nuestro país, para poder ofrecerle a nuestro pueblo un futuro de progreso en paz.
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El autor es Presidente de Honor del Partido Conservador (PC).