En una revolución traicionada, como la nuestra, las imágenes y gestos políticos, es decir, la iconografía de las nuevas clases dominantes, refleja la esencia de lo que ha sucedido en el país; y, en muchos casos –como el presente–, es una cruel paradoja: justo a los 20 años del sabotaje petrolero, el gobierno firma contratos con Chevron, aceptando los términos y condiciones de la licencia norteamericana, por encima de la Ley y la Constitución.
Hace 20 años ya nos tocó enfrentar y derrotar el sabotaje contra nuestra industria petrolera; una acción artera y criminal, donde la gerencia petrolera, entonces al frente de Pdvsa, paralizó y saboteó la producción de petróleo y gas; así como, los grandes Complejos de Refinación, exigiendo la renuncia del presidente Chávez.
Se sumaba la autoproclamada “meritocracia” petrolera al “Paro Cívico Nacional“, convocado por las fuerzas de la oposición y la CTV, en una nueva acción para desestabilizar el país, luego de los cruentos eventos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que derrocó, por escasas 48 horas, al presidente Chávez. El “sabotaje petrolero” era el eje central del llamado “Golpe Continuado”, para poner fin a la Revolución Bolivariana, derogar la Constitución y las leyes, entre ellas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La llamada “gente del petróleo” actuaba en representación de los intereses de las transnacionales petroleras del país, en particular, aquellas que se habían beneficiado de los ilegales privilegios que obtuvieron durante la “apertura petrolera”. Desde que el gobierno de Chávez inició la discusión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (aprobada en 2001), las transnacionales, a través de Pdvsa, se opusieron abiertamente al pago de regalías e impuestos petroleros; así como, al hecho de que la misma tuviera mayoría accionaria y control de la actividad petrolera.
Durante el golpe de Estado, en medio de la euforia de los que pretendieron eliminar, por una acción de fuerza, las conquistas del pueblo venezolano, un elemento central del Decreto del dictador Carmona Estanga, fue derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esa acción, dejó claro los poderosos intereses transnacionales que estaban detrás de la asonada golpista, los cuales, luego de ser derrotados el 13 de abril por el pueblo y militares patriotas, se retiraron y volvieron, cual tsunami, para paralizar la economía nacional con el sabotaje petrolero.
La derrota del sabotaje petrolero fue una batalla popular, dirigida por el propio presidente Chávez, acompañado por mi persona, como Ministro de Petróleo, y por nuestro entrañable amigo Alí Rodríguez, entonces presidente de Pdvsa, quienes, junto al resto de compañeros del “Grupo Colina” y los más destacados oficiales, militares, ministros y gobernadores de la Revolución, nos desplegamos por todas las áreas petroleras, donde los trabajadores y los gerentes petroleros que resistieron el sabotaje fuimos recuperando y reactivando, una a una, nuestras instalaciones petroleras.
Fue un combate en el propio terreno, lleno de gestos de heroísmo y de esfuerzos extraordinarios de nuestros gerentes, trabajadores y miles de voluntarios, que hicieron todo lo que estuvo a su alcance, para derrotar esta acción infame. Hay una lista interminable de verdaderos héroes de la industria petrolera, entre trabajadores y militares, que no tenemos espacio para mencionar, pero a quienes la historia sabrá colocar en su justa precedencia. Lo que resulta trágico, es que hoy día, la inmensa mayoría de quienes participamos en la derrota del sabotaje petrolero, estamos exiliados, perseguidos, secuestrados o presos en el país.
El pueblo venezolano alcanzó, en la derrota del sabotaje petrolero, un nivel de conciencia pre-revolucionaria; entendió de qué lado estaban sus intereses y salió a pelear por ellos, en defensa del petróleo, de las leyes de la República, la Constitución y del presidente Chávez. Pero más allá de las categorías políticas, había un aspecto concreto en la movilización popular: la reivindicación de que el petróleo era del pueblo y que debía estar, por primera vez, al servicio de sus intereses colectivos; un recurso nuestro, de todos los venezolanos, del cual, ni las transnacionales, ni la “meritocracia” petrolera, podían disponer a su antojo. De ahí, surgió la consigna “El petróleo es del pueblo”, “Pdvsa es del pueblo”.
En enero de 2003, los efectos del sabotaje eran devastadores; la producción de petróleo se encontraba en tan solo 23.000 barriles día; nuestras refinerías, en particular, el Complejo Refinador Paraguaná (CRP) (Amuay-Cardón) y la Refinería El Palito, fueron saboteadas y paralizadas; y, apenas estábamos recuperando nuestra flota de buques, luego del rescate del Pilín León, el 26 de diciembre. No había dinero para pagar los salarios de nadie, ni para funcionar; el gobierno de Chávez estaba “contra las cuerdas” y la presión norteamericana y de otras potencias extranjeras, era muy fuerte, para colocar de rodillas al gobierno venezolano, y que se negociara lo innegociable: nuestras Leyes y Soberanía.
Pero ni al presidente Chávez, ni a ninguno de los que estábamos a su lado en la batalla, se nos ocurrió ceder en nuestros principios y, mucho menos, abdicar las conquistas nacionales históricas contenidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esa es la gran diferencia entre un líder y un gobierno revolucionario, como el de Chávez, y el gobierno genuflexo y entreguista de nicolás maduro.
Con nuestro propio esfuerzo, el de nuestros gerentes y trabajadores, logramos recuperar nuestros niveles de producción a 3 millones de barriles día en el mes de abril del mismo año 2003; así como, poner en operaciones seguras a nuestros grandes centros de refinación, como el CRP y la Refinería El Palito. Ya para el mes de mayo-junio de ese mismo año, la situación petrolera del país se había normalizado, y había nacido la “Pdvsa del Pueblo”. Vaya mi eterno reconocimiento a todos los hombres y mujeres: trabajadores, gerentes, civiles y militares que hicieron posible esta hazaña.
Una vez derrotado el Sabotaje Petrolero, y ya al frente del Ministerio del Petróleo y de PDVSA, iniciamos la batalla por conquistar la “Plena Soberanía Petrolera”. Migramos los convenios operativos de la Apertura Petrolera a Empresas Mixtas, figura contemplada en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en sus artículos 22 y 33, en virtud del cual, las empresas privadas pueden participar de las actividades petroleras, pero siempre, en condición minoritaria y siempre, bajo el control de Pdvsa. De esa forma, las transnacionales que querían participar del negocio petrolero, lo harían, pero subordinadas a nuestras leyes y nuestra Constitución.
Luego, ajustamos las tasas de regalía, para que todos los proyectos petroleros del país, pagaran 33,33%. Igualmente, eliminamos las exenciones que se habían otorgado a las transnacionales en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, estableciendo el impuesto del 50% para todos los proyectos petroleros del país.
Y, finalmente, el 26 de febrero de 2007, con el Decreto 5.200, se nacionalizó la Faja Petrolífera del Orinoco, recuperando para el control del Estado de todas las áreas petroleras que habían sido entregadas al control de las más grandes petroleras del mundo, en particular, Exxon Mobil y Conoco Philips, y se constituyeron empresas mixtas, con la mayoría accionaria de Pdvsa, para operar y producir petróleo, en la última gran provincia petrolera del mundo donde, posteriormente, logramos certificar, 270.000 millones de barriles de petróleo, las reservas de petróleo crudo más grandes del planeta.
Con la “Plena Soberanía Petrolera”, y la estricta aplicación de nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, es decir: El Estado venezolano controlando las actividades primarias de producción y la exportación de petróleo, a través de Pdvsa, el cobro de regalías del 33,33%, el cobro de impuesto sobre la renta del 50%, la eliminación de las políticas de descuentos sobre el precio del barril y la diversificación de nuestros mercados de acuerdo con nuestros intereses nacionales; con una producción estable de 3 millones de barriles día de petróleo durante 12 años consecutivos, el pleno abastecimiento de nuestro mercado y una exportación de 2,6 millones de barriles día de petróleo, nos permitió ingresar al país, entre 2002 y 2014 (mi periodo de gestión), más de 700.000 millones de dólares, de lo cuales, 450.000 millones de dólares fueron aportes directos al Fisco Venezolano y 189.000 millones de dólares al Fondo de Desarrollo Social.
Todo esto hecho de manera transparente, sin “secretos” de ningún tipo, donde se rendía cuentas a todos los organismos de Control del Estado y al pueblo, a través de los Informes de Gestión e Informes Financieros auditados, que se hacían públicos.
Todo este esfuerzo se puso al servicio del pueblo, colocando, por primera vez en nuestra historia, la renta petrolera en beneficio directo de los sectores más humildes y excluidos del país. Fue de acá que se sostuvieron las Misiones y Grandes Misiones Sociales (Robinson, Sucre, Ribas, Barrio Adentro, Alimentación y Gran Misión Vivienda Venezuela); fue con estos recursos que se reconstruyó toda la infraestructura de inversión social que había sido abandonada durante la IV República y se creó una nueva: hospitales, escuelas, vialidad, termoeléctricas, parques de energía eólica, espacios públicos, arte urbana, sistemas y centros culturales, universidades.
Un aspecto muy importante, es que, con los recursos de la renta petrolera, se comenzaron a crear las bases de un sistema económico distinto al rentismo petrolero. Este sería socialista, para lo cual se adquirieron las industrias básicas que habían sido privatizadas en los años ochenta y noventa, así como otras empresas que se consideraron esenciales para el desarrollo del país; se construyeron nuevas empresas estadales y se iban conformando, así, las bases de un modelo de desarrollo propio, que está plasmado en el “Plan de la Patria” –el original, presentado por el presidente Chávez–, como parte de su propuesta programática, para las elecciones de 2012. Todo esto tenía como eje el ejercicio de la “Plena Soberanía Petrolera”, lo cual, es la única garantía de la Patria Soberana.
Por ello, resulta indignante, y más que eso, triste, ver cómo, a 20 años del infausto sabotaje petrolero, las autoridades de este gobierno claudicante firman en un “Salón Simón Bolívar” vacío, en la desolada sede del Ministerio de Petróleo y Pdvsa La Campiña –otrora, epicentro vibrante de la soberanía–, unos “contratos” secretos, entre Pdvsa –o lo que queda de ella– y Chevron.
Es curioso, parece un detalle, pero refleja la ilegitimidad del acto: las autoridades de seguridad y logística de la sede de Pdvsa La Campiña indicaron a los trabajadores QUE NO ASISTIERAN al edificio, con la excusa de que ese día se harían “actividades de fumigación”. Así, se aseguraron de que el edificio estuviera solo, que la patraña, aparentemente pública, fuera realmente un acto secreto, de espaldas al pueblo y a los trabajadores petroleros.
Es importante mencionar, que no hay contrato alguno que firmar, entre Pdvsa y Chevron. Todos los contratos que rigen la relación entre las operadoras privadas y Pdvsa fueron suscritos cuando se constituyó la empresa mixta, en su oportunidad. Estos contratos, por su carácter de interés público, NO PUEDEN SER SECRETOS, tienen que ser hechos del conocimiento público, discutidos en la Asamblea Nacional y publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, tal como hicimos nosotros, con todos los contratos de las más de 31 empresas mixtas, que se constituyeron en el país, al amparo de nuestra ley.
Lo he tratado de explicar en mis escritos y entrevistas, a pesar de la fuerte censura que existe en mi contra: la licencia otorgada por las autoridades norteamericanas a la Chevron para producir y exportar petróleo venezolano, sin pagar regalías, ni impuestos, ni dividendos, es ABSOLUTAMENTE ilegal y contraria al interés nacional. Lo que resulta en un simple y vulgar robo al pueblo venezolano.
Los contratos firmados con Chevron al amparo del secretismo y la entrega de este gobierno, son nulos de toda nulidad, ilegales y deberán ser revertidos cuando tengamos un gobierno soberano que actúe en defensa de los intereses del país.
Los jefes del madurismo no se quieren tomar la foto, dejaron allí al ministro-policía y el presidente-franquicia, pero es nicolás maduro y su gobierno el único responsable de haber abierto una puerta ilegal, vulnerado nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos y nuestra Constitución, que nos hace retroceder a los tiempos de Juan Vicente Gòmez, cuando las transnacionales señoreaban en el país y se llevaban nuestro petróleo, a cambio de apoyo político al dictador.
Con esta licencia y contratos que el gobierno ha celebrado con Chevron, el madurismo certifica el DESPOJO, se lleva por el medio toda nuestra doctrina petrolera, nuestra condición de propietarios del petróleo, nuestra soberanía fiscal y la posibilidad de poner el petróleo al servicio del pueblo, al servicio del país.
Para nosotros, los que estuvimos en combate con el presidente Chávez en la derrota del sabotaje petrolero y luego en la conquista de la Plena Soberanía Petrolera, para los chavistas, callar no es una opción.
Nos podrán seguir crucificando, acusando, ofendiendo y persiguiendo, pero defender a Chávez, es defender sus posturas políticas y su obra, y más allá del chavismo, aquí de lo que se impone, por encima de cualquier consideración política, es defender los intereses de todo el pueblo venezolano, de sus instituciones y de la posibilidad de utilizar el petróleo reconstruir el país. Esto debería ser del máximo interés de todos los sectores políticos y sociales del país, de cualquier agenda hacia el futuro, el de un país soberano.
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